Los lectores de este blog han conocido ya la preocupación por el antisindicalismo que se está convirtiendo en un rasgo cultural del "cambio de época" en el que estamos inmersos. Además de reiterar lo que se recogía en esa entrada, sobre el antisindicalismo, se trae ahora a colación la propuesta de regulación del derecho sindical británico que ha efectuado el Gobierno conservador inglés. A este hecho se dedican las siguientes reflexiones.
El 15 de julio el
nuevo gobierno británico ha puesto en marcha un amplio plan de modificación del
derecho colectivo del trabajo que busca restringir intensamente los derechos
sindicales. El Proyecto de Ley Sindical incide en los elementos clásicos de la
legislación antisindical de la época Thatcher, exasperando sus elementos más
negativos.
Se trata por
consiguiente de introducir restricciones importantes a las huelgas “no oficiales”
o convocadas asambleariamente por los trabajadores al margen de los sindicatos,
como el que ha habido en el metro de Londres los días 8 y 9 de este mismo mes,
criminalizar los piquetes ilegales, con penas de cárcel – en la línea por tanto
de lo que ya conocemos en nuestro país a partir de la persecución de sindicalistas
que el Ministerio Fiscal ha llevado a cabo y los jueces han aceptado - y de
permitir que las agencias de trabajo temporal puedan ser contratadas por las
empresas para sustituir trabajadores en huelga, legalizando así la práctica
planificada del esquirolaje. A eso se unen dos típicas medidas neothatcherianas,
la de restringir los « fondos
políticos » nutridos de las cotizaciones sindicales para financiar al
Partido Laborista y reforzar las exigencias ya reguladas en la norma inglesa
desde la etapa Thatcher sobre la necesidad de realizar un referéndum como
requisito previo a la convocatoria de huelga.
Se trata de las
medidas más restrictivas de los derechos sindicales y colectivos que se hayan
intentado poner en práctica en Gran Bretaña en los últimos treinta años. El
ministro de Economía y de Trabajo, Sajid
Javid, es hijo de inmigrantes pakistaníes, que trabajó como asesor bancario
y era miembro del Consejo de Administración de la Deutsche Bank International,
ha defendido con pasión el proyecto, manifestándose como un ferviente admirador
de la obra de la “Dama de Hierro”, Margaret
Thatcher (a la que recientemente se le dedicó en Madrid por parte de la
Administración municipal del PP una plaza).
Este tipo de medidas tiene
que ver con las negociaciones que Gran Bretaña viene efectuando con la Unión
Europea, en donde el tema de la política social entra directamente en las
materias de intercambio. Es decir, la presencia en la Unión Europea se
condicionaría a la posibilidad por parte de Gran Bretaña de aceptar o no las
normas sociales europeas, en una re-edición de lo que el partido conservador
hizo con el Acuerdo de Política Social y su sistema de opt out, es decir de
inaplicar las normas europeas en materia social en el interior del ordenamiento
jurídico británico hasta que en 1997 el triunfo del Partido Laborista con Blair hizo que este sistema
desapareciera.
Ya actualmente se
sabe que el partido conservador se niega a la transposición de las directivas
sobre el tiempo de trabajo ni sobre el trabajo temporal. Y hay rumores sobre
proyectos de reforma de la ley británica sobre los Comités de Empresa Europeos
para reducir sus facultades de información y consulta. El tema está abierto
para el referéndum del 2017, y lo que aparece como un elemento claro en las
negociaciones que se están llevando a cabo con la dirección política de la
Unión Europea, es que el gobierno Cameron
esté dispuesto a votar sí a la permanencia en la Unión Europea a cambio de
un sistema de inmunidad en la vigencia de derechos civiles y sociales de la
Unión en el ordenamiento jurídico británico. Lo que confirmaría la visión que
el conservadurismo británico tiene respecto de la Unión Europea, un simple
espacio de mercado sin constricciones arancelarias y con una amplia facilidad
para la circulación de bienes, capitales y servicios. Para ello cuenta además
explícitamente con el apoyo de la gran asociación empresarial británica, CBI,
que quiere una Europa que “trabaje para los negocios”, en concreto para los
negocios británicos. En este enlace, se puede consultar la nota sobre la
alocución del Ministro de Economía y Empleo al CBI: “Una Europa que trabajo por
los negocios británicos” El gobierno trabaja para que ustedes hagan negocios
Por su parte, la
Unión Europea paraliza cualquier referencia a la política social para no “ofender”
a su socio insular, y se muestra con Inglaterra dialogante y abierta a la
modificación de las reglas de juego que dan sentido a la propuesta europea, que
además se centra en el tema de los derechos de los ciudadanos europeos y las
manifestaciones normativas en torno a la política social de la Unión. Es
inevitable no hacer comparaciones con el tratamiento que la propia Unión
Europea y las instituciones financieras internacionales han dado a Grecia y al
gobierno de Syriza, haciendo evidente el desprecio por la democracia y la
violencia del gobierno de las finanzas sobre la resistencia popular.
Antisindicalidad e
inmunidad ante la aplicación de derechos sociales es una operación política e
ideológica que va cobrando fuerza no sólo en Gran Bretaña, sino en amplios
estratos del pensamiento conservador europeo, como muestra de un neoliberalismo
autoritario que se extiende y refuerza progresivamente y frente al cual no
aparece una oposición ideológica fuerte más allá de la resistencia anclada en
los propios sindicatos de los países donde se realiza esta agresión, sin que se
logre un impulso coordinado de la solidaridad efectiva del sindicalismo
europeo, y de la izquierda política minoritaria que denuncia estos
comportamientos.
Es importante sin
embargo atender a la posición concreta que el sindicato como sujeto político
adopta en cada país determinado, y en qué medida es capaz de presentarse ante
el conjunto de la sociedad como una figura social que no sólo se relaciona con
el empleo y las condiciones de trabajo sino que, precisamente por ello, tiene
la capacidad de representar un proyecto de regulación social que tiene en el
centro de la misma el trabajo como factor de cohesión social y de acción política.
El antisindicalismo implica la reducción del sindicato a un instrumento de
regulación y cálculo del valor del trabajo que en la lógica económica imperante
al encarecer el mismo, obstaculiza el crecimiento y el empleo, y de esa
posición deduce propuestas concretas para debilitar su capacidad de incidencia
no sólo “en el mercado de trabajo” sino en el conjunto de la sociedad. Una
tradición política que escinde estas esferas y que relega el espacio público a
formas de representación que excluyen del mismo al sindicato, es un espacio
cultural que favorece este tipo de quiebros autoritarios. Aunque este tipo de
pensamiento político está en retirada en nuestro país, como se podrá comprobar
con las próximas elecciones, el sindicalismo debe aprovechar este momento para
intervenir de forma protagonista en él, reivindicando su modelo de sociedad y
su proyecto de reforma de las estructuras económicas, políticas y sociales.
Es posible que
después del verano tengamos noticias interesantes en esta dirección.
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