PARA GARANTIZAR UN AUTÉNTICO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

En la reunión que se celebrará mañana 20 de noviembre en la Fundación 1 de Mayo en el marco de un seminario sobre “Nuevo modelo de relaciones laborales”, un tema central en el mismo es el relativo a la Seguridad Social, tremendamente afectada por la crisis y las reformas introducidas tanto en materia de trabajo como en materia de recortes en la protección social. Tres juristas bien conocidos de la blogosfera de Parapanda, Juan López Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia, Borja Suárez Corujo, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Joaquin Aparicio Tovar, de la Universidad de Castilla La Mancha, han trabajado en una propuesta sobre el tema que contiene unas interesantes páginas de diagnóstico de los problemas, y que termina en la enunciación de una serie de propuestas. Éstas han de ser debatidas en la sesión de mañana, y seguramente recibirán integraciones importantes de algunas de las personas que han trabajado en esta área, pero por su interés las reproducimos aquí en primicia para que puedan asimismo ser discutidas en paralelo al seminario de la Fundación 1 de mayo.

 (…) 7.- Propuestas

Las reformas profundas en materia de Seguridad Social se basan  sobre las presuntas certezas de las proyecciones de gasto derivadas casi automáticamente de esquemas demográficos actuariales, y en la desastrosa situación del mercado de trabajo derivada de la crisis económica, como  contrapartida a las políticas de rescate de la Troika para modificar el modelo de Seguridad Social público, recortándolo para que deje espacio a los niveles privados.

De ahí que no se aborden en las reformas la eventual búsqueda de ingresos para hacer frente a  su incremento lo que lleva directamente a la adopción de medidas para reducirlo.  Es decir, al poner en segundo plano los factores ligados a la creación de riqueza y su distribución, y a la evolución del PIB y del mercado de trabajo, si no es a efectos de la actualización de las pensiones, se da un presunto fundamento técnico a opciones que son ya de entrada valorativas. La política no deja de estar presente en las opciones aparentemente técnicas de los expertos.    

En cuanto a las variables demográficas, por muy ciertas que puedan parecer, no son las únicas sino que influyen también de manera importante el crecimiento del PIB y el empleo, por muy inciertos que se presenten.  No hay una bola de cristal que permita hacer las previsiones interesadas que se hacen. No es posible conocer con tanta antelación variables tan importantes como la productividad y el empleo, ni la tasa de dependencia entre activos y pasivos de dentro de cuarenta años. Sólo teniendo en cuenta las variables demográficas no se pueden hacer previsiones seguras a tan largo plazo salvo para minar la confianza de los ciudadanos en el sistema público. Hay numerosos factores que influyen en los sistemas de protección social como el crecimiento de la economía, de la productividad, del empleo de calidad, de los salarios, una mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo, todavía baja en comparación con la media europea y con los objetivos de la Estrategia de Lisboa y la entrada en el país de los flujos migratorios de gran magnitud cuando la economía se recupere para compensar la caída de la natalidad.

Sin embargo, también las segundas como vía alternativa, la búsqueda de ingresos, la creación de empleo, el aumento de la productividad, está siendo objeto de ataque por las políticas laborales en curso que se basan en un modelo productivo de aparente salida de la crisis basado en bajos salarios, o su crecimiento insuficiente en sectores que podrían aumentarlos, empleo precario, aumento de la productividad mediante la destrucción de empleo  y todavía altas tasas de desempleo.

El factor principal en la viabilidad de las pensiones no es la demografía sino la creación de riqueza y su distribución. España, desde el año 2000 hasta la actualidad, ha tenido un crecimiento del 2,5% anual de su PIB. El sistema público de pensiones de nuestro país no tiene problemas de sostenibilidad con crecimientos medios del 1,5% del PIB. El Estado debe garantizar ese reparto equitativo de la riqueza a todas las capas de la población por lo que se trata de un problema de redistribución de la renta en lugar de reducir los derechos de los pensionistas actuales y futuros. La clave de una reforma de pensiones está en cómo distribuir los costes del ajuste del incremento de la financiación que supone el envejecimiento de la población. Podemos hacer recaer el ajuste (costes) sobre los propios pensionistas, sobre los trabajadores (población activa cotizante), sobre los ciudadanos (personas que soportan la carga fiscal de los impuestos generales) o sobre los empresarios.

Por tanto, una reforma del sistema de pensiones no es ni más ni menos que una decisión sobre cómo distribuir los costes de un ajuste en términos de pérdida de bienestar o aumento de la carga fiscal que soporta cada agente. Es una cuestión, esencialmente, distributiva (aunque también tiene efectos sobre los incentivos de los individuos y, por tanto, sobre la propia eficiencia económica). Para garantizar la viabilidad económica del sistema de pensiones públicas en el futuro ambos contextos de actuación por un lado, es imprescindible reforzar la estructura de ingresos del sistema y, por otro lado, debemos redefinir algunas medidas de protección social (para mejorarlas en algunos casos). Veamos algunas propuestas:

REFORMAS  ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DE PENSIONES A CORTO PLAZO
Reformas de las prestaciones (gastos)	Reformas de la financiación (ingresos)
- Eliminar prestaciones que no le corresponde a la Seguridad Social (bonificaciones a la contratación empresarial). - Corregir o desincentivar comportamientos adversos o de planificación personal que perjudican la financiación del sistema de pensiones. - Aumento de la edad efectiva de jubilación - Flexibilidad en la edad de entrada a la jubilación y compatibilidad con el trabajo a tiempo parcial. - Equiparación de la pensión mínima al SMI - Reestructuración y mejora de la cuantía de algunas prestaciones muy bajas (viudedad, orfandad, pensiones no contributivas, etc.). -Financiación por el Estado (vía Presupuestos generales de Estado) de las prestaciones por muerte y supervivencia -Asumir el Estado los gastos de personal de la administración de la Seguridad Social -Convertir los programas de reducciones a la contratación en programas de bonificación.	- Aumento temporal de los tipos de cotización por contingencias comunes (tanto de empresarios como de trabajadores). - Eliminación de las bases máximas de cotización (manteniendo un límite a la pensión máxima aunque más alto que la actual) - Convergencia de la base media de cotización del RETA con la del Régimen General. - Elevación de las bases mínimas de cotización (de forma simultánea a la elevación progresiva del S.M.I.) - Aportación de ingresos generales - Igualar los tipos de cotización aplicables por regímenes -Mejora de la gestión.
OTRAS PROPUESTAS A CORTO Y MEDIO PLAZO -Emisión de deuda pública -Política de reactivación económicaà Mejora del mercado de trabajo à creación de empleo (cantidad y calidad del empleo). -Cambio del modelo productivo à incremento de la productividad - Mejora del sistema de formación. -Fomentar un mayor equilibrio poblacional à reequilibrar la relación entre activos y jubilados (políticas de apoyo a la familia, sistemas de prestaciones familiares, fomento tasas de fecundidad, inversión en infraestructuras educativas, políticas de igualdad de oportunidades y conciliación, etc.) - Regulación flujos migratorios. -Incrementos de tasas de actividad (de mujeres, mayores de 55 años, jóvenes e inmigrantes). - Incremento del Salario Mínimo Interprofesional - Reforma fiscal progresiva. - Reducir el fraude y la evasión - Lucha contra la economía sumergida	- Avanzar en un sistema de financiación no basado en el empleo. - Mejoras en la distribución de la renta.

CCOO, en su documento “Propuesta de CCOO para un modelo más democrático de relaciones laborales y un cambio en la política económica y social”,  aprobado en el Consejo Confederal de 6 de octubre de 2015 ha propuesto algunas medidas  como:

DE APLICACIÓN INMEDIATA

1.      Incremento temporal de los tipos de cotización por contingencias comunes, mediante un esfuerzo adicional compartido entre las empresas, los trabajadores con empleo y el Estado.

DE APLICACIÓN PROGRESIVA

2.      Incremento de base máxima de cotización (Prevista en reforma de pensiones 2011).

3.      Convergencia de la base media de cotización del RETA con la del Régimen General (Prevista en reforma de pensiones 2011).

4.      Asunción del Estado de los gastos de personal de la administración de Seguridad Social.

5.      Convertir los programas de reducciones a la contratación en programas de bonificación.

DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

6.      Políticas de reactivación económica que ayuden a recuperar los 3 millones de empleos perdidos en lo que va de crisis.

7.      Persecución del fraude asociado a la economía sumergida.

8.      Asunción paulatina por los Presupuestos Generales del Estado de la financiación del nivel asistencial de las prestaciones de muerte y supervivencia

9.      La reforma fiscal es la actuación estructural más determinante y necesaria en la economía española que determina la capacidad de actuación en el conjunto de sistemas de protección social y servicios públicos.

A todas ellas habría que añadir por los efectos perniciosos sobre la viabilidad del sistema público suficiente de pensiones las medidas laborales a introducir a favor de la creación de empleo digno, contra la precariedad, los bajos salarios, la regulación del trabajo a tiempo parcial y las políticas activas basadas en bonificaciones y exenciones.

 Y de mantenerse las tendencias del sistema económico al crecimiento sin empleo, probablemente haya que empezar a plantearse un cambio profundo en el sistema contributivo, cuya recaudación no dependa ya (o sólo) del empleo y de los salarios, sino del valor añadido y de la creación de riqueza.

Así pues, las variables relevantes para calcular la sostenibilidad económica del sistema público son la tasa de actividad, la tasa de empleo y el crecimiento de la productividad. En definitiva, la tasa de crecimiento de la renta per cápita. Como señala el Documento firmado por 24 economistas y juristas expertos en la materia titulado En defensa del sistema público de pensiones, “si la renta per cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no pueden seguir percibiendo la misma renta. Si la renta per cápita aumenta, las cuantías de las pensiones no solo deberían no reducirse sino que tendrían que incrementarse por encima del coste de la vida”. No se trata solo de un problema demográfico que actúe de manera determinista e inexorable sino de un conjunto de variables y de políticas, por lo que el discurso sobre la sostenibilidad no puede escapar a un debate público en el que se barajen diversas opciones y políticas, y que tenga también en cuenta el marco constitucional y la normativa internacional, pero no debe excluirse una reforma constitucional que garantice los derecho sociales y, en concreto, el derecho a la Seguridad Social. El texto constitucional debería explicitar que el Sistema de Seguridad Social es una función del Estado en el que está excluido toda operación de lucro privado, así como que el Sistema está basado en el principio solidario que impone un mecanismo financiero de reparto, caja única, consideración conjunta de las contingencias y redistribución de rentas de los que más a los que menos tienen.