miércoles, 24 de agosto de 2016

RADICALIDAD POLITICA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES



Por una circunstancia casual – urgido por la petición de una amiga que me solicitaba un documento de hace muchos años – he procedido a indagar en un disco duro externo que me ha permitido conservar una gran parte de documentos y textos manejados, aunque solamente a partir del 2001 en adelante, es decir, quince años atrás, lo que se dice pronto. En esa búsqueda retrospectiva, me he encontrado con textos que no reconocía, una suerte de falsos inéditos respecto de los que tengo la tentación de reciclarlos como entradas de este blog. No sólo documentos propios, también textos ajenos, resguardados del olvido y que precisamente ahora revisten un interés renovado. Este es el caso del que se transcribe a continuación, una reflexión general del colectivo de abogados de la CTA argentina que data de julio del 2010 – hace seis años – cuando aún esta central no se había escindido y aparecía como un referente seguro del sindicalismo autónomo y alternativo en aquel país. El documento no ha envejecido, a mi juicio, mantiene intactos los elementos positivos de reflexión y de propuesta que afecta fundamentalmente a los juristas del trabajo alineados con un programa de emancipación social. Merece la pena por tanto desempolvarlo y darlo a conocer ahora.

Como puede comprobarse de su lectura, se trata de un texto que quiere dotar de funcionalidad a la teoría y la práctica del derecho social de forma directa, sin recurrir a la mediación auxiliar de la economía, dando un sentido propio a una estrategia de acción jurídica como acción emancipatoria. Es ciertamente un texto que se sitúa en una perspectiva histórica en donde, en Latinoamérica, las fuerzas progresistas habían conseguido importantes victorias electorales en muchos de los países del continente, y en consecuencia, aparecía como algo posible diseñar una estrategia de intervención desde los agentes y operadores del derecho, a partir fundamentalmente de dos vectores, el orden constitucional propio y, de manera muy señalada, la dimensión internacional, tendencialmente universalista, de los derechos sociales y laborales. El momento interpretativo se une por consiguiente al espacio de creación del derecho a partir de la propia acción colectiva y de la emanación previsible de normas garantistas, pero el acento se pone precisamente en esa “radicalidad” jurídica que en definitiva implica una defensa profunda y constante del sistema democrático como sistema de derechos orientados a la igualdad y la libertad de las clases subalternas. La descripción de las áreas sobre las que se debe intervenir y el enunciado sintético de los temas indicados evidencian también preocupaciones comunes a una buena parte de los actores del derecho social.

El texto es interesante porque da cuenta de una orientación común compartido por los juristas del trabajo que se sitúan en la defensa de los intereses de los trabajadores, tanto en América Latina como en Europa, y que por tanto evidencia la pertenencia a un área cultural – y política – común de referencia. Será interesante confrontar este escrito con las reflexiones que a estos colectivos suscitan los momentos actuales de degradación de las estructuras básicas del trabajo como elemento político democrático y de erosión del Estado social tanto en amplias zonas de Europa como en el retroceso profundo que se está dando en Latinoamérica, incluyendo actos desestabilizadores de carácter antidemocrático, como sucede en Brasil. En próximas entradas se intentará traer a colación algún documento reciente que aborde, en el momento presente, la necesidad de una “radicalidad jurídica” en la defensa de un proyecto alternativo de emancipación social.

Radicalidad jurídica para la emancipación social

Las relaciones entre cambio político y entorno jurídico son una referencia histórica que interpela a la teoría general del derecho.

Por citar sólo “grandes momentos” de esa constatación: la revolución francesa, el iluminismo y el derecho moderno; o la revolución social del siglo XX y la irrupción del derecho social, determinan rupturas en el funcionamiento interno del sistema jurídico y, fundamentalmente, en el destinatario principal de su fuente de regulación.

Fenomenales estructuras normativas, conceptualizadas como Estado de Derecho y Estado Social de Derecho, en ambos casos de carácter constitucional, fueron resultado de una modificación de las relaciones sociales y de producción y tuvieron como protagonistas a sujetos históricos que hegemonizaron un proceso de transformación, la burguesía en un caso, el movimiento obrero, en el otro. Más allá de la complejidad de estos procesos, y de la confluencia de otros actores y factores, como de la funcionalidad que se asigne a esta relación, lo cierto es que, como en otras oportunidades, y en una lectura no necesaria o implacablemente determinista, los márgenes de acción o la apertura de ciertos cauces a lo estructuralmente dado, siguen dando fuerza y fuerzan cambios para la acción política de los dominados, los desplazados, los vulnerables y otras categorías de sujetos en las que se expresa el sistema de dominación. Luego de los hitos señalados, ¿podemos observar o captar otros momentos históricos con potencia suficiente para poner en evidencia esta relación?.

Las postrimerías del siglo XX y el walk over de uno de los contendientes de la disputa ideológica que parecía mantener abierta otra salida al antagonismo, la consiguiente ocupación de todos los espacios – ideológicos, políticos, económicos – a través del neoliberalismo y la globalización, parecía que agotaban la fuerza ofensiva y abrían un tiempo de la resistencia. Sin embargo, sea por la propia incapacidad del sistema para sostenerse como régimen de acumulación de parcialidades sociales, sea por la subsistencia, aunque relegada, de los estados nacionales, sea por la acción de quienes organizan la resistencia y generan nuevas formas de actuación sobre el sistema político, especialmente en Latinoamérica, se gestaron y precipitaron cambios políticos a partir del siglo XXI que todavía están madurando, reorientando o plasmando. ¿Puede significar este proceso de cambio una oportunidad de alterar las condiciones en que se ejerce el poder social y puede el sistema jurídico recoger esas trazas de manera de posibilitarlo?.

Aquí se abren dos alternativas, no excluyentes. Una, en clave constituyente, como lo materializan países como Bolivia o Ecuador, en los que el poder constituyente real, consecuencia del proceso político, se plasma en la constitución formal que lo recoge, en una constituyente convocada como forma de consolidar la etapa y una nueva correlación de fuerzas, en tensión e inestable. La otra, que puede ejercitarse mientras el proceso político continúa dirimiendo el sentido y el ritmo con que el cambio se expresa, puede a su vez pensarse de dos maneras: 1) desde una lógica más cercana al uso alternativo del derecho, apropiándose de instrumentos, forzando interpretaciones o militando judicialmente por la exigibilidad de los derechos existentes; y otra, 2) más próxima al desarrollo de un proceso constituyente, la búsqueda de un nuevo paradigma jurídico que interpreta o tracciona las exigencias de los grupos sociales que pugnan o sostienen el cambio político. En este último supuesto, y como propuesta de discusión y debate, proponemos hacerlo en torno al concepto de la garantía de los derechos o de una teoría del garantismo. Entendemos que esta perspectiva tiene suficiente potencia como para pensar una pluralidad de vías con que dar cauce a la exigibilidad de los derechos. Partiendo de la base que la estructura de los derechos formalmente incorporados a nuestro sistema constitucional tiene aptitud para que, desarrollados, materializados, propugnen cambios reales en la estructura de poder social, este camino tiene virtualidad y merece ser explotado. Dichas vías parten desde el propio diseño constitucional de reparto de poderes entre órganos políticos y sociedad (sistema electoral, elaboración del presupuesto y el régimen impositivo, fórmulas de participación como consultas populares, referendum, etc.); pasando por técnicas jurídico-políticas de desarrollo de la garantía de los derechos por operatividad reglamentaria de índole legal, interpelando al parlamento; o técnicas tendientes a la judicialización y, de este modo, efectividad del derecho constitucional “dormido”.

En consecuencia, y en cuanto a ejes o áreas temáticas en las que desplegar aquella perspectiva en clave de garantía de los derechos proponemos:

a. del derecho constitucional o de la teoría general: la garantía de los Derechos Fundamentales, estructura, expresión como regla o como principio, la “ponderación” de los derechos en supuestos de conflicto, etc.,

b. del derecho social – laboral: las garantías de garantías, los derechos a la estabilidad en el empleo y a la Libertad Sindical;

c. del derecho social – seguridad social: el derecho a la “asignación universal” o de cómo liberar de la dominación por exclusión social; el derecho a la salud pública como sistema universal y de naturaleza pública;

d. del derecho penal: la protección ante las reacciones del sistema penal al ejercicio de los derechos (criminalización de la protesta o la acción colectiva) y la actividad penal para la represión de las conductas de violaciones graves de los Derechos Fundamentales;

e. del derecho procesal: como garantizar los derechos en el proceso, procesos abreviados, ejecutivos, medidas cautelares, métodos de compulsión ante la condena y ejecución.


Buenos Aires, julio de 2010.

domingo, 21 de agosto de 2016

TRABAJO Y DEMOCRACIA (ANOTACIONES SOBRE TRENTIN)


No parece el momento adecuado, y sin embargo lo es. Todos hablan del acuerdo de C’s con el PP que le debería garantizar la abstención del PSOE, continua y reiteradamente negada, y se preguntan si las diferentes voces nacionalistas apoyarán esta opción. La discusión luego se desliza a considerar la disyuntiva aut Rajoy aut nihil y anima el debate último la coincidencia de las posibles terceras elecciones con el día de la Natividad del señor, ya en las postrimerías del año 2016, yermo en términos resolutivos de gobierno. No sabemos mucho de lo que constituye el núcleo del previsible acuerdo entre el joven partido de la regeneración democrática de centro – derecha y el consolidado partido de gobierno  – provisional – de centro-derecha con un rastro consistente de procesos penales y una ejecutoria terrible en términos de desmantelamiento de derechos y crecimiento de la desigualdad social y económica. Conocemos eso si que nada se ha hablado sobre la necesidad de modificar la regulación de las relaciones laborales que se inició en el 2010 y que se ha ampliado e intensificado tras la reforma laboral del 2012 y su desarrollo en el 2013 y 2014. Nada sabemos tampoco de la posición que este bloque político sostiene respecto de la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal en lo que se refiere a la represión gubernativa y penal de derechos colectivos básicos de ciudadanía.

Son estos elementos decisivos para cualquier pacto político que se precie, y es importante que la ciudadanía sepa qué es lo que los partidos que aspiran a crear una mayoría de gobierno conciben sobre el particular. La democracia exige que este tipo de cuestiones sean debatidas en el marco de un proceso de negociación entre partidos para obtener un apoyo parlamentario suficiente para formar gobierno. Parece como si el trabajo y los derechos que de él provienen no tuviera importancia constitutiva en la determinación de un proyecto de gobierno en un país como el nuestro, devastado por la aplicación de las políticas de austeridad. Exigir que las fuerzas que se han configurado como los protagonistas mediáticos absolutos de este tiempo de silencio para el resto de los sujetos políticos y sociales, se pronuncien sobre este tema, resulta una obligación cívica para sindicatos y partidos políticos partidarios del cambio y de desalojar al PP del gobierno.

La reforma laboral no es un asunto que se pueda dejar en el olvido, dando por supuesto que son cambios irreversibles y definitivos que no pueden comprometerse en un pacto de gobierno. La reforma laboral, concebida como un proceso desplegado en el tiempo con una intensidad acelerada de 2010 al 2014, tiene su punto de inflexión en la Ley 3/2012, y ha impuesto una situación de excepcionalidad social que se quiere permanente, como una nueva fórmula que sustituya el paradigma constitucional sobre el que estaba fundado el pacto constituyente de 1978 que el Tribunal constitucional en sus sentencias de 2014 y 2015 ha reemplazado, de manera sectaria y complaciente, por otro en el que no se reconocen las mayorías sociales que legitimaron el modelo constitucional primigenio.

Las consecuencias económicas y sociales de la reforma laboral son sobradamente conocidas y no es el caso ahora de reiterarlas. Sabemos que el derecho al trabajo y el derecho a la negociación colectiva han sido severamente transformados por estas normas, y que la devaluación salarial, la incentivación casi indisimulada del trabajo no declarado y sobre explotado, el incremento exponencial de la precariedad y la proclamación de una tendencia a la extensión de la desigualdad económica y social, con la creación de amplias fracturas y exclusiones colectivas, son los elementos realmente perseguidos por la iniciativa legislativa y las políticas subsiguientes del gobierno, que además ha radicalizado el ciclo represivo contra la protesta social y el conflicto obrero. Pero ante todo las consecuencias más graves lo son en términos político-democráticos.

La reforma laboral se resume en un amplio proceso de pérdida y reducción de derechos individuales y colectivos. Pero se tiene que contemplar este proceso desde su opuesto. Es decir, que hay en efecto un recorrido normativo – con ciertos espacios de indeterminación logrados a partir del momento interpretativo judicial, como ha sucedido en el caso de los despidos colectivos o con la ultra actividad de los convenios – que establece una disciplina de pérdida y de reducción de derechos, pero a su vez eso implica la ampliación de los caracteres de violencia y de dominio que caracterizan el contrato de trabajo. Desde este punto de vista, el trabajo que regula la norma laboral se aleja decididamente de lo que debería ser el paradigma de la acción sindical, un trabajo que garantiza la calidad de la producción y que autogobierna su flexibilidad. Por el contrario, la reforma laboral favorece la consolidación de un poder discrecional de la dirección de la empresa casi absoluto en la determinación del trabajo en concreto, lo que implica a su vez discrecionalidad  – esta es  una problemática en la que insistía siempre Bruno Trentin – en la cantidad y calidad de la información de la que disponen los trabajadores que diseñan y ejecutan el mismo. La construcción de una relación directa de autoridad sobre el trabajador individual que está inscrita en el ADN del contrato de trabajo, se radicaliza como poder de coerción sobre cada trabajador individualmente considerado, en un contexto en el que el sindicato y las representaciones unitarias en la empresa se convierten en intermediarios de las decisiones inmodificables de la dirección.

El problema de fondo es, por tanto, el de la “libertad diferente” del trabajador subordinado, la relación de violencia / dominio que constituye la peculiaridad del contrato de trabajo, que ha intentado ser “compensada”, en gran medida con un cierto éxito, a partir de la acción sindical, la legislación laboral y la propia interpretación jurisprudencial, especialmente mediante la creación y el desarrollo de los derechos colectivos y sindicales y su garantía legal y judicial. Pero esta compensación no anula la contradicción clásica, material, que nutre el problema del trabajo y el capital en una sociedad liberal y democrática. La que ya señaló en los años veinte del pasado siglo Karl Korsch, y sobre la que el sindicalismo italiano y en concreto Bruno Trentin, han desarrollado una reflexión muy oportuna. Se trata de la “contradicción explosiva” del trabajador ciudadano en la polis, en el espacio público que le habilitaría para el gobierno de la ciudad, pero que se encuentra privado del derecho de perseguir, también en el trabajo, su independencia y su participación en las decisiones que se toman en el lugar del trabajo respecto de su propio trabajo.

Es una contradicción distinta a la que se utiliza oponiendo derechos formales y derechos realmente o materialmente realizables, es decir, los que pueden efectivamente llevarse a la práctica en función del sistema de propiedad y de la ordenación de los medios de producción. Se trata por el contrario de una contradicción entre derechos formales reconocidos al ciudadano en el gobierno de la ciudad y derechos formales negados al trabajador asalariado en el gobierno del propio trabajo, lo que reproduce la desigualdad, en términos de derechos entre la esfera pública y la esfera privada que se concentra en la empresa como espacio de poder.

Trentin, en La Ciudad del Trabajo, insiste en que los derechos colectivos y la intervención normativa y jurisprudencial – el par “público / individual y privado/ colectivo”, que explicaba Romagnoli – no han modificado sustancialmente el poder discrecional del empleador en la determinación del “objeto” del contrato y de las reglas que prescriben la adecuación de la relación de ajenidad y dependencia a la prestación concreta de trabajo, de forma que el área en la que se desarrolla directamente la prestación de trabajo en la que, mediante la organización del trabajo, se determina el objeto concreto del trabajo – lo que llamaríamos el “programa” contractual – queda excluida de la negociación colectiva y de la formalización de derechos inherentes a la persona del trabajador. Pero si esto es así, y el desarrollo de las prácticas post-fordistas no han hecho sino acrecentar la tendencia a la radicalización del poder de coerción y la unilateralidad en las relaciones laborales, aceptando sólo la vertiente colectiva en cuanto  intermediaria de unas decisiones inmodificables frente a las cuales solo cabe una lógica adhesiva en algún caso compensatoria en términos indemnizatorios, eso quiere decir que se promueve una tendencia a un estado permanente de “suspensión” de derechos de ciudadanía en la empresa, y que por consiguiente “la cuestión de la libertad en el trabajo se convierte en la cuestión de la libertad tout court”.

El problema de la reforma laboral en España, como en general la regulación de las relaciones de trabajo en un país determinado, tiene necesariamente que tener en cuenta este aspecto directamente político, el de las relaciones de gobernantes y gobernados en los lugares de producción y la alteración de los equilibrios del poder en este espacio, modificado en el sentido de fortalecer la discrecionalidad hasta el puro arbitrio sin modular ni reducir la violencia de la explotación mediante mecanismos que actúen en la esfera de la distribución, señaladamente la Seguridad social, la protección por desempleo, los servicios sociales.

No se trata sólo del hecho constatable de que las fronteras de la democracia se detengan en los umbrales de la empresa, sino que éste es el núcleo real de la separación y del conflicto entre gobernantes y gobernados. La afirmación de la explotación del trabajo como raíz del conflicto social y de la desigualdad política no es un elemento compartido, ni implícita ni explícitamente, por las fuerzas políticas del centro-izquierda europeo, que desde hace mucho tiempo se “liberaron” de la clase obrera y de su referente social originario, vaciando cultural y políticamente su análisis del cambio y el sentido de las reformas, que fundamentalmente se situaban en la esfera distributiva, eminentemente pública. Ello ha permitido que los gobiernos de centro izquierda no hayan considerado que el eje de su programa reformista tiene necesariamente que ser  el cambio gradual de las relaciones de poder y la libertad en los lugares de trabajo, lo que supone “conciliar el gobierno de la empresa – como el gobierno de la sociedad – con las formas posibles de recomposición y reunificación de la prestación laboral en sus fases de conocimiento y ejecución, formulando esquemas de participación real de los gobernados en la formación de las decisiones por parte de los gobernantes”.

La tesis de Trentin – como exponente de un pensamiento fuerte europeo, de matriz preferentemente sindical – es la del olvido o la postergación en el programa reformista de la izquierda de la emancipación del trabajo concreto, que en todo caso es una cuestión que se sitúa después de acceder al poder político y como fase final de la reforma del Estado. “La reunificación gradual del trabajo y del saber, la superación de las barreras que aún dividen el trabajo de la obra o de la actividad, la liberación de la potencialidad creativa del trabajo subordinado, la cooperación conflictiva de los trabajadores en el gobierno de la empresa, partiendo de la conquista de nuevos espacios de autogobierno del propio trabajo, debe dejar de ser un tema periférico de la política o un terreno en el que a lo sumo se experimente la ampliación de algunos “derechos sociales” frente al Estado. Vuelve a ser una cuestión crucial de la democracia política porque repropone una nueva forma de pensar el modo de funcionamiento de los Estados modernos sobre una verdadera y real reforma institucional de la sociedad civil y una nueva definición de los derechos de ciudadanía”.

Todo este discurso crítico debe acompañar la narrativa sobre la reforma laboral, para que a través de la misma se pueda discernir la importancia de un movimiento de reforma gradual de los presupuestos de poder que separan a gobernantes y gobernados en el espacio de la producción y en los lugares de trabajo. Este enfoque permite resaltar dos elementos importantes de cambio. De un lado, el planteamiento de la democracia económica, que no sólo supone desarrollar elementos de participación y ganar espacios para la negociación colectiva, sino incidir en la organización y en las condiciones de trabajo como eje de actuación sindical a medio y largo plazo, sobre la base de un principio de enunciado sencillo, el derecho a ser informado, consultado  habilitado para expresarse en las formulaciones que se refieran a su trabajo, rompiendo la separación entre conocimiento y ejecución, impulsando los saberes del trabajo y su actividad creativa. De otro, el desarrollo de derechos colectivos e individuales que permitan avanzar en el territorio de la empresa disminuyendo su opacidad antidemocrática, mediante la generación de nuevos derechos y la vigorización de los antiguos. En esa estela actualmente se encuentra la Carta de Derechos que está impulsando la CGIL italiana, y, de alguna manera también en esa línea la Carta de Derechos que promueve CCOO como elemento característico de la fase posterior a la reforma laboral de la austeridad, puede ser una propuesta interesante.

Romper el silencio que pesa sobre este asunto es crucial. Enlazar la laceración económica y social que la reforma laboral ha producido con la crítica político-democrática debe ser, a partir del final de las vacaciones, un objetivo de los partidos políticos que buscan el cambio, así como de los sindicatos y los movimientos sociales. Hablemos del trabajo y de la democracia porque de esta manera estaremos poniendo sobre el tapete las cuestiones verdaderamente relevantes de esta sociedad.

Sobre la obra de Bruno Trentin el blog hermano Metiendo Bulla está, en estos días estivales, publicando por capítulos el libro “La ciudad del Trabajo”, traducido por él mismo. La obra la pueden encontrar en la coedición que hicieron la Fundación 1 de Mayo y la Editorial Bomarzo. (http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4156&cod_primaria=1207&cod_secundaria=1207#.V7mYzCiLShc) . Es asimismo muy recomendable la recopilación de textos, en italiano, coordinada por Michele Magno que lleva por título Bruno Trentin. Lavoro e Libertá. Scritti scelti e un dialogo inédito con Vittorio Foa e Andrea Ranieri, Ediesse, Roma, 2008.


sábado, 20 de agosto de 2016

LA OBLIGACION DE LOS ESTADOS DE PRESENTAR MEMORIAS ANUALES A LA OIT



La Organización Internacional del Trabajo basa en una buena parte su actividad en la coordinación y el control del cumplimiento de las normas internacionales que han sido ratificadas por los diferentes países que forman parte de la misma, junto con la valoración específica del cumplimiento de los convenios fundamentales que forman parte de la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de 1998: libertad sindical y negociación colectiva, prohibición del trabajo forzoso e infantil, principios de igualdad de oportunidades y de no discriminación.

Estas normas fundamentales se aplican en cualquier país – tienen vigencia universal – aunque el Estado del que se trate no haya ratificado los convenios de referencia, por el mero hecho de pertenecer a la OIT. Pero para ello, es preciso que los Estados miembros presenten anualmente una memoria en la que se explicite el cumplimiento en el país de que se trate de los Convenios que éste estado haya ratificado, con especial atención a los que lo hayan sido más recientemente. Sin embargo, esta obligación de los Estados miembros es incumplida en un amplio porcentaje (más del 60%). La Confederación Sindical Internacional (ITUC-CSI) ha publicado una nota – que ACTRAV - OIT ha hecho circular – en la que se recomienda a todas las organizaciones afiliadas a la internacional sindical que presionen a sus respectivos gobiernos para que cumplan este requisito.

A continuación se transcribe la nota de la CSI, que refleja en última instancia la dificultad de los diferentes sindicalismos de base nacional para integrar en su acción cotidiana la vertiente internacional como forma directa de tutela de los derechos de sus representados, al no poder contar con un documento base en el que los respectivos gobiernos contemplen en su conjunto la vigencia y efectividad de los derechos laborales a los que se han comprometido internacionalmente.


El 1 de septiembre es la fecha límite anual para que los Gobiernos presenten a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR) sus informes sobre la implementación de los Convenios de al OIT que su país haya ratificado.
Si el país ha ratificado el Convenio No. 144 sobre la consulta tripartita, el Gobierno deberían trabajar en coordinación con las organizaciones de trabajadores y empleadores, y sus comentarios finales deberían reflejar un enfoque tripartito. Sin embargo, este no siempre es el caso, y los Gobiernos tampoco mandan siempre una copia de sus presentaciones a la OIT a las organizaciones de ustedes. Por lo tanto, la misma fecha límite también es aplicable para las Organizaciones de los Trabajadores (y Empleadores) que han de entregar sus propios comentarios, ya sea directamente o a través de sus organismos regionales o internacionales (en este caso, la CSI).
En base a las aportaciones disponibles, la Comisión de Expertos se reúne en noviembre para elaborar su Informe Anual, que se publica en marzo del año siguiente. Este informe sirve de base para la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas (CAN) durante la Conferencia Internacional del Trabajo en junio.

Recordamos a todas las centrales sindicales nacionales la importancia de enviar comentarios lo antes posible, para así dar tiempo suficiente a los Gobiernos para responder. La mayor parte de las memorias sometidas por las organizaciones de trabajadores y empleadores a la Comisión de Expertos provienen de organizaciones sindicales. En general, incluyen un número considerable de contribuciones de la CSI, incluyendo datos por país del Informe Anual de la CSI sobre las violaciones de los derechos sindicales. Confiamos en que harán todo lo que esté en su mano para incrementar el nivel de participación de las centrales nacionales. Esto resulta cada vez más importante, dado que el número de comentarios de los empleadores a la Comisión de Expertos ha aumentado considerablemente.

Recuerden que las observaciones de su organización a la CEACR deberían hacerse:
·        En tanto que comentarios a la propia memoria de su Gobierno a la CEACR; o
·        En caso de no haber tenido acceso a la memoria de su Gobierno, como comentarios propios de su organización respecto a la aplicación en su país de los Convenios de la OIT ratificados por su país (ver párrafo siguiente).

·        ¿Qué comentarios se esperan conforme a las reglas de la OIT?

Los Gobiernos no tienen que redactar memorias cada año. La OIT ha definido un ciclo para los distintos Convenios.
Para saber sobre qué Convenio(s) su Gobierno deberá presentar este año una memoria, las organizaciones afiliadas con acceso a Internet pueden utilizar NORMLEX. Para ello consulte este enlace:  http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11002:0::NO::: y a continuación seleccione el nombre de su país. Este año, su Gobierno deberá presentar memorias en relación con los convenios enumerados bajo el epígrafe correspondiente a 2016.
Otra alternativa es contactar con el Especialista de la Oficina de Actividades de los Trabajadores (ACTRAV) en la región correspondiente a su país, o bien con ACTRAV en Ginebra (ricco@ilo.org). Aquellos que dispongan de acceso a Internet pueden consultar en el siguiente enlace la lista completa de los miembros del personal de ACTRAV: http://www.ilo.org/actrav/about/WCMS_DOC_ATR_ABO_STA_ES/lang--es/index.htm
Las organizaciones que no tengan acceso a Internet o que, por cualquier otro motivo, no pudieran establecer contacto con el especialista de ACTRAV responsable para su región, pueden ponerse en contacto con el Departamento de Derechos Humanos y Sindicales de la CSI (+322 224 0304).

Sírvanse examinar atentamente el Apéndice 1 donde encontrarán detalles de los países que no han entregado a la OIT memorias sobre los Convenios ratificados. Para las organizaciones en los países implicados, es importante presionar a los Gobiernos para que cumplan con sus obligaciones al respecto. De todos modos, pueden enviar sus comentarios a la OIT.

Deberán enviar sus observaciones a más tardar el 1 de septiembre de 2016 al Departamento de Normas de la OIT, a la siguiente dirección:
Departamento de Normas Internacionales del Trabajo
Oficina Internacional del Trabajo
CH – 1211 Genève 22
Suiza
Fax: + 41 22 799 67 71
e-mail: normes@ilo.org (a la atención de CEACR)

Sírvanse enviar una copia a la CSI (y a su organización regional o los especialistas regionales de ACTRAV, según corresponda), por e-mail a turights@ituc-csi.org o por fax: +322 224 02 97.
También pueden enviar sus comentarios a la CSI. Nuestro Departamento de Derechos Humanos y Sindicales se encargaría a continuación de hacer llegar sus observaciones a la OIT. En este caso, y a fin de garantizar el respeto del plazo establecido, les agradeceríamos nos enviaran sus observaciones antes del 15 de agosto.
El título de sus comunicaciones debería incluir la mención “Comentarios a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones en relación con la aplicación del Convenio No. [X] en [país X]”. Deben además incluir la fecha y estar debidamente firmadas. Únicamente pueden enviarse por e-mail copias escaneadas.

Se exhorta además a las organizaciones de trabajadores/as a enviar sus contribuciones a la OIT en relación con el Examen anual de la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Estos comentarios han de remitirse antes del 31 de julio  a la siguiente dirección: declaration@ilo.org. El examen anual aporta una revisión general de los acontecimientos y las tendencias en relación con los principios y derechos fundamentales en aquellos países que todavía no hayan ratificado los Convenios fundamentales relevantes. Sus comentarios deberían por tanto incluir ejemplos de casos en la ley y/o la práctica no guarde conformidad con algún convenio fundamental que su país aún no haya ratificado.

Les recordamos que las organizaciones de trabajadores/as deberían enviar sus contribuciones a la CEACR en relación con el Estudio General. El próximo Estudio General cubrirá el Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988, (núm. 167), la Recomendación sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 175), el Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995, (núm. 176), y la Recomendación sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 183), y el Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184), y la Recomendación sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 192), el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) y la Recomendación sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 197). Las respuestas de los Gobiernos al cuestionario deberían haber llegado para el 29 de febrero de 2016; no obstante las organizaciones sindicales podrán responder hasta el 30 de junio de 2016. La CSI ha preparado una nota orientativa sobre cómo responder al cuestionario, disponible en: http://www.ituc-csi.org/ilo-report-form-for-the-general

Sírvanse remitir sus respuestas directamente a la OIT, con copia a la CSI a las direcciones que figuran en la Sección 1.5.
Cumplimiento de la obligación de envío de memorias
20. Este año se solicitaron a los gobiernos un total de 2 336 memorias (2 139 memorias en virtud del artículo 22 de  la Constitución y 197 memorias en virtud del artículo 35 de la Constitución) sobre la aplicación de los convenios  ratificados por los Estados Miembros en comparación con 2 383 el año pasado.
21. La Comisión toma nota con  preocupación de que la proporción d e memorias recibidas antes del 1 de  septiembre de 2015 sigue siendo reducida (el  38,7 por ciento en comparación con el 38,9 por ciento en su anterior  reunión). Recuerda que el hecho de que un número significativo de memorias se reciban con posterioridad  al 1 de  septiembre perturba el buen funcionamiento del procedimiento de control regular.  Por consiguiente, la Comisión reitera  a los Estados Miembros su solicitud de que realicen esfuerzos particulares para que el próximo año sus memorias se  presenten respetando el plazo establecido y contengan toda la información solicitada a fin de que la Comisión pueda  realizar un examen completo.  
(…)
Respuestas a los comentarios de los órganos de control

28. Se solicita a los gobiernos que en sus memorias respondan a las observaciones y solicitudes directas de la Comisión; la mayoría de los gobiernos comunicó las respuestas solicitadas. En algunos casos, las memorias recibidas no contienen respuestas a las solicitudes de la Comisión o no se adjunta a ellas la legislación correspondiente ni otros documentos necesarios para su examen completo. En esos casos, a solicitud de la Comisión, la Oficina escribe a los gobiernos interesados pidiéndoles que transmitan la información o la documentación solicitadas, si no se dispone de esa documentación.

29. Este año, no se ha recibido información referente a todas o la mayor parte de
las observaciones y solicitudes directas formuladas por la Comisión de Expertos respecto de las cuales se había pedido una respuesta para el período considerado, de los países siguientes: Afganistán, Angola, Bahamas, Belice, Burundi, República Centroafricana, Comoras, Congo, Croacia, República Democrática del Congo, Djibouti, Dominica, Eritrea, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Irlanda, Islas Salomón, Kazajstán, Kiribati, Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Líbano, Malta, Montenegro, Nepal, Papua Nueva Guinea, Reino Unido (Anguilla, Guernsey, Jersey y Montserrat), San Marino, Santa Lucía, Sierra Leona, Suriname, Timor-Leste, Trinidad y Tabago y Yemen.

30. La Comisión toma nota con preocupación de que el número de comentarios sin respuesta sigue siendo muy elevado. La Comisión subraya que el valor que los mandantes de la OIT acuerdan al diálogo con los órganos de control sobre la aplicación de los convenios ratificados se ve considerablemente limitado por el hecho de que los gobiernos no cumplan con sus obligaciones en la materia. La Comisión insta a los países interesados a transmitir toda la información solicitada y recuerda que, de ser necesario, pueden recurrir a la asistencia técnica de la oficina.


martes, 16 de agosto de 2016

RENDICION DE CUENTAS DEL BLOG



Agosto es un mes propicio para mirar hacia atrás y contemplar el rastro que se ha dejado. Ningún momento mejor que el que acompaña al ocio de las vacaciones para hacer un recuento sobre este blog, su trayectoria y su pequeña historia medida en términos de la lectura y la curiosidad de las personas que lo frecuentan.
Como seguramente todos los lectores de este blog conocen, Según Antonio Baylos fue un regalo de José Luis López Bulla allí por la mitad del 2007, y durante casi un año y medio el siempre activo Tito Ferino ejerció, como se decía en el íncipit del blog, de amanuense cualificado, es decir, era quien recibía el texto de las entradas y las publicaba con aparato gráfico incluido. Este es todavía, según nos dicen, la organización del trabajo que se sigue en el blog de Joaquin Aparicio Desde mi cátedra, aunque no podemos asegurarlo con certeza. A partir de finales del 2009, sin embargo, el titular de este blog reasumió por completo su ejecución y desarrollo, relevando a Tito Ferino de esta tarea, y poniendo en su lugar a un joven Simón Muntaner como responsable de buscar textos y sugerir ideas, además del material fotográfico, de esta bitácora. De aquellos orígenes perduran sin embargo algunas convergencias, o, como ahora prefieren denominarse, confluencias, especialmente en la cuenta de google que alimenta el blog, entre el titular de Metiendo Bulla y el de Según Antonio Baylos, lo que asimismo se contagia al correo Gmail, con interesantes confusiones de nombres y de fotografías entre uno y otro que genera equívocos divertidos y ruidosos entre amigos y conocidos. Una hibridación que refleja sin duda la colusión positiva de los espíritus que se produce en la ciudad libre de Parapanda en la que los blogs citados comparten reflexiones y paseos metafísicos además de buenos alimentos.

En este ya largo recorrido, el blog cobró una nueva dimensión en lo que se viene a denominar “las redes” también mediante la indicación de López Bulla, que replicaba el contenido de sus entradas en un espacio de encuentro muy frecuentado por propios y extraños, Facebook, en el que yo también me hice una cuenta con nombre supuesto pero fácilmente identificable, con la misma finalidad de extender allí lo producido aquí, además de integrarse en este lugar de encuentro y de opiniones comentando las de otros, recomendando documentos o artículos o, como normalmente sucede, asintiendo con “me gusta” a las informaciones y valoraciones de otros contertulios. De ahí pasé – esta vez en solitario, porque mi Virgilio cibernético no empleaba este medio – a la técnica de los 144 caracteres de twitter, siempre con el objetivo de prolongar la difusión de las entradas del blog, aprendiendo enseguida un método de comunicación con los interlocutores favoritos que les llena sus buzones de mensajes apremiantes sobre la conveniencia de leer lo escrito en el blog patrocinado por google.

Algunas de las entradas del blog comenzaron a interesar a los periódicos digitales, que, como Nueva Tribuna, abrió un espacio dentro del mismo para reproducir algunas de éstas, gracias a la generosidad de Isabel García, pero también en otros espacios la intercomunicación entre el digital y el blog fue propiciada. En Eldiario.es mediante la relación personal de amistad con algunos de los responsables del blog Contrapoder – Sebas Martin, Adoración Guamán, Gerardo Pisarello - , y más recientemente, con bez.es por intermedio de las peticiones de Marta Molina e Ignacio Muro. En algunos escasos supuestos, el estupendo repositorio de textos Sin Permiso reprodujo textos del blog. Y, naturalmente, más allá del ámbito español, Antonio Lettieri ha importado algunos textos del mismo para el almacén de ideas expresadas en cinco idiomas que es Insight, y la revista que dirige en Porto Alegre Raquel Paese, Democracia e mundo do Trabalho, publica asimismo cada dos meses una entrada del blog traducida al portugués. Por último, pero no menos importante, Miquel Falguera en su revista mensual de Jueces para la Democracia, en la que efectúa un trabajo ciclópeo e imprescindible en la recopilación de textos y materiales jurídicos sobre las relaciones laborales, incorpora las entradas del blog de carácter jurídico y social que son más interesantes. Otras páginas sindicales, también se hacen eco de vez en cuando de algunas intervenciones publicadas aquí.

Lo más relevante de este fenómeno es que el blog, de forma casi abrumadora, se dedica a comentar y valorar aspectos de las relaciones laborales desde una óptica fundamentalmente regulativa y propositiva, sin evitar naturalmente posicionamientos más generales sobre  reducida de bloggeros que escriben sobre el derecho social en castellano, pero que cumplen con una función de actualización y de intervención muy cercana sobre el hecho social y la propuesta alternativa o la crítica jurídica y política. En Según Antonio Baylos, además, no sólo se publican las opiniones del titular de la bitácora, sino que está abierto a otros amigos y amigas que de vez en cuando asoman a esa página. El blog también interactúa con la reciente salida a las redes de la Editorial Bomarzo, que ha abierto asimismo un blog en su página web, y cuya producción se comenta y se difunde, especialmente en lo que respecta a la Revista de Derecho Social y, recientemente, con el lanzamiento en formato electrónico, de la Revista de Derecho Social Latinoamérica, al converger personal e ideológicamente con las premisas de esta bitácora.

Lo más relevante es que esta forma de aproximarse a la realidad política y social interesa a un amplio grupo de personas, principalmente en España, como es lógico, pero también en Latinoamérica y en Europa. En un ámbito como el de lo social, un  planteamiento activo en favor de la emancipación del trabajo y la lucha por la vigencia de los derechos sociales, camina contra corriente del “sentido común” dominante y la banalización de la violencia y el dominio que está en la base de la relación de explotación laboral acentuada por la crisis del Estado social que se está desplegando en la Europa del sur tras las políticas de austeridad a partir del 2010. Por eso es a su vez interesante seguir el rastro de las páginas aquí publicadas en las estadísticas que proporciona google sobre el mismo.

Al día de hoy, este blog ha tenido, en el período que computa Google, de mayo del 2010 a agosto del 2016, 801.508 páginas vistas. Su “popularidad” ha ido aumentando con el tiempo, en especial a partir de la reforma del 2012, y el incremento de páginas visitadas es constante desde su inicio. En el último mes, han sido más de 41.000 las páginas visionadas. La mayoría de las entradas a la página se efectúan por el buscador google, pero recientemente una buena parte de las mismas provienen de Facebook. La diferencia entre las páginas vistas y el número de visitantes es conocida, y las formas de medirlo también. En el blog se ha incluido un contador de visitantes con alegóricas banderas para señalar su origen. Fue instalado en agosto del 2015, y por tanto, la cifra que ofrece es la correspondiente a un año. Marca 37.701 cuando se escribe este post. Los españoles son los visitantes más asiduos, 21.800 en un año, seguidos a gran distancia por argentinos, franceses y mexicanos; los estadounidenses ocupan la quinta posición.  Las nacionalidades de origen cambian si se examina el registro estadístico de Google en cuanto a las páginas visitadas. El uso de servidores estadounidenses ha determinado que el origen USA de las páginas visitantes sean la segunda – y numerosa  - cifra en el total de los seis años de blog, pero más inquietante es el incremento, en esa misma lista, de visitas procedentes de Rusia. Misterios del ciberespacio.


En cualquier caso, son números que permiten concluir que mantener esta actividad de comentario, propuesta y reflexión con la inmediatez que permite el medio de expresión, tiene una receptividad suficiente entre un colectivo plural y diversificado de lectores y seguidores. Lo suficiente como para entender que no es una actividad baldía y para percibir que es importante abrir espacios de crítica a una realidad social y política demasiadas veces insensible a la problemática del trabajo y de su regulación social y jurídica. En esa confianza continuamos. Sigan atentos, lectora y lector, que ustedes son nuestra mejor recompensa.

sábado, 13 de agosto de 2016

EL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD Y EL TRABAJO DE LOS JÓVENES. NADA QUE CELEBRAR.




Hay fechas señeras para todos los gustos. No sólo se conmemoran luchas imprescindibles para la construcción de la civilización democrática – el 1 de mayo, el 8 de marzo – o para recordar la necesidad de asegurar derechos sociales básicos. La práctica de dedicar un día del año a un evento importante para un Estado – el dia de la proclamación de la república, el triunfo contra el nazifascismo, la exaltación de un prócer – se acompaña de días de homenaje a figuras sociales significativas – el dia de la madre, del padre, del amigo – o de profesiones – el día del abogado- que varían según los continentes y las prácticas sociales. El 12 de agosto se ha declarado el día de la Juventud, pero es lo cierto que este estado vital se encuentra en un evidente deterioro en el contexto de crisis económica en el que nos hallamos desde hace ya demasiado tiempo en nuestro país. Este hecho ha sido puesto de manifiesto por un comunicado que Jóvenes CCOO ha realizado, aprovechando precisamente esta efeméride triste en todo el Sur de Europa afectado por las políticas de austeridad desde hace más de cinco años.

Jóvenes CCOO recuerda que hoy tienen un empleo aproximadamente la mitad de jóvenes de entre 16 y 29 años que en 2008, según el Instituto Nacional de Estadística. En esa misma franja de edad, el 28% de las personas que trabaja lo hace a tiempo parcial, frente al 17% de hace ocho años; de hecho, mientras actualmente hay 424.300 jóvenes con una jornada parcial no deseada pero aceptada ante la imposibilidad de conseguir un trabajo a jornada completa, en el segundo trimestre de 2008 quienes se hallaban en estas circunstancias eran sólo 271.200. La temporalidad juvenil se ha disparado en los últimos meses hasta situarse por encima del 64%, y el salario medio anual de los menores de 25 años no supera –según la Agencia Tributaria- los 5.757 euros (14.276 euros en el caso de quienes tienen entre 26 y 35 años). La frialdad de estos datos implica que la situación laboral de los jóvenes ha empeorado notablemente en estos siete últimos años, y que el empleo juvenil es cada vez más sinónimo de empleo precario, en donde resalta el empleo del tiempo parcial como forma – tipo de la explotación del trabajador y trabajadora joven.

Junto a ello, el sindicato constata que en este espacio acotado por la edad de dan formas de inserción en el empleo no laborales, en muchas ocasiones fraudulentas, que implican asimismo la privación de derechos sociales para este colectivo. Se mencionan así las frecuentes imposiciones del trabajo autónomo como oportunidad de empleo, en una buena parte integrante de lo que se viene a llamar ‘falso autónomo’, así como a extensas prácticas de empleo sumergido, que además carecen de control público. Y, como telón de fondo, siempre el paro. El desempleo  aún afecta al 34% de la juventud menor de 30 años- y, lo que cada vez más se asocia a este fenómeno, el riesgo de pobreza o exclusión social (38,2%, según la Encuesta de Condiciones de Vida, lo que convierte a este grupo de edad en el más vulnerable.

La creciente e inaceptable precarización social y económica que golpea en su día a día a la inmensa mayoría de las personas jóvenes, las incapacita para planificar y desarrollar proyectos de vida a medio y largo plazo. Esta circunstancia se evidencia en el descenso constante de la tasa de emancipación juvenil: en la actualidad, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, sólo dos de cada diez menores de 30 años viven fuera del hogar familiar.

Jóvenes CCOO intenta, desde la constatación de esta situación nefasta, algunas medidas de concienciación de la opinión pública así como la de proponer la extensión de la organización sindical como forma de reaccionar e incidir sobre esta problemática. Concretamente, “para llamar la atención sobre estos hechos y con el fin de combatir la resignación en torno a ellos”, se ha iniciado una campaña en redes sociales, con la finalidad de que “la juventud que padece estas situaciones de precariedad comprenda que no se halla frente a problemas de carácter individual que puedan ser afrontados de manera aislada, sino que forman parte de un modelo económico injusto y fracasado al que sólo se puede hacer frente y al que únicamente se pueden arrancar derechos desde la unión y la organización sindical”.

Junto a ello, se proponen algunas medidas legislativas específicas para este sector, que se condensan en la creación de una renta mínima garantizada que, entendida como derecho subjetivo, proteja a quienes se encuentran en edad laboral y, queriendo trabajar, carezcan de empleo y de ingresos suficientes para mantener un nivel de vida digno. Según cálculos del sindicato, 390.359 jóvenes de entre 18 y 30 años podrían beneficiarse directamente de esta prestación. Con todo, la política de solidaridad del sindicato no debería separar las nociones de renta y trabajo, porque se perdería el principal atributo de la ciudadanía, el de conseguir un trabajo libremente elegido. Este debe seguir siendo el elemento central a reivindicar.

Naturalmente la derogación de la reforma laboral y en concreto la reformulación de la contratación temporal y a tiempo parcial, la exigencia de controles públicos que eviten el incumplimiento de la normativa laboral sobre el trabajo autónomo, la vigilancia y sanción sobre el trabajo no declarado, irregular e inmigrante, son elementos de re-regulación de las relaciones laborales que tienen una influencia decisiva en el trabajo de los jóvenes. El objetivo del sindicato además no puede ser el de ofrecer a los jóvenes un trabajo cualquiera. El objetivo del máximo empleo es inseparable del de la mejora de la calidad del trabajo, la reducción de los espacios de precarización del trabajo y desarrollar un sistema de formación permanente.


Es muy correcto aprovechar el día de la juventud, como ha hecho Jóvenes CCOO para recordar este momento terrible en el que las políticas de la austeridad y las reformas laborales – de las que ya nadie habla en este momento de discusión política sobre la formación de gobierno, y que en el programa del PP se mantienen inmutables – han sometido a este grupo de ciudadanos a una práctica exclusión del trabajo de calidad, impidiendo el desarrollo de su profesionalidad, a la vez que degradaba las condiciones de un empleo posible, de bajos salarios y fundamentalmente sin derechos sociales, y empujaba a una buena parte de los mismos hacia la pobreza y la exclusión social. Un día de la juventud en el que realmente no hay nada que celebrar. No cabe la resignación ni la impotencia ante estas situaciones. Se precisa un cambio radical al respecto.

lunes, 8 de agosto de 2016

ESTAFA Y ESPECULACIÓN EN LA ESPAÑA DE COMIENZO DE SIGLO: EL CASO AFINSA


El modelo especulativo del crecimiento español que da inicio a finales del siglo pasado, con los dos gobiernos del PP bajo la presidencia de Aznar, se acompaña de importantes fenómenos de corrupción y de estafa. Las privatizaciones se extienden a los entes y servicios públicos, y la especulación inmobiliaria alcanza cotas impresionantes. El modelo de desarrollo económico se viene a denominar milagroso y la década que media entre 1997 y 2007 es calificada como una década prodigiosa que nos coloca en los puestos de excelencia para las inversiones financieras, sitúa a España en el centro de atención mediático europeo – especialmente a partir de 2004, con la llegada de Rodriguez Zapatero y su política de respeto de los derechos civiles – y en todas partes crece la percepción de vivir una época de prosperidad sin precedentes, que contrastará de manera traumática con el panorama que se delinea a partir de 2008, la quiebra de Lehman Brothers y el gran crack financiero que situará a USA y a la Unión Europea en una posición dramática.

Un mundo feliz que sin embargo es recorrido por fuerzas subterráneas que instauran la corrupción como un habitus de una larga serie de entes públicos, en especial ayuntamientos, pero también algunos gobiernos regionales, que corre parejo con el boom inmobiliario y que en algunas regiones como Valencia y Madrid, se plasma en una arquitectura de cohechos, sobornos y malversaciones que permiten no solo el aumento de fortunas privadas de responsables políticos y de empresarios “asistidos”, sino la financiación constante e irregular del Partido Popular. Junto a ello, un horizonte de dinero centuplicado, de revalorización de activos bursátiles, de facilitación y lubrificación del crédito, captaba para el sistema financiero los ahorros de una parte bien importante de la población, bien a través de inversiones inmobiliarias y compras de pisos a precios desorbitantes, bien mediante la captación de estas sumas de pequeños ahorradores en valores de mercado mediante operaciones en las que se garantizaban intereses verdaderamente suculentos. Muchas de estas operaciones desembocaron en fraudes masivos y por tanto la desaparición de los ahorros de los pequeños e incautos inversores. Es un rasgo de época que hoy se olvida, pero que debería integrarse en el recuerdo actual de aquella década gloriosa de prosperidad, que debe por tanto ser leída desde hoy como diez años de circulación de dinero, maniobras especulativas, generalización de la corrupción y extensión de significativas operaciones de fraude y estafa.

Viene esto a cuento de la reciente sentencia que ha emitido la Audiencia Nacional sobre el Caso AFINSA. Aunque ha sido comentada, como no podía ser menos, por los medios de comunicación, se trata de un fraude impresionante que resulta extraordinariamente llamativo por tratarse de un mecanismo piramidal situado fuera de los controles del mercado de valores – lo que por cierto fue explícitamente aprobado por una ley de 2003 – pero que fue secundado por miles de personas con una expectativa entusiasta causada por la alta rentabilidad de sus inversiones. Sin embargo, era un negocio verdaderamente inverosímil, que cualquiera – no sólo quienes en alguna ocasión se hubieran acercado a la filatelia – puede comprender que no podía generar el valor económico y monetario del que se irrogaba. La creación de confianza y la expectativa de ganancia – en un contexto, se insiste, de eclosión de prosperidad económica exaltada y percibida como real por la gran mayoría de la población – movilizó hacia esta gigantesca estafa a millares de personas. Todo un cuento moral.

La sentencia de la Audiencia Nacional – Sentencia 22/2016, de 27 de julio-, de la que ha sido magistrado ponente Ramón Sáez Valcárcel, ha analizado este complejo caso a lo largo de sus 173 páginasy en ella se explica claramente en qué consistía el mecanismo mediante el cual se produjo esta inmensa estafa y sus implicaciones económicas y sociales.

“Durante el periodo contemplado en esta resolución, desde el inicio de 1998 a 9.5.2006, fecha de la intervención judicial, Afinsa Bienes Tangibles SA desarrolló un negocio de captación masiva de dinero procedente de pequeños ahorradores, actividad que formalizaba en contratos tipo de compraventa o mediación de lotes de sellos, que en su gran mayoría quedaban depositados en la compañía, con compromiso de recompra a voluntad del cliente a cambio de la devolución del precio y de una rentabilidad que era siempre superior a la del mercado financiero. La publicidad de la compañía afirmaba que los sellos eran líquidos y que el beneficio provenía de su constante revalorización, algo que lograba aparentar controlando los catálogos filatélicos donde apreciaba los bienes con que traficaba. De esa manera los administradores de Afinsa lograron levantar un espacio económico cerrado con sus clientes, que denominaron mercado de valores filatélicos y que funcionaba de modo separado del mercado del coleccionismo, con precios muy superiores que fijaba la compañía. Los clientes eran atraídos por la alta rentabilidad que ofrecían al dinero, una rentabilidad que era ajena a la posible revalorización del sello, de ahí que siempre el inversor optara por revender la filatelia y percibir el capital más el interés pactado, que se abonaba periódica y anticipadamente. La falta de valor de los lotes de sellos en el mercado exterior, único donde el bien puede ganar liquidez, hacía ilusoria la idea de que soportaban económicamente la inversión del cliente. En realidad, la filatelia que Afinsa acumuló en grandes masas tenía un ínfimo valor en el mercado, muy inferior al precio de venta y recompra que figuraba en los contratos. Las estampillas no volvían al mercado, de ahí que pudieran circular sin parangón alguno de valor en el espacio Afinsa, marcadas con un sobreprecio impresionante. No obstante, el negocio producía pérdidas constantes, debido a los compromisos de recompra con los clientes. Solo las aportaciones de nuevos inversores o la renovación de los contratos permitía mantener la actividad empresarial, que tenía elevados costes de organización, suministro de sellos y distribución y requería de mucha liquidez para atender a las obligaciones de recompra y a la retribución de los intereses. Al tiempo, los administradores no fueron capaces de invertir el capital sobrante de manera que produjera beneficios. Todo ello fue incrementando de modo progresivo la situación de insolvencia congénita de la compañía, ya que el activo no podía hacer frente a las deudas.

La complejidad de la forma jurídica llegó hasta el punto de dotar a esta operativa de una apariencia de relaciones mercantiles masivas que tenían por objeto la compra y venta, la comisión, la inversión y el depósito de sellos, con casi doscientos mil clientes y un patrimonio de ciento cincuenta millones de bienes filatélicos. La magnitud que alcanzó la compañía y la especial modalidad de “inversión dirigida en bienes tangibles” permitió que, en el año 2003, una disposición adicional de la Ley de Instituciones de inversión colectiva describiera su negocio y apuntara un principio de regulación, al margen de los organismos de control del mercado financiero. La relación con los clientes se articulaba en una secuencia contractual a la que estos se adherían. Primero, se suscribía el acuerdo de compraventa de un lote filatélico (la entidad decidía su objeto en atención al valor que atribuía a los sellos, que adjudicaba a capricho como equivalencia o contraprestación del dinero de la inversión); el segundo pacto era un depósito opcional, por el que los sellos quedaban en poder de la compañía (el cliente no poseía el producto que adquiría) y, tercero, un mandato de venta o compromiso de recompra, que figuraba como opcional para el comprador y obligatorio para Afinsa (el cliente ejercía siempre la opción solicitaba la devolución de su capital después de haber percibido los intereses, nunca retenía la propiedad del lote). Los inversores creían, pues así lo afirmaba la compañía, que su dinero era equivalente al valor del lote de sellos y que las cantidades abonadas en concepto de intereses procedían de su revalorización. Afinsa lograba vincular a los clientes ofreciendo intereses superiores a los que ofrecía la banca por productos similares; además, hasta la intervención siempre había cumplido lo pactado. De tal manera que el 81% de los contratos de inversión a corto plazo se renovaban a su vencimiento, después de que los clientes cobrasen los intereses pactados en pagos periódicos anticipados, mediante pagarés que le entregaban en el primer momento. Los sellos no valían lo que se reflejaba en los contratos. En muchos casos, carecían de valor en el mercado, pues eran falsos o estaban manipulados, o tenían un ínfimo valor porque eran productos sin demanda (pruebas de imprenta, bocetos o propaganda). Desde luego, no se revalorizaban constantemente, menos en la proporción en que se retribuía al comprador”.

¿Cómo conseguir en esas condiciones que amplias masas de personas se encaminaran hacia este negocio ruinoso? La Sentencia lo explica de forma clara: “Para atraer a los clientes la compañía publicaba folletos con información sobre los sellos que no se correspondía con la realidad, ya que definían sus productos por la seguridad (no estaban sujetos a las fluctuaciones que sufren otros valores de inversión), la liquidez (eran líquidos en cualquier momento y lugar del mundo) y el beneficio (siempre valores en alza). Afinsa disponía de una estructura en red que comercializaba sus productos y conseguía clientes, con profesionales bien pagados y adiestrados, vinculados por un contrato de agencia. Los agentes comerciales estaban adscritos a 716 delegaciones de la compañía y debían acreditar una producción mínima; el incumplimiento de los objetivos conllevaba la adscripción a un nivel inferior y podía considerarse causa de extinción del contrato. Junto a los agentes, había colaboradores esporádicos, además del propio personal fijo que comercializaba productos y era retribuido con comisiones. Entre 1998 y 2005 Afinsa pagó comisiones a sus asesores comerciales por importe superior a los 245 millones de euros. También se sirvieron los responsables de Afinsa de una importante presencia institucional y mediática. Con esa finalidad, la compañía adquirió en 2002 un edificio en la calle Génova 26 de Madrid, que destinó a sede social, patrocinó programas de radio y de televisión, acometió campañas en prensa sobre los sellos y la inversión en bienes tangibles, intervino en congresos y ferias de promoción de la filatelia, editó la revista Crónica Filatélica que regalaba a los clientes y creó en 2002 la Asociación de Empresarios de coleccionismo e inversión (Aseci) que promocionaba la inversión en sellos y divulgaba la idea de la revalorización constante de la filatelia”.
El negocio era inviable – sigue explicando la Sentencia 22/2016 -  porque carecía de sentido económico. “En las operaciones normales de su tráfico, las relativas al Contrato de intermediación temporal que representaba las tres cuartas partes del volumen, Afinsa compraba filatelia de escasa calidad y bajo precio (al 8% de catálogo en la primera etapa y al 7,24% desde 2003), se adjudicaba a los clientes al 100% de catálogo y se la recompraba, al vencimiento del plazo, al precio de adjudicación mas el interés mínimo garantizado, que siempre era superior a la supuesta revalorización de la filatelia (que representaba algo mas del 107% del precio de catálogo). Si en el primer tramo de la operación se obtenía un enorme beneficio, porque se sobrevaloraba de manera impresionante el bien (el margen iba de 8 a 100), a partir del vencimiento del plazo todo contrato generaba pérdidas, no solo por la diferencia entre la rentabilidad garantizada y la supuesta revalorización de la filatelia que recuperaba (107), sino esencialmente porque el sello no valía el precio de adjudicación (100) y, muchas veces, ni siquiera se podría obtener el de adquisición en el mercado (7 u 8), ya que Afinsa necesitaba bienes y compraba a precios altos mercaderías que tenían escasa demanda”.

Es sin embargo llamativo que, pese a lo ilusorio del negocio – o quizá justamente por ello - la Disposición adicional cuarta de la Ley 35/2003 de Instituciones de inversión colectiva contempló esta actividad compleja para excluirla de su marco normativo. La disposición se titulaba “Protección de la clientela en relación con la comercialización de determinados bienes”, y describía la actividad como aquella que llevara a cabo “profesionalmente, cualquier persona física o jurídica, mediante mandatos de compra y venta de bienes (sellos, obras de arte, antigüedades y bienes susceptibles, decía, de ser objeto de dicha actividad) u otro contrato que permita instrumentar una actividad análoga, percibiendo el precio de adquisición de los mismos o una comisión y comprometiéndose a enajenarlos por cuenta del cliente, entregando a éste, en varios o en un único pago, el importe de su venta o una cantidad para el supuesto de que no halle un tercero adquirente de los bienes en la fecha pactada”. De esta forma eran inversiones que quedaban fuera del control público, lo que desde luego denota no sólo la influencia de AFINSA sino también la irresponsabilidad del poder público al no considerar este tipo de inversiones merecedoras de su vigilancia y encauzamiento.

El fondo de este asunto es también muy interesante, porque reposa en la idea de valor económico, su carácter “líquido”, su relación con la confianza y la creencia. Mientras que es evidente que “el sello no tiene un valor intrínseco, solo adquiere valor económico en el proceso de intercambio en el mercado”, es por tanto lógico pensar que “la acumulación de bienes filatélicos tiene valor en la medida que encuentre demanda, de lo contrario, carecerá de valor económico”. El problema del valor se plantea frontalmente “cuando se detecta la distancia entre el valor real y el valor ficticio de las cosas, de los bienes y de los servicios, porque siendo el dinero una forma universal de expresión del valor surge, en determinados momentos, la tensión irresoluble entre el valor y sus representaciones, no en balde en una economía evolucionada la relación entre realidad y representación ha sido problemática”. Y, en consecuencia, sigue explicando la Sentencia, “el valor como representación del ser, de la realidad, para aquellos bienes sobre cuya valoración descansa la economía, solo adquiere sentido en el proceso de comparación y equivalencia de imágenes que se produce en el intercambio; el valor se objetiva en el equilibrio mutuo entre dos cosas, cuando un objeto se cambia por otro, momento en que cada uno expresa la reciprocidad de valor para cada parte. Es así como el intercambio propone una medición objetiva de las valoraciones subjetivas”. Pues bien, “el sello como todo bien adquiere valor económico en el proceso de intercambio, porque la producción y el cambio -en este ámbito del sello el cambio se erige en el criterio fundamental- son creadores de valor. De ahí la relatividad del valor, que no es una cualidad intrínseca del bien sino un proceso, una relación entre representaciones, según enseña la teoría económica. Pero cuando los bienes se retiran de la circulación, no pueden ser más objeto de intercambio, como ocurría en el mercado interno, cerrado y ficticio de Afinsa –ficticio porque se aparentaba que los agentes, la compañía y los clientes, mediaban, compraban y vendían filatelia que en sí misma tenía un valor que se acrecentaba en el tiempo, como si de un atributo de la materialidad de la cosa se tratase. Y sin intercambio real no hay valor económico posible”.

En ese caso, “la filatelia era la excusa del negocio, un imaginario sobre el que se construía la retórica de la actividad económica de Afinsa, pero que en la realidad la calidad del sello no importaba porque su valor no era realizable: la empresa recibía capitales que devolvía con su correspondiente retribución, interés o rendimiento. La mercancía del tráfico de Afinsa no eran solo los sellos, principalmente era el dinero. Lo importante era mantener la apariencia de compraventa, mediación e inversión en el bien tangible sello, y al servicio de esa estrategia acumularon filatelia en cantidades suficientes para satisfacer la demanda de los clientes, clientes que se adherían a las falsas nociones sobre el valor de la filatelia divulgadas por la compañía”.

El mecanismo era por tanto el siguiente. “La compañía se mantenía y cumplía sus compromisos creciendo, mediante la incorporación de nuevos clientes y la fidelización de los existentes mediante la novación de los contratos, que aportaban el capital que la tesorería requería. La realidad así descrita es la de una organización piramidal, que en nuestra legislación está contemplada como práctica engañosa y, por ello, prohibida, entendiendo por tal aquella en que el consumidor o usuario realiza una contraprestación a cambio de una compensación derivada fundamentalmente de la entrada de otros consumidores o usuarios en el plan, y no de la venta o suministro de bienes o servicios (art. 24 de la Ley de competencia desleal). En el sistema piramidal, según la teoría económica, para cumplir con las obligaciones de los acreedores es preciso que otras personas aporten dinero por un producto que vale menos. Al final, todo sistema piramidal se viene abajo y fracasa”. Más de 190.000 clientes fueron afectados por esta estafa.

La sentencia entiende que los hechos constituyen un delito continuado, con notoria gravedad y perjuicio causado a una generalidad de personas, de estafa cualificada por la especial gravedad, atendido el valor de la defraudación, junto con otros delitos concurrentes, delitos fiscales, blanqueo de capitales, etc. Las penas más altas se imponen al expresidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas (12 años y 10 meses) y a los exdirectivos Albertino de Figueiredo (11 años), Carlos de Figueiredo (11 años y 11 meses). Vicente Martín Peña (11 años y 6 meses) y Emilio Ballester López (10 años y 3 meses). Estos 5, junto con José Joaquín Abajo Quintana, son condenados a indemnizar en la cantidad de 2.574 millones de euros, de forma conjunta y solidaria, a los 190.022 titulares de los 269.570 contratos reconocidos por la administración concursal en el procedimiento del juzgado de lo mercantil nº 6 de Madrid.


Detrás queda la estela del fraude, la confianza en un mercado interno de valores que generaría más y más dinero y pondría los ahorros de los pequeños inversores en cantidades muy superiores – más de dos mil quinientos millones de euros como perjuicio patrimonial - acordes con los tiempos de prosperidad – de 1998 a 2006 – en los que se perpetró la gran estafa.