jueves, 21 de septiembre de 2017

EL CONTENIDO DE LA REFORMA LABORAL DE MACRON COMO EXPRESIÓN DE UNA LINEA DE TENDENCIA


Aunque será una noticia inadvertida, hoy en Francia la CGT y otros sindicatos han convocado manifestaciones y acciones en el sector público en protesta por la reforma laboral que el nuevo gobierno presidido por E. Macron, que con su movimiento “Francia en marcha” tiene además mayoría absoluta en el parlamento, va a examinar (y a aprobar) el viernes próximo. El menaje es, como suele ser común, que la reforma laboral emprendida es imprescindible para sacar al país del alto desempleo que padece (9,5% respecto de la media europea del 7,8%) ¿Cuáles son las líneas generales de esta reforma frente a la cual se ha posicionado una parte del movimiento sindical francés? ¿Por qué el sindicalismo confederal español se ha solidarizado con esta protesta? Sobre estas cuestiones informa la presente entrada.

El programa presidencial de Macron prometía “liberar el trabajo y el espíritu de empresa”, para lo que preveía “simplificar el derecho del trabajo”, reducir el coste del trabajo, simplificar la vida de los empresarios y establecer un sistema para que aquellas empresas que contraten temporalmente regularmente y por tiempos cortos, coticen más a la Seguridad social y tengan una mayor presión impositiva. Lograr una “flexiseguridad a la francesa”, como ha señalado el Ministro del Trabajo. Pero lo más llamativo es el proyecto de un Derecho del Trabajo “XXL” cuyas líneas generales, consultadas con sindicatos y asociaciones empresariales durante todo el verano, son las siguientes (tal como vienen resumidas por el EWC Council):

En primer lugar, los delegados de personal, los comités de empresa y comités de seguridad e higiene serán abolidos. En el futuro, sus funciones serán transferidas a un solo órgano de representación, como el que hasta ahora existe en las empresas de más de 300 trabajadores. El órgano de representación sigue siendo presidido por el empresario. Los sindicatos y el empresario pueden sin embargo por convenio colectivo mantener las estructuras representativas antiguas o bien establecer otras de nuevo tipo.

Siguiendo la estela impuesta en las legislaciones europeas de los países sobre endeudados del sur a partir del Pacto del Euro en el 2011, el “Derecho del Trabajo XXL” establece la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios de sector. Estos convenios de empresa pueden establecer peores condiciones de trabajo y de empleo que las previstas en los convenios de rama, y pueden siempre concertarse en cualquier momento, aún durante la vigencia del convenio sectorial.

En el caso de desacuerdo en la negociación colectiva con los sindicatos, el empresario puede someter sus propuestas a referéndum entre los trabajadores directamente. Esta “importación” del mecanismo alemán previsto para el fracaso del mecanismo de consultas con los comités de empresa por un referéndum entre los trabajadores, insiste en la idea de que la mediación sindical puede resultar un obstáculo a la iniciativa económica que sin embargo puede solventarse mediante la relación directa entre el empresario y sus trabajadores, sin que sea determinante el hecho representativo sindical.

Los despidos colectivos se facilitan mediante el abaratamiento de las indemnizaciones, fijando un tope reducido y fijo que da inicio a una escala en función de la permanencia del trabajador o trabajadora despedido en la empresa. Se reduce asimismo la capacidad sindical en la negociación de los planes sociales, que era una de los rasgos distintivos del derecho de la crisis laboral de empresas en Francia.

Estos puntos son los que han generado la conflictividad sindical actual, que sin embargo no parece que tenga hasta el momento la capacidad de presión que se demostró frente a las reformas laborales llevadas a cabo por el gobierno Valls bajo la presidencia de Hollande, las muy importantes movilizaciones contra la Ley El Khouri. Posiblemente el clima político ha variado y las posiciones de la izquierda política – la Francia insumisa – aparecen como relativamente residuales y, de rechazo, colocan en una posición de resistencia sin éxito a las reivindicaciones de la CGT, en un sindicalismo dividido en el que la CFDT funciona como la muleta sindical del plan de reforma del gobierno Macron.

Las ideas básicas de esta reforma, la consideración de los derechos derivados del trabajo en función del coste económico de los mismos y, coherentemente con esta visión, la necesidad de que la ley favorezca el abaratamiento de los mismos para fomentar el “libre espíritu” del empresario, se acompañan de otra afirmación implícita, la de que los derechos colectivos encomendados a los sindicatos constituyen no sólo un obstáculo a la recuperación económica sino, más precisamente, son los responsables del desempleo. La puesta en cuestión de la representación colectiva, cuya figura social por excelencia es el sindicato, se acompaña de mecanismo de despersonalización que buscan en la aceptación indeterminada por la mayoría de la plantilla de una empresa de la propuesta de gestión del empleo y de las condiciones de trabajo que el empresario ha planteado.

La tendencia que presenta esta reforma es la prescindibilidad de la mediación sindical que propende a ser sustituida por una relación directa entre el empresario y la generalidad de los trabajadores a su servicio, reemplazando así la participación de los trabajadores a través de la representación colectiva y sindical por una participación directa refrendaria. En las reformas laborales españolas, esta tendencia se manifiesta de manera diferente, mediante la sustituibilidad de la presencia sindical en empresas y centros de trabajo por mecanismos de representación de elección directa entre los trabajadores, como sucede en los casos de los períodos de consulta derivados de modificación de condiciones de trabajo o de despidos colectivos. Pero la ley española mantiene la necesidad de una instancia de representación, aunque los elegidos “ad hoc” sean un remedo falso de la representación colectiva de los trabajadores y trabajadoras afectados, mientras que la ley francesa salta sobre la participación por representación y se dirige directamente a la generalidad de la plantilla a través de la convocatoria de un mecanismo de aprobación de sus propuestas – rechazadas por los sindicatos - plebiscitario. De alguna manera es la apropiación empresarial de la figura del referéndum como sustitutiva de la de la asamblea de trabajadores que sostiene la representación sindical, y que en la tradición de las organizaciones sindicales españolas tiene un gran peso. Mientras que la asamblea pretende el fortalecimiento de la acción representativa del sindicato, sosteniendo sus propuestas, el referéndum se presenta como una llamada a la generalidad de los trabajadores para que desautoricen con su voto las proposiciones que los sindicatos han llevado a cabo en la negociación.


El derecho del trabajo de esta década del siglo se va progresivamente homogeneizando sobre las bases de unas líneas directivas que deterioran los fundamentos constitucionales que han dado forma asimismo a las declaraciones de derechos que dan sentido al modelo social europeo. La remercantilización del trabajo, su consideración como coste económico que debe ser reducido como base para el despliegue de la libertad de empresa, y la progresiva puesta en cuestión de la función representativa de los sindicatos, son elementos comunes que se han ido plasmando sucesivamente en las reformas laborales que se han implantado a partir del 2010 en varios países europeos. La re-regulación de este espacio es urgente, y el movimiento sindical europeo debe adoptarlo como un elemento central en su estrategia y sus prácticas. 

lunes, 18 de septiembre de 2017

EN LA MUERTE DE JAVIER MARTÍNEZ LÁZARO



En la tarde de ayer, domingo 17 de septiembre, falleció a los 63 años de edad Javier Martínez Lázaro, Tito para todos sus (numerosos) amigos. Fue líder estudiantil, abogado laboralista de la rama del metal de CC.OO., magistrado en juzgados de vigilancia, social y penal, miembro del Consejo General del Poder Judicial y del primer patronato de la Fundación Abogados de Atocha. Era magistrado de la Audiencia Nacional, y su compañero y amigo Ramón Sáez le ha hecho una semblanza completa publicada en el blog de noticias jurídicas Confilegal en la que demuestra el dolor por la pérdida que reproducimos a continuación.

Javier Martínez Lázaro, mi compañero “Tito”, era una persona de convicciones. Durante su larga enfermedad ha sido, además, un ejemplo porque transmitía esperanza a todos los que le rodeábamos. Fue un mensajero de la esperanza en un mundo mejor.

“Tito” y yo nos conocíamos desde hacía 40 años. Durante los 9 años últimos, desde 2008, cuando terminó su mandato como vocal del Consejo General del Poder Judicial, fue mi gran compañero y “mi vecino”; nuestros despachos estaban puerta con puerta en los edificios de la Audiencia Nacional que compartimos, en el marco de la Sala de lo Penal, a la que ambos pertenecíamos.

Uno de los rasgos personales que emergen de la existencia vital de “Tito” es que era un líder. Por su capacidad de iniciativa, de movilización. Lo demostró entre 1972 y 1973, en la Universidad Autónoma, donde estudiaba derecho, luchando por la democracia.

Era una persona, además, que le gustaba la claridad en todo. Fue periodista profesional. Trabajó en el diario Informaciones. También se licenció en Derecho. Se hizo abogado laboralista, trabajando para Comisiones Obreras, codo con codo con nuestra amiga común, Manuela Carmena.

En 1995 aprobó la oposición y se convirtió en juez. Pasó por San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, Aranjuez, Barcelona, donde llevó vigilancia penienciaria. Luego pasó por un Juzgado de lo Social. Después pasó a formar parte de la Sección 17 de lo Penal de la Audiencia Nacional, que presidía Jesús Fernández Entralgo. Entre 2001 y 2008 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial.

“Tito” Martínez Lázaro fue un personaje muy importante en el movimiento asociativo judicial; en Jueces para la Democracia. Era un hombre que tendía puentes, que sabía dialogar. Se convirtió en el punto convergente entre la generación de Manuela Carmena y la de Perfecto Andrés Ibáñez y las nuevas generaciones, que venían pidiendo paso.

Siempre trató de sumar, de aunar posiciones. Porque era consciente de que el proyecto por el que todos luchabamos era un proyecto colectivo, un proyecto de cambio, de mejora, de transformación de la Justicia.

“Tito” no era una persona sectaria. Todo lo contrario. Siempre estaba abierto a la negociación. Una característica que aprendió como abogado del sindicato. 

Sus resoluciones destacaban por una prosa clara y limpia, herencia de su paso por el periodismo. Él creía firmemente que la Justicia era un servicio público.

En su paso por el Consejo se afanó por reformar las cosas. Y dejó una huella clara. Como la dejó también en la Audiencia Nacional. No se calló cuando vio injusticias. Defendió a Baltasar Garzón públicamente cuando el Tribunal Supremo lo inhabilitó. (Ver el artículo en El Pais  Garzón suspendido y en el banquillo)  En él no tenía cabida el silencio cómplice.

Siempre dejó escuchar su voz, no importa que fuera minoría.

Viví toda su enfermedad. Compartí sus últimas semanas y fui testigo de su deterioro, que me rompió el corazón. Dicen que nadie muere de verdad mientras los que le quieren le tengan en su pensamiento y en su recuerdo. “Tito” Martínez Lázaro, mi amigo “Tito”, vivirá conmigo mientras yo tenga vida.

Ramón Saéz Valcárcel.

viernes, 15 de septiembre de 2017

EXTERNALIZACIÓN Y PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS: PROBLEMÁTICA LABORAL


Desde estas páginas del blog se ha insistido mucho – antes que nos cambiaran el marco del discurso y sólo pudiéramos pronunciarnos sobre el derecho a decidir y la legalidad o la legitimidad de la desobediencia institucional de instituciones públicas-  en la importancia que tiene la externalización y privatización  de los servicios públicos en la precarización de las relaciones laborales, la privatización de los servicios de interés general y, en ese contexto, el fomento de la corrupción política y personal a través del mecanismo d las concesiones y contratas. Se trata por tanto de un tema clave en el que confluyen una legislación estatal extremadamente permisiva que fomenta la externalización e impide la reversión de los servicios privatizados, y la exigencia de las candidaturas ciudadanas que gobiernan importantes ciudades españolas de ir poniendo fin paulatinamente a estas prácticas de gobierno no compartidas. Uno de los elementos clave en esta problemática es, sin embargo, el de la repercusión que estos procesos tienen sobre las relaciones laborales, tanto en cuanto a lo que supone la externalización de servicios como respecto de las vías posibles de reversión de la misma.

Este ha sido un tema crucial en el debate de los ayuntamientos del cambio, que ha modalizado su respuesta y que ha permitido la apertura de un debate importante entre las administraciones municipales y los sindicatos al respecto. Pero tiene una amplitud mayor que la editorial Bomarzo, en su espléndida colección Básicos de Derecho Social ha abordado a través de un estudio efectuado por Francisco J. Trillo, que lleva por título Externalización de servicios públicos y su impacto en los derechos laborales. A continuación se insertan algunos extractos de la introducción de esta obra que permiten comprender el alcance y contenido de la misma.

El estudio de la externalización de servicios públicos desde el punto de vista de la afectación de los derechos laborales no ha despertado con carácter general un gran interés en la doctrina iuslaboralista, pese a la constatación de obras de calado que han modelizado las consecuencias derivadas de los que se ha dado a conocer como huida del Derecho Administrativo. La recepción por el Derecho del Trabajo de aquellas relaciones laborales dirigidas a la prestación de un servicio público provoca necesariamente la inacción de las especiales reglas que conforman el empleo público, condicionando el propio resultado de la prestación de aquél. Y ello como consecuencia fundamentalmente de la distorsión que provoca en la prestación de un servicio público la integración de los principios constitutivos de la libertad de empresa, especialmente en lo atinente a la relación entre la forma (descentralizada) de organización del proceso de producción del servicio como instrumento de maximización del beneficio empresarial.

Los debates que han acompañado a la privatización de servicios públicos, especialmente a raíz de la actual crisis económica, han girado en torno a las nefastas consecuencias que este fenómeno provoca en la vida política, como consecuencia de la corrupta relación entre poder político y empresarial. También se han producido análisis concretos sobre la puesta en marcha de las denominadas políticas de austeridad y su relación con la privatización de servicios públicos como fórmula de control y reducción del gasto público. (…)

El factor que más está afectando la calidad de las condiciones de trabajo y de la prestación del servicio público en cuestión tiene que ver con el desplazamiento del riesgo empresarial hacia los trabajadores con ocasión de asegurar, por un lado, una prestación del servicio público más económica de lo que resultaría de ser prestada directamente por la Administración Pública y; por otro lado, la garantía empresarial de mantener en cualquier caso un margen de beneficios. 

Por lo demás, se debe destacar cómo el debate sobre la reversión de servicios públicos en el ámbito sindical ha contado con luces y sombras en relación con la posible pérdida de derechos que dicho proceso de reversión podía implicar para los trabajadores, sin que quepa destacar, al menos por parte de los sindicatos más representativos a nivel estatal, una posición común sobre cómo intervenir sindicalmente frente a esta problemática. Lo cual ha permitido una cierta autonomía de actuación a territorios y federaciones que ha arrojado todo tipo de reacciones sindicales. Desde el favorecimiento de estos procesos de reversión hasta la afirmación de que la recuperación de la prestación directa del servicio público supondría inmediatamente un empeoramiento de las relaciones laborales implicadas.
Esta desigual reacción sindical contrasta fuertemente con el empeño político, plasmado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, de impedir cualquier vía de reversión de servicios públicos. En efecto, la propuesta contenida en el Proyecto de Presupuestos Generales pretende impedir de cara al futuro cualquier posibilidad de reversión de servicios públicos, sin que ello no suponga una merma de derechos para los trabajadores que hasta ese momento se habían ocupado de prestar el servicio público. Además, si como consecuencia de decisiones judiciales las Administraciones Públicas se vieran obligadas a ello, éstas contarían con menos posibilidades de incorporar nuevos empleados públicos como consecuencia de dotar de la consideración a estos trabajadores como de nuevo ingreso y computando a efectos de la tasa de reposición. Un fuerte corsé a los intentos de volver a una prestación directa de los servicios públicos previamente externalizados. (…)

Las denominadas políticas de austeridad, un rótulo sobre el que se cobijan una pléyade de normas que han tensionado a buena parte del ordenamiento jurídico, han convergido en la idea de que ha de ser el sector privado el que gestione y preste los servicios públicos a los que tiene derecho la ciudadanía. Este hecho se produce bajo la premisa no constatada de que la gestión de servicios públicos por parte del sector privado resulta más eficiente desde el punto de vista económico, pero también bajo el convencimiento de que la especialización productiva del sector privado contribuirá a una prestación de mayor calidad. En efecto, la externalización de servicios públicos ha dejado de ser una cuestión de exclusivo contenido organizativo de las Administraciones para convertirse en uno de los principales instrumentos de ordenación de la vida económica y política del país. Más aún al día de hoy donde se han visto reforzados principios y valores como la estabilidad presupuestaria y el control de gasto público, por encima de otros como la igualdad o la solidaridad . Afirmación ésta fácilmente constatable a propósito de la lectura del reformado art. 135 CE. Dicho de otra forma, la contratación pública alberga la capacidad no solo de determinar las relaciones entre público y privado en relación con la prestación de servicios públicos, sino que se ha convertido en un instrumento de apaciguamiento del conflicto económico en tiempos de crisis, imponiendo una lógica política estrictamente mercantilista que preferencia absolutamente valores presupuestarios y financieros frente a aquellos sociales.    
 
A esta función de planificación económica de la externalización de servicios públicos, se debe sumar aquella que tiene que ver con la creación de empleo en tiempos de crisis económica y, por tanto de una elevada tasa de desempleo. La consolidación de altas tasas de desempleo en el sector privado, en nuestro caso como consecuencia del derrumbe económico del sector de la construcción y todos aquellos relacionados con éste entre los que cabe destacar el sector financiero, genera una conflictividad social que se ha tratado de atajar desde un trasvase de empleo público al sector privado . Esto es, se han tratado de paliar los efectos sociales originados por el fracaso del sistema económico actual a través de ofrecer nuevos campos de negocio  al sector privado, así como potenciar el empleo en éste con un impacto relevante en el seno del empleo público. Lo cual a su vez, como se sabe, ha contribuido sensiblemente  a la puesta en marcha y desarrollo de las denominadas políticas de austeridad. De este modo, se puede afirmar que las políticas públicas en la materia han basculado entre la reducción del gasto público, como precondición necesaria para el saneamiento de las finanzas públicas, y la entrega de la gestión de servicios públicos al sector privado ante su convulsa situación económica .   (…)

 ¿Cuál es entonces la razón última por la que las Administraciones Públicas deciden externalizar servicios públicos? Mantenemos la tesis de que no se trata tanto de la creación de empleo o de la mejora de la eficacia y competitividad del servicio privatizado, como de la satisfacción de los intereses de la empresa privada ante su propia incapacidad de encontrar nuevos campos de negocio y, por tanto, de mantener una determinada tasa de ganancia. Todo ello junto a otros factores que no cabe desdeñar como la puesta en marcha de las políticas de austeridad, fundamentalmente en el ámbito de la reducción de costes de personal.      

En último lugar, se quiere destacar de forma muy sucinta una de las características más peyorativa de los procesos de privatización de servicios públicos: la corrupción, entendida como una dinámica de concesión recíproca de dones, que acaba determinando el propio interés general. En efecto, la externalización de servicios públicos ha presentado –y presenta- un número abultado de casos en los que se produce un intercambio recíproco de dones. Por un lado, el sector privado recibiría un apoyo financiero inestimable a través de contratos públicos y gestión de servicios públicos; mientras que los dirigentes políticos que adoptan determinadas decisiones, como las señaladas supra, recibirían determinados premios al final de su carrera política a través de las denominadas puertas giratorias (Consejos de Administración) o, en el peor de los casos, la financiación ilegal de partidos políticos.  

Así las cosas, la determinación del interés general en materia de servicios públicos se ha conformado en numerosas ocasiones a través de una maraña de relaciones poco o nada transparente entre poder público y poder privado, donde el primero desempeña una labor de mediación esencial entre los diferentes intereses del poder privado. Dicha corrupción por lo demás resulta ser el sustrato sobre el que arraigan determinadas formas de hacer política basadas en el nepotismo o clientelismo.  

Por todo ello, la externalización de servicios públicos no puede –ni debe- analizarse únicamente desde el punto de vista macroeconómico, como un instrumento funcionalizado a relanzar las políticas públicas que preferencian la estabilidad presupuestaria y financiera, sino que se debe descender a la aplicación microeconómica y, más concretamente, a los efectos que ello provoca en el ámbito de los derechos laborales y del propio Derecho del Trabajo.         

Externalización de servicios públicos y su impacto en los derechos laborales



Precio: 14 €
ISBN: 978-84-16608-82-2017 NÚMERO DE PÁGINAS: 94 COLECCIÓN: Básicos de Derecho Social  AUTOR/ES: Trillo Párraga, Francisco José



1. Introducción.

2. Evolución del volumen y composición de empleados públicos.

3. La eficacia y la eficiencia como causas para la gestión indirecta de servicios.

4. Formalización jurídica de la gestión indirecta de servicios públicos.

5. Efectos jurídicos laborales de la externalización de servicios públicos.

6. Algunas reflexiones finales.