viernes, 24 de noviembre de 2017

SINDICATOS Y DERECHO DEL TRABAJO ENTRE DICTADURAS Y DEMOCRACIA



Organizado en el seno del prestigioso Centro de Estudios para la Historia del Pensamiento Jurídico Moderno de la Universidad de Florencia por la profesora Irene Stolzi, se ha celebrado los días y 23 de noviembre un seminario internacional de estudios que tenía por objeto el estudio de las transiciones entre las dictaduras y las democracias en la Europa mediterránea y latina del siglo XX desde la consideración específica de los sindicatos y del Derecho del Trabajo. El encuentro tiene su origen en la red de estudios sobre el corporativismo que analiza críticamente las experiencias dictatoriales y corporativas en Europa, entre las que tiene un papel muy preponderante el corporativismo fascista italiano.

El seminario se abrió con una amplia intervención de la coordinadora del mismo, Irene Stolzi, que encuadró la problemática de las dictaduras y de las democracias sociales como dos productos históricos europeos propios del siglo XX, ligados al declive y cuestionamiento de la convivencia armónica liberal y la separación entre sociedad y Estado, cuyo estudio crítico y teórico se abre a un trayecto de investigación muy rico y productivo.

En la primera sesión se acumularon intervenciones de tipo diverso. La primera se desplegaba sobre la consideración del trabajo como una “institución social” que por tanto asume una relevancia fundamental en el plano político, cuestión que se prolonga a partir de las constituciones democráticas que emergen tras la derrota del nazifascismo tras la Segunda Guerra Mundial, y que llevó a cabo, desde una perspectiva sociológica, Rosangela Rodigiani, de la Universidad católica de Milán. A continuación se colocaron tres intervenciones que analizaban aspectos concretos de tres experiencias nacionales. Aldo Carera desbrozó los principios y la forma de organización del sindicalismo católico – sindicalismo “blanco” – en el lapso de tiempo entre la primera guerra mundial y la liberación del fascismo en Italia, Carlos Herrera por su parte efectuó un ensayo en el que reconstruía las distintas corrientes doctrinales que formaron el derecho del trabajo francés en el primer tercio del siglo XX, y finalmente, José Abrantes procedió a describir el panorama normativo que el Estado Novo portugués llevó a cabo tanto en materia individual o colectiva sobre el trabajo, resaltando la privación de derechos sindicales y colectivos como la clave de bóveda de este régimen.

Al día siguiente se examinaron otras experiencias europeas. Jean Pierre Le Crom efectuó un muy detallado análisis de la Charte du Travail francesa y su relación con las distintas corrientes ideológicas que la subyacen en relación asimismo con la esterilización que se quería del sindicalismo. Sebastián Martin examinó un período “rico en transiciones” en España, a través de tres modelos presentes en la experiencia española, un modelo liberal y autoritario bajo forma corporativa, con la dictadura de Primo de Rivera, el modelo pluralista democrático de la II República y, finalmente, el modelo totalitario con negación absoluta del conflicto y la violencia total institucionalizada que impone la rebelión militar que lleva a cabo el Estado de 18 de julio. A continuación Antonio Baylos efectuó una intervención que no se situaba en la descripción del marco institucional sino que se centraba en la nueva subjetividad obrera que surge del conflicto entre capital y trabajo a partir de la fábrica fordista en un contexto de carencia de libertades públicas que se expresa en la forma que aborda CC.OO. como movimiento socio-político que encarna una actividad decisiva en el cambio democrático. Paola Borges, por su parte, efectuó un análisis muy sugerente sobre el tránsito del autoritarismo a la democracia en Portugal sobre la base del análisis de la constitución económica subyacente y la función social del trabajo y cerró la jornada de mañana Marco Zaganella con un análisis del sindicalismo fascista un tanto descontextualizado de la complejidad social que este fenómeno conlleva, en el que no contemplaba la instrumentalización de la persona sin derechos bajo la autoridad sin control del poder privado empresarial, subsumido en la mística de su incorporación abstracta en el interés superior de la nación que supone el núcleo central del sistema fascista.

El seminario se cerró con una reflexión colectiva desde el derecho del trabajo en una mesa redonda en el que se intentaría crear un punto entre la actualidad y el pasado, marcado por la carga semántica compleja que lleva consigo la noción de crisis. Bajo la activa moderación de Maurizio Fioravanti, intervinieron en primer lugar Riccardo del Punta, que efectuó una serie de preguntas que debieron responder Umberto Romagnoli seguido de Lorenzo Gaeta, para cerrar la sesión con Raffaello di Luca Tamajo sobre en primer lugar si juzgaban conveniente una regulación legislativa de la libertad sindical y la negociación colectiva constitucionalmente reconocidos en Italia y además si el futuro del Derecho del Trabajo, constituye un punto de no retorno sobre el que se debe construir líneas de desarrollo o si por el contrario se trata de una categoría ya en decadencia. El debate se desarrolló con fuertes referencias críticas de Romagnoli tanto a la situación actual y al proceso histórico que culminó con la no actuación del art. 39 de la Constitución y el desarrollo del espacio privado colectivo guiado por el principio del mutuo reconocimiento, como a la división sindical – que carece de sentido en la actualidad – que convierte en querídísimos enemigos a los sindicatos nacionales. Gaeta reconstruyó el itinerario y la génesis de las normas sobre el derecho del trabajo y el sentido del debate sobre el reconocimiento del derecho de negociación colectiva y la intención de acordar una relevancia pública al convenio colectivo hipotizado en la norma constitucional no actuada posteriormente, perdiendo esta posible evolución sobre la base del rechazo a la etapa corporativista de manera que se cancelaba la posibilidad de desarrollar una perspectiva autonomista pública en la línea weimariana, o en una posible tercera dimensión entre público y privado. Luca Tamajo recordó el libro de Neumann a propósito del derecho del trabajo entre democracia y dictadura y también incidió sobre la regulación del art. 39 de la Constitución que fue arrumbada por un sistema sindical de hecho que se basa fundamentalmente sobre libertad y pluralismo sindical,  y que funciona como un reflejo condicionado negador de cualquier regulación del sindicato. Aunque ello conducirá en la actualidad a la emergencia de “incertezas macroscópicas” de este sistema sindical marcadamente privado, que por tanto le hace partidario de una regulación actual de este tema.

Los materiales del seminario serán publicados por los cuadernos del Centro para el Estudio del Pensamiento Jurídico Moderno, publicación anual.



martes, 21 de noviembre de 2017

ODIO Y TRAMA NAZI EN LA POLICIA MUNICIPAL MADRILEÑA: LA DENUNCIA DE CC.OO



Conocemos por la prensa digital – Eldiario.es, luego replicada en Infolibre y Público – los comentarios que en un chat que agrupa al “turno de noche” de más de 100 policías municipales de Madrid, se han vertido sobre la alcaldesa, Manuela Carmena, a la que deseaban una “muerte lenta y agónica” además de desear que hubiera sido asesinada por los pistoleros fascistas en el despacho de Atocha en enero de 1977. Los policías municipales continuaban con insultos a Podemos y a Pablo Iglesias, así como a los periodistas de la Sexta Pastor y Ferreras. En el grupo, con el protagonismo de unos cinco o seis “animadores”,  se exaltó la figura de Hitler como autor del holocausto y se expresaron terribles opiniones sobre los inmigrantes y los “moros” para los que se deseaba su exterminio. Este chat y sus comentarios han sido conocidos gracias a una denuncia del delegado de CC.OO., policía municipal, que participaba en el mismo. Tras expresar su oposición firme a estos comentarios, fue amenazado de muerte repetidamente y expulsado del chat. Actualmente tiene protección policial, él y su familia. La jueza está investigando el caso.

No es una exageración afirmar que el desarrollo de la “cuestión catalana” a partir de la convocatoria y realización del referéndum y los eventos posteriores hasta la destitución del gobierno y la supresión del autogobierno de la Comunidad Autónoma por la aplicación del art. 155 de la Constitución, ha generado un amplio espacio de inmunidad para la expresión de la ideología franquista y nazifascista sobre la base de la exaltación de la nación española y su bandera. En el chat que se ha denunciado, los insultos despreciables a la alcaldesa, el deseo de que hubiera sido asesinada como sus camaradas del despacho laboralista de Atocha, y el resto de comentarios sobre otras personalidades de la izquierda, surgen como consecuencia de la crítica a la actuación policial en el referéndum del 1 de octubre y se disparan a continuación, desencadenando una espiral de odio y xenofobia. Este es un primer tema que conviene tener presente, porque la sensación de impunidad que tienen los portadores de esta ideología nazifascista permite que se exhiba públicamente como forma contundente de detener – y tendencialmente suprimir – las posturas políticas democráticas que expresa una buena parte de la ciudadanía agrupada en torno a las opciones de izquierda o en el caso de Madrid, en la candidatura ciudadana que gobierna la ciudad.

El segundo punto a destacar es que las personas que hacen público su odio y aversión democrática y que exaltan el genocidio nazi como una forma apropiada de tratar la inmigración – “comida para peces”, “cacerías para guarros” – son empleados públicos de un cuerpo armado, que por tanto deben garantizar el cumplimiento de los derechos y libertades de la ciudadanía, justo lo contrario de lo que afirman y mantienen. Es por tanto inconcebible que estas personas puedan seguir siendo policías municipales. La seguridad y la libertad de todos aquellos que residimos en Madrid exige que se les suspenda de empleo y sueldo, se les abra expediente sancionatorio y se les expulse del cuerpo.

Otro aspecto remarcable es el silencio institucional ante esta noticia. Ni el ministerio del interior, tan celoso en el control de las comunicaciones en las redes sociales, ni la fiscalía – previsiblemente preocupada por la sustitución del Fiscal General tras su inesperado fallecimiento en Buenos Aires – han juzgado oportuno emitir un comunicado de condena. Y el Partido Popular de Madrid, que no puede soportar ninguna toma de postura ante el Ayuntamiento que no sea negativa, ha comparado las expresiones nazifascistas de odio que aparecen en el chat de la policía municipal con la protesta política que unas entonces estudiantes convocaron frente a un acto religioso dando a entender que para ese Partido uno y otro hecho son parangonables y mostrando públicamente cual es el sentido de la democracia que campea en ese partido que es el que gobierna el Estado español.

Pero más llamativo es el silencio de los cien policías del chat que no han cuestionado – ni desde luego denunciado – estas expresiones. Según las informaciones que aparecen en la prensa, la mayoría de ellos cree que se trata de un chat “alegre y divertido” de forma que lo que se dice en él hay que interpretarlo como una broma o desahogo sin trascendencia política o profesional. Y mucho más la actitud de los sindicatos de la policía municipal de Madrid, que han afirmado que no comparten las expresiones del chat, pero no se han sumado a la denuncia de CC.OO. e incluso manifiestan su contrariedad por la misma.

Este es el punto doliente de la cuestión. La conversación del chat ha sido denunciada por un delegado de CC.OO. – que, como se ha dicho, resultó inmediatamente amenazado de muerte y que recibe protección policial ante la verosimilitud de tales amenazas – y asumida por la sección sindical de este sindicato. Pero ante una buena parte de la plantilla – y la opinión del resto de sindicatos – la denuncia no debería haberse producido, porque genera una imagen pésima del cuerpo de la policía municipal madrileña de manera que estos casos deberían haberse resuelto discretamente mediante la vía disciplinaria interna sin hacerlo público. En este caso, el corporativismo funciona como un elemento potente de desautorización del impulso democrático.

Eso es lo que han puesto en marcha el delegado y la sección sindical de CC.OO., un impulso democrático al considerar con razón que era incompatible con el desempeño de la función que tienen que llevar a cabo como empleados públicos con ese tipo de expresión pública – en un ámbito colectivo de un centenar de policías – de ideologías esencialmente antidemocráticas, violentas y políticamente incompatibles con el marco constitucional español. Esta mediación sindical en favor de la democracia ha supuesto que el delegado que lo denunció ha tenido que arrostrar un riesgo personal, y como organización sindical, se enfrenta a la desautorización corporativa de una parte de los integrantes del cuerpo y la incomprensión y la falta de solidaridad de los otros sindicatos que actúan en él. Cuando tantas opiniones se vierten contra los sindicatos sobre la base de su “egoísmo” reivindicativo, la actuación de CC.OO. en la policía municipal de Madrid, reclamando el respeto a la democracia de sus componentes como condición de ejercicio de la función pública debería ser resaltado y valorado de forma unánime como una actuación ejemplar y ciudadana.


Es muy frecuente escuchar que la única manera de que los cuerpos de policía cumplan con su misión de defender la libertad y la seguridad de los ciudadanos es la de privarles de sus derechos sindicales para – se dice – evitar su “politización”. El caso del odio y de la trama nazi de la policía municipal de Madrid demuestra precisamente lo contrario. Solo un sindicato de clase, que incorpora en su ideario una visión sociopolítica de la actuación sindical y que está orgulloso de su consideración democrática, es capaz de hacer cumplir la ley y defender los derechos fundamentales de la ciudadanía que están en la base de la libertad y seguridad que debe garantizar como empleados públicos.

domingo, 19 de noviembre de 2017

19 DE NOVIEMBRE DE 1933: LAS MUJERES VOTAN POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA


Hoy hace 85 años de aquellas elecciones en las que por primera vez las mujeres mayores de 23 años pudieron ejercitar el derecho reconocido por el art. 36 de la Constitución republicana: “Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes”. Una fecha que tendría que ser celebrada por las instituciones del Estado español que, sin embargo, dirigido por el Partido Popular, la sepulta en el olvido.

Los debates en las Cortes sobre el voto femenino que enfrentaron a la postura retraída de Victoria Kent  la apasionada defensa del mismo de Clara Campoamor son muy conocidos. Eran muchos los que pensaban que la mujer – tanto de la burguesía como del campesinado – estaba bajo el dominio de la iglesia católica y que por tanto el destino de su voto habría de ser necesariamente reaccionario. En un pensamiento paternalista, a las mujeres había que “enseñarles a votar”. Por eso la propia Victoria Kent presentó una enmienda al texto constitucional solicitando la introducción de una disposición transitoria según la cual las mujeres no podrían ejercer el derecho al voto en unas elecciones generales hasta después de haberlo ejercido al menos dos veces en unas elecciones municipales, que no fue admitida por un estrecho margen de dos votos. Un argumento que enlazaba con un pensamiento patriarcal claramente expresado por el diputado de la Federación Republicana Gallega, Novoa Santos, catedrático de patología de la Universidad de Madrid, que se oponía al voto femenino sobre la base de que “El histerismo no es una enfermedad, es la propia estructura de la mujer; la mujer es eso: histerismo y por ello es voluble, versátil, es sensibilidad de espíritu y emoción. Esto es la mujer. Y yo pregunto: ¿en qué despeñadero nos hubiéramos metido si en un momento próximo hubiéramos concedido el voto a la mujer? (...) ¿Nos sumergiríamos en el nuevo régimen electoral, expuestos los hombres a ser gobernados en un nuevo régimen matriarcal, tras del cual habría de estar siempre expectante la Iglesia católica española?”.

La única manera de madurar en un pensamiento de libertad e igualdad es caminar dentro de él, diría Clara Campoamor, pero ese razonamiento igualitario y liberador habría de ser exterminado, como en general la idea misma de la democracia, por la rebelión militar del 18 de julio cuyo régimen se caracterizó por su hostilidad a la estructuración colectiva de los trabajadores y al reconocimiento de cualquier margen de libertad y emancipación de la mujer, que perdió todos sus derechos civiles y políticos y de la que solo se reconocía retóricamente su condición de madre y esposa sometida al varón.

La Constitución de 1978 vuelve a establecer un  paradigma igualitario, pero aquí también la continuidad del patriarcado unido a una indudable potencia del pensamiento reaccionario ha mantenido en la realidad una situación de violencia contra las mujeres que en estos días  se está dejando ver en la propia reacción de la justicia con ocasión de la violación múltiple de una mujer a la que se culpabiliza de ello. Por eso cualquier momento que pueda servir para recordar la importancia de la lucha de las mujeres por su liberación – que es la liberación del género humano- debería ser aprovechada.

El gobierno español, una vez más haciendo gala de su insensibilidad ante cualquier posibilidad de la memoria democrática, no ha preparado ningún acto de recuerdo y conmemoración del 19 de noviembre. Que no falte en nuestro recuerdo ese momento decisivo en la historia política  democrática de nuestro país.