(Foto: Frank Trillou)
En
vísperas de la huelga general en la enseñanza del 24 de octubre, se ha celebrado
en la Facultad de Relaciones Laborales de Albacete un acto cultural, organizado
por la Federación de Enseñanza de CCOO y el Comité de Empresa del PDI laboral de
la UCLM en el que ha intervenido como
invitado especial Benjamín Prado y,
como lector de poemas de Brecht, José
María López Ariza. En el acto han
participado además, en calidad de convocantes, el decano de la Facultad, Joaquín Aparicio, y el secretario
general de la F.E.de CC.OO de Castilla la Mancha, Alfonso Gil. Tambien el representante de los alumnos de la Facultad de Relaciones Laborales de Albacete. Ante más de ciento cincuenta personas, el acto ha unido
literatura, cultura y el impulso emancipatorio. La literatura sirve para
comprender el presente en el que nos movemos. Y saber que en estos tiempos hay mucha gente mala que camina, por emplear
el título de una novela de Benjamín
Prado. Pero que hay también muchas más personas que saben romper el cerco
de la desigualdad y del autoritarismo. El encuentro literario se enmarcaba en
una campaña de solidaridad con los estudiantes imposibilitados de seguir sus
estudios ante la subida de las tasas y la inexistencia de recursos y becas para
pagarlas. Una campaña de solidaridad como respuesta a los recortes que se están
aplicando a los recortes en la UCLM. El recorte presupuestario más salvaje de
todas las universidades españolas. Cientos de alumnos no pueden pagar las tasas
y otros desisten de matricularse. Es razonable inferir que hay un empeño del
gobierno de la JCCM en destrozar la universidad pública. En el acto se ha
exigido un cambio de políticas, y en especial de la de becas y ayudas, con la
creación de un fondo social para hacer
posible que los que han abandonado sus estudios por motivos económicos puedan
continuarlos.
Se ha puesto en marcha una
consulta ciudadana contra la reforma educativa aprobada por el gobierno en la
que más de un millón de personas han manifestado su rechazo a la misma. Mañana,
24 de octubre, se ha convocado por todas las centrales sindicales que actúan en
el sector, una huelga general educativa en todo el país. Todos los sectores de
la educación, incluidas las asociaciones de vecinos, padres de alumnos y
estudiantes, se posicionan contra la reforma. El Sindicato de Estudiantes ha
llamado a una huelga de tres días a la que se están produciendo cada vez más
adhesiones, y se esperan manifestaciones masivas el día de mañana. A nadie se
le escapa la significación política y democrática de este posicionamiento. Toda
la comunidad educativa rechaza el proyecto de ley del gobierno. Y esta
unanimidad de los sectores sociales interesados en salvar el servicio público
esencial que es la educación de un diseño autoritario y retrógrado no puede ser
ignorada por un poder público que se considere democrático.
Aunque quizá no sea este el caso.
Al menos si se atiende a las declaraciones de la subsecretaria del ministerio
según la cual los trabajadores de la enseñanza y los empleados públicos hacen
huelga porque no tienen en peligro su puesto de trabajo, lo que no sucede con
los padres de los alumnos, que deben tener muy en cuenta esa posibilidad.
Declaraciones inaceptables, en las que se relaciona directamente el ejercicio
de un derecho fundamental como la huelga con las represalias en el empleo de
quienes lo ejercitan, como un hecho “natural” que “anómalamente” – y a lo que
parece considerado de forma negativa – no se cumple en el sector de la
enseñanza. Declaraciones escandalosas que habrían requerido una excusa pública
y la reprobación de quien las ha efectuado. Por el contrario, el ministerio se
ufana de su acción repudiada por todos aquellos a los que se destina y procede
a un verdadero ajuste de cuentas – de nuevo el título de una obra de Benjamín Prado – ideológico, con el
aval de otras autoridades de gobierno y una línea general que evidencia que la
cultura y la educación quiere ser demolida como espacio de libertad de
expresión y de independencia política respecto al pensamiento impuesto como dominante
por el poder económico, reiterado y expandido por los medios de comunicación que
cooperan activamente a la manipulación y corrupción de la opinión pública.
Por su parte, la respuesta
autoritaria se expresa en la imposición de servicios “mínimos” que buscan
exclusivamente mantener una sensación de normalidad en los centros durante la
jornada de huelga. En algunas comunidades, como la de Castilla La Mancha, los
servicios impuestos por el gobierno de la Junta de Comunidades son claramente
inconstitucionales y abusivos. Su imposición ha coincidido con una sentencia en
la que se anulan los servicios mínimos impuestos en una huelga de universidad
en mayo pasado . Nada les afecta, porque lo importante es impedir el ejercicio
real y efectivo del derecho fundamental de huelga. Pero los sindicatos
convocantes deberían ser consecuentes y no acatar esta imposición claramente
inconstitucional, sustituyéndola por la propuesta que ellos habían hecho de
preservación de servicios.(Una sentencia importante en materia de huelga en la UCLM).
Sabemos que la resistencia es
dura porque no tiene un efecto inmediato en el diseño autoritario que nos
gobierna. Sabemos también que los despidos masivos de profesores interinos, la
subida de tasas y la restricción de becas, el grosero privilegio de la
enseñanza concertada y la apología de la confesionalidad católica que se impone
a los laicos y a otras religiones, la práctica desaparición de la democracia en
la gestión de los centros educativos y la virtual eliminación de la
investigación científica y de la universidad pública de calidad son puntos centrales
para una protesta que dentro de muy poco – dos años si no antes – serán normas
borradas y derogadas, como las huellas lacerantes de las invasiones bárbaras
sobre una civilización democrática. Pero el daño producido es cierto y es
potente, y debemos exigir responsabilidades por la demolición del sistema de
derechos trabajosamente ganado tras la dictadura. No sólo políticas.
Estamos ante un proceso de
destrucción sistemática de derechos sociales – y laborales - que se inserta en un clima de corrupción y de
impunidad. En un contexto de agotamiento y miedo. Pero el vaso se ha colmado. La
educación pública está en juego. Mañana habrá una potente respuesta a los
planes de quienes, sin legitimidad ninguna, pretenden hundirla. La comunidad
educativa en su totalidad se opone. El poder que nos gobierna no representa al
interés general, ha capturado el poder como un patrimonio exclusivo y pretende
imponer a toda la sociedad su visión retrógrada y autoritaria. No les
dejaremos. Paso a paso. Hasta borrar sus huellas de destrucción y de barbarie.
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