jueves, 19 de octubre de 2017

¿QUE ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA EN LA UNIÓN EUROPEA? SIGUE LA CONVERSACIÓN CON ALBERT NOGUERA


Continuando la conversación de la entrada anterior del blog, en esta nueva entrega, Antonio Baylos  pregunta a Albert Noguera sobre dos cuestiones importantes planteadas en el libro sobre el sujeto constituyente. La primera se refiere a la alternativa política posible para la Unión Europea y el euro, y la segunda sobre el "tiempo de los derechos" que caracteriza esta propuesta. 

1.- La parte más polémica de tu libro es sin duda el capítulo dedicado a la Unión Europea y a la relación con los estados miembros de la misma desde esta perspectiva constituyente. La crítica fundamental viene dada por el carácter inviable de las dos alternativas que se proponen a las políticas de la UE sobre la austeridad generadas a partir de la crisis y la exacerbación del espacio europeo como espacio desigual y degradatorio de derechos sociales y ciudadanos: el uso “alternativo” de las instituciones europeas y el nacionalismo antiliberal conservador que se define como neofascista. Ahí posiblemente el análisis no considere algunos datos que posiblemente alterarían este esquema de presentación del panorama, porque me parece que el fenómeno del Brexit, como en general el debate político que sobre él se despliega en Reino Unido, no puede encajarse bien en una perspectiva de neofascismo ni en un nacionalismo antiliberal, sino en otros parámetros más complejos. Eso mismo se puede mantener respecto de la exigencia de democratización de Europa y la “petrificación” del derecho europeo, entendiendo por tal lo que muy correctamente se infiere del nuevo complejo normativo que se coloca “al margen” del derecho de la Unión y que sin embargo homogeneiza políticas y recursos en el marco de la zona euro y de la unificación monetaria. Es un terreno éste en el que las propuestas alternativas tiene confines relativamente borrosos y que pueden en efecto considerarse muy ilusorias, pero cuentan a su favor con el peso de los procesos que se desarrollan en el presente sobre los que se pretende trazar una cierta discontinuidad a partir de la acción colectiva, mientras que la construcción de agregaciones diferentes y opuestas a la UE como el sur de Europa y el Mediterráneo, o la propia salida del euro, generan numerosas dudas respecto de su verosimilitud y por tanto dificultan su trasposición a las estrategias políticas consecuentes.

Acepto la crítica que haces, aunque no estoy de acuerdo con las alternativas en marcha en el presente que señalas. Creo que la izquierda se encuentra, en la cuestión del euro, frente a dos círculos viciosos difíciles de resolver: el de la ruptura y el del reformismo.

En el libro se hace referencia a las dificultades económicas que la salida del euro por parte de un solo país implicaría para éste, así como la ineficacia de la medida puesto que la recuperación de su moneda tampoco le permitiría volver a tener soberanía económica. Frente a ello, se mencionan las propuestas de algunos economistas acerca de una alianza de los países del sur europeo para la creación de una moneda propia, el repudio de una parte de la deuda y renegociación del resto al tipo de cambio oficial de la nueva moneda y la nacionalización y regulación de la banca para evitar salida de capitales. Efectivamente, se trata de una propuesta que choca con un círculo vicioso difícil de resolver, al que podemos llamar como el círculo vicioso de la ruptura: por un lado, no hay otra opción viable de salida del euro que la salida conjunta de los países del sur de Europa. Pero por otro lado, lograr un cambio simultáneo o coincidencia en la línea ideológica del todos los gobierno sur-europeos para que actúen en este sentido resulta imposible.

Entonces, si la salida, como dices, no es verosímil, hay que seguir insistiendo en la tendencia actual de uso alternativo de las instituciones, esto es en seguir intentando reformar el Derecho de la UE y aprovechar los resquicios jurídicos que ofrece para aplicar políticas sociales. Ello choca también con otro círculo vicioso tan difícil de resolver como el anterior y al que podemos llamar como el círculo vicioso del reformismo: Por un lado, en el interior del marco legal de la UE la única manera de ampliar el margen de maniobra, libertad y autonomía decisional sobre las políticas a adoptar por los nuevos Gobiernos de izquierda sería introducir reformas en los actuales principios y objetivos neoliberales básicos del Derecho primario de la UE al que están subordinados los Gobiernos y ordenamientos jurídicos estatales. Pero por otro lado, reformar los tratados exige unanimidad de los 28 gobiernos miembros de la UE, lo que es también imposible y hace que el Derecho de la UE haya pasado de ser un Derecho vivo a ser un Derecho petrificado, bloqueándose cualquier posibilidad de reforma del mismo.

En resumen, el círculo vicioso en que se encuentra la propuesta reformista la convierte en igual de inverosímil que la propuesta rupturista ¿entonces qué hacemos? Pues seguramente hay que pensar en formas intermedias entre la salida del euro y la aceptación de su disciplina, como, por ejemplo, la de la desobediencia del pago de una parte de la deuda desde la articulación entre institución y movilización popular. ¿Sería posible una coordinación de ayuntamientos del Estado donde hay gobiernos “del cambio” (Barcelona, Madrid, Badalona, Valencia, Berga, Zaragoza, La Coruña, Cádiz, Pamplona, etc.) para que conjuntamente y a partir de una interrelación con una fuerte movilización ciudadana expresada en referéndums, manifestaciones, etc. se negaran a pagar la deuda o a cumplir los límites de déficit para dedicar el excedente a la garantía de derechos sociales? Posiblemente hoy no se tiene la capacidad de movilización social para ello, pero si se trabaja en este sentido, esto sí es verosímil a corto plazo y, sin duda, supondría una dura afrenta para la UE.

5.- Es sugerente sin embargo el cambio en el relato que se propone basado fundamentalmente en una nueva edad de los derechos y de sus garantías. La propuesta de derechos para la igualdad, y la nueva definición del principio de universalidad de derechos acompañados de la generación de nuevos derechos, es un punto de arranque fundamental de este relato, como asimismo la redefinición de las prácticas garantistas ante el déficit creciente de efectividad de las situaciones jurídicas reconocidas como tales que confluye en la lucha por los derechos como eje de una acción política que sustenta un nuevo diseño de estado y sociedad. El inevitable entrecruzamiento entre lo global y lo nacional complejiza este relato alternativo pero permite en efecto considerar un elemento importante de realimentación de este proceso a partir del derecho internacional de derechos humanos y sus tendencias universalistas, junto con el anclaje estatal de mecanismos de responsabilización del nuevo sujeto libre en el espacio global, la empresa transnacional, donde experiencias como la reciente ley francesa pueden resultar muy útiles. Para la concreción de ese movimiento la utilización del espacio institucional y del espacio jurisdiccional es oportuna, aunque insuficiente y por consiguiente es necesaria una “explosión participativa” como la que ha ido produciéndose en algunos momentos en nuestro país en torno a los nuevos derechos como el derecho a la vivienda. La visión de un laboralista, sin embargo, no ofrece tantas rupturas o discontinuidades, sino que tradicionalmente tiende a considerar el conjunto de los lugares a partir de los cuales ir construyendo alternativas complementarios y no excluyentes, y la integración de derechos “clásicos” y “nuevos”, resignificando el contenido de derechos fundamentales como el de negociación colectiva o el de huelga en nuevos contextos de subjetividades emergentes. Claro que eso nos conduciría a una interesante discusión sobre el sujeto que construye ese sujeto constituyente, lo que posiblemente quede fuera de este intercambio de preguntas.

Sobre esto último que planteas, el sujeto que construye el sujeto constituyente, creo que no hay mucha discusión. Existen dos elementos de consenso que hacen coincidir a las distintas corrientes de la izquierda actual en este asunto:

El primero, es el análisis totalmente asumido y compartido por todos de que los cambios en los procesos de organización del trabajo de las últimas décadas, han sustituido el antiguo obrero industrial ubicado en la fábrica por una multi-fragmentación de nuevas formas de trabajo des-fabrilizado, asalariado, autónomo o de supervivencia, diluido en lo social. El proletariado, en su sentido clásico, ya no existe.

En segundo lugar, creo que también está ya superada la vieja idea de que existe una única contradicción central capital-trabajo y que todo el resto de opresiones son reflejo de ésta. Hay consenso en aceptar el carácter multidimensional de los sistemas de opresión, y que la clase coexiste con otros ejes de dominación y discriminación por raza, género, identidad sexual, discapacidad, nacionalidad, etc. que se solapan y mezclan en igualdad de condiciones.

La aceptación, por todos, de estos dos elementos nos hacen coincidir en que el sujeto que construye el sujeto constituyente hoy no es la vieja clase obrera masculinizada y homogénea, sino la integración coyuntural, de manera interseccional, de todas estas luchas, heterogeneidades y divisiones en un sujeto con afán de historicidad y mejora de sus condiciones de vida.

Sí veo, en cambio, más compleja la otra cuestión, la del relato y nuevas prácticas de garantía de los derechos. Se reconoce que ha cambiado la historia y los sujetos pero, a la hora de formular propuestas alternativas de bienestar, se continúa anclado y encerrado en el esquema de los tres tipos de garantías de los derechos del siglo pasado: las garantías normativas que imponen obligaciones al Estado de garantizar derechos, las garantías jurisdiccionales y la garantía social clásica de la huelga y los mecanismos de conflicto colectivo.

Las novedades pasan, como mucho y como dices, por intentar resignificar estos tipos de garantías para adaptarlas al nuevo contexto. Surgen así propuestas como la renta básica como resignificación de las garantías normativas, el paso de la huelga laboral a la huelga ciudadana como resignificación de la garantía social, etc. Pero, por mucho que resignifiquemos estas prácticas de garantía de los derechos existen hoy elementos coyunturales que limitan las potencialidades de las garantías del siglo XX, incluso en su versión revisada.

En una sociedad sin crecimiento económico ni pleno empleo, con limitación del déficit público y obligación prioritaria de pagar la deuda bajo amenaza de sanción, las garantías normativas que imponen obligaciones al poder político de financiar la eficacia de todos los derechos, presentan limitaciones. A la vez, si no recuerdo mal, tú mismo explicabas de manera brillante en un libro de 2009 sobre inmigración y derechos sindicales, que determinadas formas de trabajo autónomo precario de subsistencia, al carecer de una contraparte colectiva, han salido de facto de la historia secular de conflictos laborales impidiendo que la garantía social de la huelga sea eficaz para ellos.

Ello nos obliga no sólo a resignificar las viejas garantías sino a complementar esto con la creación de nuevas prácticas de garantía de los derechos. Desde la administración deben facilitarse la creación de espacios del procomún capaces de absorber parte de las funciones tradicionales del Estado y crear formas de autogestión comunitaria y sostenibles medioambientalmente para la auto-justiciabilidad popular de determinados derechos como el trabajo, la alimentación, la vivienda o la cultura. Esta es la única manera en que muchos de estos derechos podrán cubrirse en la sociedad de las próximas décadas.



martes, 17 de octubre de 2017

SOBRE PROCESOS CONSTITUYENTES: UNA CONVERSACIÓN CON ALBERT NOGUERA


Antes del verano, la editorial Trotta publicó un interesante  libro de Albert Noguera que tenía por título “El sujeto constituyente entre lo viejo y lo nuevo”, y solicitó al titular de este bitácora que entablara un diálogo con el autor sobre los temas suscitados en esta obra. El resultado fue en efecto una conversación que ha sido publicada en septiembre por el blog de la editorial Trotta y que se puede encontrar en esta dirección EL BLOG DE LA EDITORIAL TROTTA. Con el permiso de la editorial se reproducen en esta entrada algunas de las reflexiones sobre el libro y las respuestas del autor en torno a un tema actualmente muy relevante, los procesos constituyentes, en torno a la experiencia española reciente a partir y alrededor del 15-m. Hay quien entendería que la discusión sobre “lo constituyente” está cobrando una actualidad evidente en torno a la “cuestión catalana”, un banco de pruebas inmejorable para un discurso sobre la tensión constituyente/destituyente, pero en este diálogo el tema no asoma, sin que ello le haga perder a mi juicio interés ni actualidad.

1.- El libro presenta una sugerente exposición sobre la noción de sujeto constituyente en el marco de la teoría política y el derecho constitucional, que ha suscitado muy buenos comentarios entre sus lectores. Se trata desde luego de un problema teórico y político que ha cobrado excepcional relevancia en el curso de los procesos de movilización entre el 2014 y el 2015 y sobre el que trabajó, desde otra perspectiva, Gerardo Pisarello en otro libro también publicado en Trotta hace un poco más de un año, en julio de 2016, Procesos constituyentes, caminos para la ruptura democrática. Sin embargo, me parece que a partir del impasse generado en España a partir de la convocatoria de nuevas elecciones y la formación de un nuevo gobierno del Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE, el tema ha quedado un tanto oscurecido. Uno de los indudables méritos de tu obra es rescatarlo y aislarlo como problema. Lo que me pregunto es que si esa consideración del objeto de estudio supone reconocer su “cierre” como tema de actualidad, para por el contrario abrir su significado retórico, metafórico, que puede ayudar a soportar la construcción de alternativas estratégicas, “explicando” un modo de estar en la política entendida no como administración de lo existente, sino como un proyecto de profunda transformación social.

No estoy de acuerdo en la afirmación de que con el fin del ciclo de luchas abierto en 2011 y la investidura de Gobierno se haya “cerrado” la cuestión del sujeto constituyente y ésta sea hoy una discusión más retórica o teórica que práctica. El error de esta afirmación es que no entiende ni la naturaleza ni el lugar natural del Sujeto constituyente. Presenta éste como algo temporal cuyo lugar propio es la superficie política. En cambio, para mí, el sujeto constituyente es algo permanente cuyo lugar natural es el subsuelo político. Sólo si se percibe el sujeto constituyente de esta última manera es que se puede entender el carácter profundamente práctico que hoy tiene el libro.

Que quiero decir con esto? Creo que a partir del 15-M se impone una concepción teórico-política equivocada del sujeto constituyente. Se tiene la idea de que la forma sujeto constituyente es algo excepcional y temporal propio de momentos de crisis orgánica del sistema y luego desaparece. El 15-M pone en boga en España las tesis del acontecimiento de Rancière, Badiou y otros, según la cual primero son los acontecimientos y luego el sujeto. Es decir, se afirma que por razones de azar hay veces en la Historia que ocurren acontecimientos políticos y estos dan lugar, a continuación, a la aparición de un sujeto constituyente espontaneo. La colectividad toma conciencia en aquel instante de la excepcionalidad del momento y se pone al servicio del mismo, dando lugar a una explosión de participación  y conformándose entonces en sujeto constituyente. Así se ha interpretado el 15M. Esta concepción se basa en dos ideas: la primera es que los sujetos constituyentes se conforman espontáneamente en la superficie política de manera retransmitida. Y la segunda, es que son temporales, al cerrarse la “ventana de oportunidad” el sujeto constituyente desaparece, debiendo esperar a otro momento histórico para que vuelva a aparecer. Entendido de esta manera sí que podríamos decir que finalizado del ciclo de luchas abierto en 2011 y con la investidura de Gobierno se ha “cerrado” la cuestión del sujeto constituyente y ésta es hoy una discusión más retórica que práctica.

Sin embargo, como decía, creo absurdo pensar que la historia son momentos instituyentes que se dan por azar cada x años y que en medio de ellos no pasa nada. Para mí el sujeto constituyente no es algo temporal sino permanente y su lugar natural no es la superficie sino el subsuelo político. En momentos de normalidad del sistema, los espacios de visibilidad, los que el sistema presenta como representación de sí mismo, son las instituciones del Estado y del capital. Estos son lo que Luis Tapia llama la superficie política. Pero ello no quiere decir que no pase nada más ni que no existan en la sociedad otras redes y prácticas invisibles de crítica y apropiación, gestión, organización y dirección alternativa de los procesos sociales y políticos, en movimiento continuo que conforman el subsuelo político. Se trata de la red de movimientos sociales y formas de asociatividad popular. Todas estas conforman un sujeto constituyente permanente cuyo lugar natural es el subsuelo político. Y ni los momentos constituyentes no se dan por azar ni los sujetos constituyentes aparecen de manera espontánea. Estos se dan a partir de una relación dialéctica entre medio social y sujeto social que permiten al sujeto constituyente permanente una oportunidad coyuntural para emerger del subsuelo a la superficie política e intentar asaltar el poder. Estos son momentos excepcionales, pero fuera de ellos, el sujeto constituyente continúa existiendo de manera permanente y su lugar natural de conformación y vida es el subsuelo político, aquí es donde se prepara y arma ideológicamente, discute su estrategia, su discurso, su organización, etc. para cuando llegue el momento.

Entendido de esta manera y no de la primera es que se entiende por qué digo que este libro no tiene un carácter retórico y teórico sino fundamentalmente práctico. Este pretende aportar una caja de herramientas para que los movimientos sociales, de naturaleza permanente y ubicados de manera natural en el subsuelo político, discutamos la forma de organización, estrategia, discurso, etc. que nos permita estar preparados para que cuando se dé la próxima oportunidad de emerger a la superficie, poder afrontarla con garantías de sumar al máximo número de gente y de transformar de raíz el sistema.

2.- El hilo de desarrollo sobre el sujeto constituyente desemboca en una “modelización” de la democracia declinada en plural, lo que naturalmente implica un planteamiento que rechaza correctamente la idea de que el modelo liberal-democrático es la única versión posible de la democracia que excluye cualquier otra noción que no reúna sus rasgos teóricos y políticos distintivos. Los riesgos de esta modelización – frente a las ventajas didácticas de la misma – se encuentran en el esfuerzo de su propia delimitación, porque pareciera que el resultado es el de modelos puros, sin capacidad de contagio o de mezcla entre ellos. Resulta así que la consideración de la democracia parlamentaria sostenida por un sistema de partidos aparece como un modelo “acabado”, cuando posiblemente sería más cierto definirlo como en decadencia, lo que permitiría además desarrollar más extensamente la relación de este modelo con el espacio de la soberanía como legitimación del sistema. En el libro hay una interesante apreciación sobre la sociedad política como espacio de ejercicio de soberanía disociado del de la titularidad de la misma, que a mi juicio debería derivarse hacia un discurso sobre la representación como elemento clave de esta forma de gobierno que es asimismo una situación de dominio. Esta consideración crítica hacia la democracia de partidos posiblemente requiera una mayor reflexión en ese sentido, que atienda a los espacios abiertos por el sistema de representación en el seno de la propia tecnificación de este mecanismo de sustitución del ejercicio del poder político.

Es cierto que el libro teoriza tres modelos o tipos ideales de democracia construidos a partir de la conexión entre fenómenos empíricos y elementos valorativos generales y que como tipos ideales que son, se caracterizan por ser modelos acabados con consistencia lógica y falta de contradicción interna. Sin embargo, en el propio libro afirmo que la mayoría de veces en la historia tanto la forma del sujeto constituyente como de democracia emergente son formas híbridas de los modelos puros descritos. Por tanto, en ningún momento buscan tener carácter de realidad absoluta, sino tan sólo constituir un instrumento formal para la comparación de realidades empíricas a fin de poder describirlas con conceptos comprensibles lo más unívocos posibles y comprenderlas y explicarlas con imputación causal.

Pero aclarado esto, creo que pones sobre la mesa una cuestión clave. Estamos de acuerdo que la tendencia actual, especialmente con la decadencia y deslegitimación de la democracia pura representativa de partidos que señalas, obliga, inevitablemente, a dejar atrás el modelo puro o acabado de democracia liberal-representativa y avanzar hacia formas híbridas que articulen elementos propios del modelo representativo y del participativo. Y ello, como también señalas, requiere otra reflexión de fondo que a mi entender es la de ¿cómo articulamos o hibridamos la esfera de lo representativo y los partidos y la de lo participativo y lo popular? Aquí creo que existen, al menos, dos opciones: como armonía o como conflicto.

Si entendemos la relación entre lo representativo y lo participativo de forma armónica, los mecanismos participativos se conciben, básicamente, como técnica de corrección frente a las desviaciones de la democracia representativa. La participación se concibe en este sentido no tanto como una alternativa totalizante al modelo de democracia liberal-representativa sino como a instrumentos técnicos que posibilitan parchear este modelo con elementos tomados del área de la democracia directa. Por tanto, se trata de elementos técnicos correctores capaces de revitalizar los desgastados esquemas del modelo liberal-representativo. Para poner un ejemplo, podemos ubicarnos en la Constitución de la República de Weimar. La fuerte crisis por la que estaban atravesando los esquemas parlamentarios, hizo que diversas técnicas de la democracia directa, como el referéndum, reaparecieran entonces como uno de los correctivos más adecuados a la tarea de reconstrucción racionalista del parlamentarismo. Max Weber se refería, en Economía y Sociedad, al referéndum como “un instrumento de desconfianza frente a Parlamentos corrompidos". Esta era pues la nueva intención instrumental o la nueva funcionalidad correctora, no trasformadora, con que empezaban a ser pensadas tales técnicas de participación.


Por el contrario, si entendemos la relación entre lo representativo y lo participativo de forma conflictiva, la participación está, estrechamente, vinculada a dos aspectos: uno, a la crítica al orden estatal y económico liberal. Aquí los procesos participativos no son solamente la construcción de un sujeto colectivo participante como “cuerpo electoral” formal con la finalidad de “ser consultado en” o “formar parte de” los procesos decisorios del Estado, sino que son movimiento donde el sujeto colectivo se construye a partir del conflicto estructural con los propios principios de organización política de la sociedad y formas de distribución de la riqueza social. El sujeto colectivo se construye a partir de un antagonismo estructural contra el sistema. Y otro, a la concepción de la participación como estrategia de transición. Ello implica entender la participación como desbordamiento de las estructuras estatales, las instituciones políticas y sus relaciones de distribución, para reorganizar formas alternativas de apropiación, gestión, organización y dirección de recursos y procesos sociales y políticos. En resumen, aquí la participación es la politización de los diferentes tipos de escasez o precarización social, de la que emana una acción colectiva participante que desborda los espacios institucionales estatales para crear nuevas realidades. Esta última forma de hibridación entre lo representativo y lo participativo como conflicto creo que debe ser la fórmula buscada por una izquierda constituyente.

viernes, 13 de octubre de 2017

MEMORIA DE LA REPRESIÓN BAJO LA DICTADURA FRANQUISTA: NOTICIA DEL BLOG DE JUANJO DEL ÁGUILA


Excusarán los lectores y lectoras de este blog que en esta entrada se recuerden los desmanes del franquismo y su constante represión de la disidencia que era ante todo obrera pero también estudiantil y ciudadana y que mantuvo por el terror, la tortura y la muerte la imposición de la violencia de la rebelión militar contra el régimen democrático hasta el final de sus días, inmunizando además a los autores materiales de aquellos crímenes de cualquier responsabilidad por su comisión. Cuando cada vez de manera más abundante con ocasión de las  manifestaciones de exaltación de la nación española un grupo de gente saluda brazo en alto y grita “arriba España”, la memoria de lo que significó el franquismo, siempre envuelto en la bandera rojigualda como enseña de los vencedores de la rebelión armada, ha parecido oportuna y actual.

Viene esto a cuento de que, como es de público conocimiento, el enaltecimiento del franquismo no se considera un acto delictivo, sino posiblemente en los ambientes más conspicuos de la derecha democrática, una conducta que no es de “buen tono”, fuera de moda. La cada vez más frecuente actuación de grupos de ideología nazi-fascista que insultan y golpean a manifestantes de signo democrático se considera una anécdota, algo irrelevante. Mientras tanto se expande la idea de la necesaria ilegalización de aquellas ideologías políticas que discrepen de la unidad de la nación española, reclamando – a título personal, se dice -  la disolución de los partidos políticos que sostengan esa visión y la aplicación de penas de cárcel para sus dirigentes y afiliados. En los grandes discursos cuya transcripción ha sido publicada por la prensa, la acusación que se hace al grupo político de la izquierda que apoya el diálogo en Catalunya y es partidario de un referéndum pactado es que se sitúa objetivamente en el lado del independentismo catalán  - su “coartada” ha dicho la vicepresidenta del gobierno - y que por tanto pretende la destrucción de la nación española y la desestabilización de España. Falta poco para recuperar la noción franquista de “anti-España” en una versión edulcorada, que conduce a la estigmatización de las posturas que defienden identidades culturales y políticas múltiples en un Estado plurinacional y la exclusión de las mismas de cualquier debate sobre la “cuestión catalana” y sus vías de solución. No es necesario comentar que esta expulsión del cuadro político concebido como “frente” nacional está calcado de la práctica efectuada contra el terrorismo vasco y por tanto desplaza al independentismo los rasgos del enemigo frente al que no cabe negociar, sino eliminar. Tampoco precisa explicación que cuanto más se defina al independentismo desde el Estado Español como el enemigo a eliminar, sus actuaciones se interpretarán como elementos de humillación a las instituciones de autogobierno de Catalunya y por tanto darán alas y fuerza a los planteamientos secesionistas.

Hay por tanto en la defensa del gobierno del PP de la unidad de España un aire de familia con los discursos del franquismo que de alguna manera dignifican – cuando no reivindican – el Estado unitario sobre el que se edificó la dictadura. Por tanto es siempre conveniente recordar que el franquismo fue también para la jurisprudencia del tribunal Supremo que ha negado una y otra vez la revisión de las sentencias inicuas de condena a muerte de personas por el hecho de defender el pluralismo político y la defensa de las libertades, un estado de derecho, y que la defensa del mismo sólo puede efectuarse si se tiene en cuenta que para la constitución de 1978, son más importantes los adjetivos de social y democrático, que llevan aparejado el respeto a toda forma de expresión política, incluso la disidente y la apertura de cauces democráticos para la solución de los conflictos políticos planteados.

Recordar el franquismo y lo que significó en la historia de España nunca está de más. Son muchos los esfuerzos que se han hecho desde la historiografía, la sociedad civil y la propia reivindicación política desde una parte de las fuerzas democráticas. Una buena parte del independentismo catalán, sin embargo, extiende interesadamente la noción de franquismo a cualquier perspectiva que se oponga a la secesión del territorio de Catalunya, con independencia de los matices que esta visión unitaria pueda adoptar, incluida la de un Estado federal. Se trata de un discurso simétrico al que establece el gobierno del PP pero invertido, de manera que la reinvindicación de la identidad múltiple y compleja de pertenencia a una nación no es aceptada en el texto del discurso, y que olvida además la complicidad de sectores del nacionalismo catalán con la represión antiobrera llevada a cabo por el franquismo.

El componente fundamental del franquismo es el represivo, y su objetivo central, la eliminación de la subjetividad política de la clase obrera y su capacidad para establecer aliados en la lucha por la democracia. Entre estos, la clase media ilustrada que veía su identidad cultural y nacional aplastada por la imposición bárbara del complejo nacional – católico en el que se basaba el autoritarismo social del régimen. Hay ya muchos estudios sobre este componente represivo, pero quizá uno de los sitios de los que se pueden recabar informaciones más relevantes es el blog que el Magistrado de lo social – y antiguo abogado laboralista – ya jubilado, Juanjo del Águila lleva publicando como forma de hacer conocer al público documentos y hechos rigurosamente detallados sobre episodios importantes de la represión.

Autor de un libro de culto sobre la actuación del Tribunal de Orden Público – El TOP. La represión de la libertad (1963-1977) – que publicó la editorial Planeta (y que retiró de la circulación apenas tres meses después de su salida, cuando la obra llevaba vendidos más de 2.300 ejemplares) – Juanjo del Águila ha creado un blog que se llama Justicia y Dictadura y que pretende suministrar “información relacionada con la justicia durante la dictadura franquista”. En esta página justiciaydictadura.wordperss.com , hay una amplia y trabajada noticia de los casos habituales de violencia, torturas y condenas a muerte que jalonaron la acción judicial del franquismo. Este sesgo principalmente judicial, que llama extraordinariamente la atención al lector, dando cuenta de la fidelidad inquebrantable del aparato judicial a la violencia política del Régimen hasta el final de sus días, se ha incrementado en esta página con la atención añadida a la actuación policial de la Brigada Política y Social, bajo la forma de publicación paulatina de los “boletines de información” de la Brigada Política y Social (BPS), de imprescindible lectura para conocer de primera mano la idea que del mundo del pluralismo democrático y social tenían los esbirros de la dictadura.


Leer sobre el franquismo para conocer mejor nuestro pasado y para por consiguiente estar preparados para dar cuenta de su continuidad en tantas actitudes y prácticas sociales de hoy, siendo conscientes de que no puede permitirse de ningún modo la recuperación del marco de referencia autoritario y violento que éste dispuso durante cuarenta años tras la rebelión militar, el aplastamiento del régimen legal ente constituido y la conversión de los demócratas en delincuentes y en prisioneros. Una recomendación de lectura para el día después del 12 de octubre, día de la raza, luego traducida en día de la Hispanidad, con su desfile militar y el tremolar de las banderas patrias que tan poco le gustaban al protagonista de La mala reputación.

lunes, 9 de octubre de 2017

LA MARCHA POR LAS PENSIONES


Uno de los efectos colaterales de la “cuestión catalana” que ha monopolizado estos días los espacios informativos públicos y privados ha sido el de ocultar la existencia de otros sucesos que se iban desarrollando de manera simultánea. Uno de ellos ha sido el levantamiento popular, al estilo del barrio de Gamonal en Burgos del 2014, que se ha producido en Murcia por el soterramiento del AVE. Otro, de mayor alcance y significado, ha sido la celebración de una marcha sobre Madrid de los pensionistas convocados por CC.OO. y UGT en defensa de unas pensiones dignas, y que ha confluido en una manifestación el 9 de octubre de entrada de las marchas procedentes de las distintas regiones del estado español en Madrid en la que han intervenido Unai Sordo y Pepe Álvarez.

La incidencia de la política de recortes sociales que fue consecuencia de las medidas de austeridad frente a la crisis no solo se cebó en el recorte del gasto público en los salarios y efectivos de los empleados públicos y en la reducción de las partidas presupuestarias de educación y sanidad, sino también en forzar el decrecimiento de las pensiones, imbricando el factor de sostenibilidad de las mismas con las orientaciones del art. 135 de la Constitución. La reforma que llevó a cabo el RDL 5/2013 incidió negativamente sobre otros aspectos de la jubilación, y la progresiva debilitación del fondo de reserva de la Seguridad Social en un contexto de crisis de empleo y de desvío de los fondos públicos a la financiación de las cotizaciones empresariales, dan como resultado un panorama extremadamente preocupante frente al cual los sindicatos más representativos han decidido actuar mediante una movilización que reivindique la dignidad de las pensiones sobre la base de la cohesión social y la suficiencia de las prestaciones. El endurecimiento del sistema de jubilación anticipada aprobado en el 2013 retrasará casi nueve meses de media la edad de jubilación de las trabajadoras y trabajadores españoles, que ahora se sitúa en 64,1 años, una de las más altas de la UE, y el mecanismo introducido de revalorización de pensiones supone a partir de 2019 una reducción de la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación del 4% acumulativo cada diez años, tal como lo ha cuantificado el propio gobierno ( Ver, en este mismo blog, La demolición progresiva del sistema de pensiones). El incremento del gasto en pensiones hasta el 15% del PIB no es un objetivo insensato, como tampoco el aumento de las pensiones mínimas hasta una cifra que permita una subsistencia digna.

El dispositivo preveía una serie de concentraciones en ciudades de origen que posteriormente se iban desplazando mediante determinadas “rutas” convergiendo todas en Madrid. Se daba inicio el 30 de septiembre y eran recibidos hoy, 9 de octubre, en Madrid, por los secretarios generales de ambos sindicatos convocantes, UGT y CC.OO. La primera ruta partió de dos cabeceras, Santiago de Compostela y Gijón, que se unieron posteriormente en Benavente (Zamora), pasando después por Valladolid y Segovia. La segunda, comenzó en Santander y transcurrió por Bilbao, Vitoria, Logroño, Pamplona, Huesca, Zaragoza y Guadalajara; la tercera empezó en Castellón y pasó por Valencia, Alicante, Molina de Segura (Murcia), Albacete, Ciudad Real y Toledo. La cuarta ruta tuvo su inicio en Málaga para pasar después por Granada, Córdoba, Sevilla, Mérida (Badajoz), Cáceres, Navalmoral de la Mata (Cáceres), Talavera de la Reina (Toledo) y Toledo.

Las Marchas partieron el 30 de septiembre, como se ha dicho, y por tanto lo que debería haber tenido una cierta proyección mediática, resultó plenamente ahogado por la coincidencia en el tiempo con los sucesos que se desarrollaron en Catalunya con ocasión del referéndum del 1-0 y todos los acontecimientos posteriores. Pese a esa nula cobertura mediática, entre 80.000 y 90.000 pensionistas han participado en estas marchas, a las que se les han unido en las ciudades a las que llegaban, una gran cantidad de militantes y vecinos en la recepción de las mismas.

Como objetivos inmediatos, con esta Marcha sindical se persigue especialmente variar  la fórmula de revalorización de las pensiones y el llamado factor de sostenibilidad, y mejorar significativamente la estructura de ingresos del sistema, mediante el “destope” de las bases de cotización y el incremento significativo de la aportación estatal vía impuestos, lo que a su vez lleva consigo la derogación de los aspectos regresivos de la reforma operada en el 2013.

La negociación sobre estos aspectos tiene una cierta complicación, derivada del hecho de que no sólo puede darse con el gobierno, sino que tiene que desbordar ese ámbito de consultas para involucrar a los partidos políticos con representación parlamentaria que, sumada, puede resultar superior a la que apoya la permanencia del gobierno. El propio sesgo de la reivindicación es (relativamente) limitado, al concentrarse sobre elementos muy precisos de la normativa actual y no pretender por tanto una regulación general y alternativa del sistema de Seguridad Social, que es por el contrario la perspectiva en la que se mueve una proposición de ley muy interesante de En Marea – Unidos Podemos de la que ya nos hemos ocupado en este blog recogiendo las palabras de Joaquín Aparicio, uno de sus asesores técnicos, junto con Juan López Gandía, entre otros muchos nombres de colegas y amigos (que puede consultarse en Un proyecto democrático del sistema de pensiones ). Sin embargo, una negociación sobre estos puntos no impide que se sigan planteando como modelo de referencia “más democrático” el que diseñan intervenciones legislativas como las propuestas por el grupo parlamentario de En Marea – Unidos Podemos – En Comú Podem y que ha coordinado la diputada Yolanda Díaz. Un pacto transversal contra lo que pretendan PP y Ciudadanos sería una magnífica noticia, aunque el objeto del mismo pudiera ser más restringido que el modelo de protección social que la izquierda política puede plantear y que sin duda requiere un amplio debate público con participación sindical y ciudadana.

Abrir este frente de conflicto por parte de los sindicatos es importante y hay que valorarlo sin duda alguna de manera positiva. A partir de ahora veremos la capacidad del poder público de encajar en su cada vez más difícil subsistencia democrática este decisivo tema que necesariamente tiene que culminar en una modificación sustancial del sistema actualmente vigente. Es evidente que la Marcha por unas Pensiones dignas ha constituido el motor de arranque de este proceso.





sábado, 7 de octubre de 2017

LA PROPUESTA DE COMISIONES OBRERAS SOBRE CATALUNYA


Estamos en un momento clave. Tras el discurso del Rey asumiendo una postura de fuerza y anunciando medidas de intervención indeterminadas, previsiblemente más allá del art. 155 CE, que pueden llegar a la proclamación del estado de excepción - con el deterioro democrático en la totalidad del Estado español que ello supondría - , el riesgo de fractura social y política en Catalunya es evidente. Hay organizaciones políticas de ámbito estatal que trabajan contra esta tendencia – señaladamente IU, Podemos, En Marea y Compromís con el apoyo de PNV – pero es clave la postura del PSOE que se debate internamente entre la versión dura y la que requiere abrir un diálogo que implique una reforma constitucional. La posibilidad de una mediación en el conflicto aparece descartada, pero la vía de la negociación es la única realmente posible para encauzar este conflicto político gravísimo que está alterando el cuadro de referencias democráticas en nuestro país. Este ha sido también el mensaje común a diferentes grupos políticos que intervinieron en el debate sobre este tema que se efectuó en el Parlamento Europeo.

En este momento, por tanto, resulta especialmente oportuna la entrada en campo de la confederación Sindical de CC.OO. que en su condición de sindicato más representativo a nivel estatal no solo es una de las organizaciones sociales más importantes, sino que constituye una formación económica y social que goza del reconocimiento institucional máximo del Estado social y democrático de derecho a partir del art. 7 de la Constitución, como expresión del pluralismo social que acompaña al político en la determinación de los valores sociales y democráticos base del Estado de la Constitución de 1978. Desde esta posición, CC.OO. cumple un papel socio-político básico que no sólo le ha impedido presenciar meramente como testigo el desarrollo de los acontecimientos en Catalunya, frente a los cuales, conjuntamente con UGT, ha efectuado tomas de postura públicos, como es sabido, sino que en este caso le ha impulsado a efectuar una oferta clara y precisa a los partidos políticos y a las fuerzas sociales en la vía del diálogo para intentar una solución al conflicto catalán, cada vez más polarizado.

En la idea de romper esa polarización que se manifiesta no sólo en el plano político e ideológico sino especialmente en la sociedad civil y sus organizaciones, y que está afectando prioritariamente de manera negativa a los grupos progresistas, escindidos entre las dos opciones que se ven progresivamente como enemigas al estilo schmittiano y por tanto imposibilitados de encontrar un espacio de convivencia que no conlleve la eliminación política del otro, el comunicado de la C.S. de CC.OO. es excepcionalmente importante. Pese a ello – o quizá justamente por ello - su difusión en los grandes medios de comunicación ha sido mínima, empeñados éstos en mantener a toda costa una posición unilateral definitiva para el marco catalán.

El texto del documento, por el contrario, es lo suficientemente expresivo, alejado por tanto de lo que ahora se llama “equidistancia” porque implica una apuesta decisiva y por tanto comprometida claramente con la libertad y la democracia, lo que implica abrir un espacio amplio de debate y de discusión sobre la base de la reforma de la constitución y la necesidad de una consulta sobre las formas políticas del autogobierno de Catalunya. Una apuesta fuerte que los partidos políticos harían bien en aceptar y seguir. Este es el contenido, de cuya trascendencia pueden juzgar quienes lo lean y analicen:

La Confederación Sindical de CCOO manifiesta su alarma ante la grave crisis política, social e institucional que vive nuestro país, en relación con la situación en Cataluña. Asimismo, atiende a la sensibilidad que conoce existe para que organizaciones representativas de amplios sectores de la sociedad española instemos y contribuyamos a encontrar soluciones útiles a una situación de confrontación abierta con el ordenamiento jurídico, de un lado, y de una respuesta, claramente desproporcionada, de otro. En ese marco, queremos trasladar al Gobierno del Estado, al Govern de la Generalitat de Catalunya y a los principales grupos políticos, las siguientes consideraciones:

• Nos encontramos ante el riesgo cierto de que el Parlament de Catalunya proclame unilateralmente la independencia y que el Gobierno del Estado opte por recurrir al art. 155 de la Constitución Afiliada a la Confederación Europea de Sindicatos [CES] y a la Confederación Sindical internacional [CSI] 2 Española para adoptar las medidas que considere necesarias, limitadoras del ejercicio del autogobierno en Cataluña, para obligar a las autoridades de esa Comunidad a adaptarse a sus requerimientos.

• La adopción de cualquiera de estas decisiones, o ambas, en opinión de CCOO, nos abocaría a una situación aún más grave de la que ya venimos padeciendo y de consecuencias difícilmente imaginables.

Es por ello que hacemos un llamamiento para que, sin apriorismos ni exclusiones, se abra un proceso de negociación en dos espacios que deben interpretarse como complementarios:

 1.- Sobre un nuevo marco de autogobierno para Cataluña, que pudiera ser simultáneo a una ponencia Constitucional, que en su caso abordara la reforma de la Carta Magna.

2.- La forma de refrendo o consulta que se debería arbitrar para que la ciudadanía de Cataluña pueda pronunciarse legal y libremente.


• La apertura de ambos espacios de negociación debería ser inmediata y materializarse en ausencia de medidas unilaterales. CCOO dirigimos esta propuesta a todas y cada una de las fuerzas políticas, al Gobierno del Estado y al Govern de la Generalitat, así como a las organizaciones empresariales y sociales del país.

martes, 3 de octubre de 2017

PARO CÍVICO Y HUELGA GENERAL


El proceso de crisis profunda que el 1-O ha desencadenado en todo el país, con especial repercusión en Catalunya, tiene en el día de hoy una continuación importante. En efecto, se ha convocado para el 3 de octubre una huelga general impulsada en un primer lugar por una formación política, la CUP, que la ligó a la declaración unilateral de independencia, y que posteriormente ha sido recogida como una jornada de protesta frente a los desmanes policiales del domingo en la jornada electoral que hirieron a tanta personas por el mero hecho de querer depositar su voto y que supusieron para toda la ciudadanía la imagen de unos aparatos represivos de Estado – del Estado español – decididos a impedir el ejercicio del derecho de participación política de las catalanas y de los catalanes.

Posiblemente por la fuerza impulsora que tiene la palabra en cuanto acto de resistencia y de proyecto alternativo, la huelga general fue la expresión utilizada en un comienzo, pero, como todos conocen, se trata de una medida que se coloca directamente en la relación colectiva entre los sujetos que representan a los trabajadores y el empresariado y los poderes públicos, sobre la base fundamentalmente de reivindicaciones socio-politicas que en los últimos tiempos se han centrado en estrategias defensivas frente a la aplicación de las políticas de austeridad y las reformas laborales conexas. En este caso, sin embargo, la huelga anunciada – y convocada formalmente por sindicatos minoritarios sobre la base de las indicaciones de la formación política CUP- aúna la reivindicación de la independencia a la lucha por los derechos democráticos de la población que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han vulnerado violentando la voluntad de participación política de amplias capas de la población que mostraron su resistencia pacífica ante la acción represiva policial. 

Esta confusión de planos, que hace muy difícil distinguir entre la lucha por los derechos y la reivindicación de la independencia, ha sido sin duda decisivo para que ni CC.OO. ni UGT de Catalunya convocaran la huelga general,  y así se desprende claramente de la declaración de ambas centrales : “ Nuestras organizaciones de Catalunya han hecho un llamamiento a participar en movilizaciones de denuncia de los excesos que se produjeron el 1 de octubre con otras entidades sociales catalanas, pero no a la huelga convocadas por otros sindicatos. En ningún caso vamos a avalar posiciones que den cobertura a la DUI”. Pero lo que además ha aconsejado no utilizar esta medida y sustituirla por una movilización ciudadana general y nacional ha sido la declaración del gobierno catalán y de una buena parte de Ayuntamientos, entre ellos el de Barcelona, de que secundarían un paro cívico en protesta por la represión del derecho a la participación democrática que se ha producido el día 1 de octubre en toda Catalunya.

Esta participación activa de las administraciones públicas autonómica y local cambia el sentido de la acción al no reposar sólo en la actuación de los sujetos colectivos que representan el trabajo y se expresan a través del conflicto en sus lugares de trabajo y en la extensión del mismo a los espacios públicos de la ciudadanía, sino que se extiende a una actuación pública de los sujetos políticos que requiere por consiguiente una reformulación colectiva en su reflejo en el ámbito privado y de las relaciones laborales. Este es el sentido del Paro Cívico - #aturadapais – al que la CONC y UGT de Catalunya se han adherido, llegando a acuerdos con las representaciones de las pequeñas y medianas empresas para concretar, en el interior de las mismas, las medidas concretas que recojan esa protesta, recomendando como ejemplo paros de una hora en las mismas previo acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario, pero con la mayor flexibilidad posible, así como concentraciones en distintos puntos del país. En el Paro Cívico, los sindicatos no son los sujetos que gobiernan el conflicto, sino que participan, como sujetos socio-políticos, junto con otras organizaciones sociales, en un movimiento amplio de protesta. Se diluye por tanto su capacidad de dirección y se sustituye por la de integración en un amplio movimiento socio-político de defensa de las libertades democráticas.

Sin embargo, la diferencia entre huelga general y paro cívico servirá, seguramente y una vez más como una fórmula para acusar a los sindicatos más representativos de “traidores” al pueblo catalán y ahora también a la clase obrera, dada la obstinada presencia de este término en los discursos de los exponentes más conspicuos del independentismo – que resulta simétrico al empleado por líderes políticos y altos cargos militares, recordemos la “traición” de los Mossos, denunciada el 1-O por el coronel Pérez de los Cobos por ejemplo – y para reproponer un planteamiento hostil frente a la representación general del trabajo que encarnan los sindicatos CCOO y UGT que no por falsa resulta menos expandida por redes sociales y comentaristas. El uso del término constituirá seguramente objeto de querellas y de reproches durante los días sucesivos, los que hicieron huelga serán enaltecidos como luchadores por la libertad mientras que a los participantes en el paro se recordará su débil incorporación a la protesta, y la dependencia de sus organizaciones de las cúpulas “extranjeras” que han condicionado su respuesta. Es algo inevitable en la fractura ideológica que polariza de manera interesada el problema catalán para no poder encontrar un espacio de convergencia que reconduzca el conflicto político subyacente. Pero también es importante calibrar el grado de realidad que llevan consigo propuestas de huelga general por seis días consecutivos convocadas por sindicatos de implantación relativa en ciertos sectores, en donde el gobierno del conflicto se diluye en la acción política directa de desbordamiento de una buena parte de las organizaciones sociales, considerado esta medida desde la propia preservación de la función de la huelga general como elemento poderoso de la autotutela de las clases trabajadoras.

Es cierto no obstante que no resulta tan fácil deslindar en la práctica ambas nociones, puesto que la convocatoria del Paro Cívico ha sido secundada por el gobierno catalán y una larga serie de ayuntamientos, y el Govern  ha establecido que a los funcionarios, empleados y trabajadores públicos que se ausenten del trabajo como consecuencia de su participación en este paro, la ausencia del mismo no será considerada como tal, lo que implica que no se les descontarán el salario y los complementos que correspondería por participación en huelga. Se trata de una medida que sin embargo no han seguido entidades locales tan importantes como el Ayuntamiento de Barcelona, que ha procedido a cerrar al público “centres cívicos, bibliotecas, ludotecas, centros de mayores, espacios familiares y museos, teatros y centros de arte de titularidad pública” en razón de su adhesión al paro y que por tanto impone como expresión de protesta, el cierre de las instalaciones en su oferta al público y cultural. 

Algunas voces malhumoradas con esta implicación de las administraciones públicas – y en consecuencia sobre la base de una cierta confusión entre los objetivos que ha señalado la Mesa por la democracia y la defensa del unilateralismo en la independencia – han hablado de “cierre patronal” para definir la no prestación de servicios públicos y de “malversación de caudales públicos” como consecuencia de no descontar los salarios del dia de paro a los empleados y trabajadores públicos. Son excesos verbales que no se corresponden con una realidad evidente, porque el cierre patronal tiene una función de respuesta a la huelga convocada para anularla, lo que aquí evidentemente no sucede, y el ejercicio del derecho de huelga lleva consigo una contraprestación económica negativa, la deducción de haberes o retención salarial, pero no constituye un elemento esencial del contenido del derecho porque puede renunciarse al mismo por parte de la empresa o la administración, tanto en el pacto de fin de huelga como consecuencia de consideraciones discriminatorias entre el personal convocado o, finalmente, ante la incapacidad de la empresa o del ente público de verificar la participación concreta de los empleados en la huelga. La adhesión a la protesta de corporaciones públicas forma parte de su propia autonomía, reviste un carácter esencialmente político democrático y tiene una cierta tradición entre nosotros especialmente en algunos sectores, como la Universidad. Nada de extraño o ilegal, por tanto.

El segundo punto en el que se entrecruza la protesta política y social que se expresa en el Paro Cívico y la huelga general se basa precisamente en la acción de protesta canalizada a través de una convocatoria de huelga que han realizado la CGT, Intersindical CSC, COS e IAC del 3 al 9 de octubre, y que no ha sido secundada por los sindicatos confederales. La huelga excede por tanto del día de protesta, y han sido las autoridades públicas – Gobierno autonómico u ayuntamientos – los que han fijado los servicios mínimos durante la misma. Una determinación que muchos entienden extremadamente “escuálida” y restrictiva, lo que es también criticado al compararlos con otros conflictos laborales que se han producido en estos mismos ámbitos. Sin embargo, la fijación de servicios mínimos establecida por la Generalitat o los ayuntamientos son actos de disposición de la autoridad de gobierno que han debido seguir un juicio de composición determinado entre el sacrificio del derecho de huelga y la lesión que éste puede producir en derechos fundamentales y libertades públicas de la ciudadanía, y que por tanto condiciona en el futuro la actuación de estos poderes públicos respecto de sucesivas huelgas en dicho ámbito o sector. En este sentido, para el sindicalismo confederal este tipo de medidas deben ser analizadas como formas de regulación aprovechables en futuras confrontaciones en el sector público.

Es por tanto seguro que en el día de hoy se paralizará en gran medida Catalunya. Las interpretaciones serán diferentes, pero el contexto político es muy claro. Se trata de una protesta fuerte contra la actuación irresponsable del gobierno del PP que ha renunciado a encontrar una solución política para Catalunya. Las consultas prometidas “con todos los partidos” que ha realizado el presidente del gobierno se han reducido a Ciudadanos y el PSOE, ignorando por tanto a más de un tercio del arco parlamentario y sin que se pretenda un encuentro con las autoridades políticas del Catalunya. Para los sindicatos CCOO y UGT, que han mantenido una atención preferente en estos días al proceso catalán, este tipo de actos tienen que ser calificados como enormemente decepcionantes. Recordemos que en el comunicado del 2 de octubre, se ha dicho que “las dos organizaciones seguimos apostando por la vía de la negociación política e institucional para reconducir el conflicto político que existe en Catalunya. En este sentido tomaremos iniciativas en el conjunto del Estado para emplazar a que se articule una propuesta política. El Gobierno de España debe abrir un escenario de diálogo y una propuesta con contenidos. La ciudadanía española debe obligar al Gobierno a abrir ese camino”. 

Sucede sin embargo que ese camino no quiere emprenderlo el gobierno actual, que continua en su enfoque puramente autoritario que agravará ulteriormente la situación. Avanzar por el lado correcto exigiría un cambio de rumbo en el gobierno de la nación. No es una apreciación táctica, sino estratégica. Urge un mensaje a la ciudadanía catalana que de muestras de que hay cauces institucionales en el sistema democrático español para abrir un espacio de negociación del marco territorial catalán y las formas de integrarse en el conjunto del estado. Cuanto más tiempo pase, en peores condiciones estaremos.

domingo, 1 de octubre de 2017

NOTAS DE URGENCIA SOBRE EL 1-O


Todos sabíamos que el 1-0 era una fecha decisiva que iba a atraer la atención de todo el público no sólo en España, sino en una buena parte de Europa. De hecho ha borrado cualquier otra noticia concurrente. Lo que más llama la atención hasta el momento es la capacidad inmensa de la movilización de la ciudadanía – un término más apropiado que el del pueblo, a pasear de que se insista en esa noción como un referente vacío – en la defensa de su capacidad de decisión. Una amplia mayoría de catalanas y catalanes ha ocupado espacios públicos, escuelas e institutos, plazas, para reivindicar esa potencia constituyente. Este es el hecho que habría que resaltar por encima de los argumentos previos sobre los acontecimientos que están acompañando este proceso de confrontación a propósito del autogobierno de Catalunya.

Sin embargo, las imágenes más repetidas serán las que reflejan el enfrentamiento de los cuerpos de seguridad del Estado contra los ciudadanos que pretenden votar. 38 heridos a la una de la tarde (465 a las seis de la tarde), según los datos de El País, dos de ellos graves por el uso de pelotas de goma (cuyo uso fue prohibido por el Parlamento Catalán) y 313 colegios cerrados, un 13% de los disponibles, según la Sexta. Estas imágenes, y el discurso que las mantiene, sugieren dos reflexiones. La primera hace referencia a la actuación permisiva de la policía autonómica respecto de la constitución de las mesas electorales que la Fiscalía y el poder judicial han declarado contrarias a la ley. La policía no desobedece sino en situaciones límite, pero para el coronel Perez de los Cobos el encargado del Gobierno para coordinar la acción policial, la policía autonómica “ha traicionado la confianza” que pusieron en ellos el poder judicial y el gobierno, lo que implica que no tiene el control de la misma y por tanto ha confesado su fracaso como instaurador de la acción policial impeditiva del referéndum. Toda una señal de las consecuencias del enfoque represivo como dinamizador de una crisis de Estado. No digamos nada si el Fiscal del Estado cumple su promesa de iniciar una persecución penal contra los Mossos, porque demostraría la impotencia del mecanismo de articulación del control represivo de que dispone el Estado español, que sin embargo en el atentado terrorista de agoto en Barcelona había sido celebrado con razón. Este hecho es tan evidente que las fuerzas políticas que dirigen el proceso represivo han dado marcha atrás, insistiendo en la unidad de las fuerzas policiales en un mando único. El propio ministro Zoido ha templado gaitas incluyendo a la policía autonómica en el conjunto de las fuerzas del estado, sin insistir en la “traición a la confianza” que sin embargo se anunció a comienzos del día, aunque otros protagonistas del campo político, como Margallo haya insistido en la “traición” de este cuerpo de seguridad autonómico.

La intervención de los cuerpos de seguridad del Estado arrancando urnas y papeletas, rompiendo cristales para entrar en los colegios electorales, enfrentados a cientos de ciudadanos, es la confesión de un descalabro político, el de las indicaciones del gobierno para prohibir que la gente participe. Las filas de votantes, que permanecen impertérritos durante horas y horas, no pueden entender la intervención policial para impedirles ejercer lo que entienden unánimemente es un derecho democrático. Desde otro punto de vista, es la muestra de una vitalidad democrática y ciudadana extensa, a la que ni la acción policial y el miedo que esta puede inducir, no impide su realización.

La movilización está siendo formidable. Eso es indudable. Y los que priorizamos el análisis de este tipo de procesos sociales, no podemos sino valorar este hecho notorio que ha puesto en marcha a tantas personas, de edades, clases e ideologías diversas en defensa del derecho a participar en la determinación de su futuro como ciudadanos y ciudadanas.

No podemos hoy atender a quienes piensan que se trata de un Brexit insolidario, que impugna el elemento central distributivo del Estado Social. Las amenazas contra los no independentistas, las acusaciones de traición contra los Comunes y las personalidades que mantenían que el referéndum carecía de garantías, los insultos en las redes, Coscubiela y Serrat, todo se ha borrado este primero de octubre ante miles de ciudadanos que exigen votar como un derecho y que demuestran su voluntad de poder a partir de una resistencia activa pacífica, masiva. Un proceso lleno de irregularidades, sin atender el respeto de las minorías, una imposición del resultado sin ninguna posibilidad de verificación objetiva, son hechos asumidos que sin embargo pierden inmediatez ante la gigantesca incorporación ciudadana.

El argumento que machaconamente repite el gobierno es que el referéndum no se está produciendo porque es ilegal y porque no es posible. Que en un campo está la legalidad y en otro la sedición. Sin embargo, todos sabemos que la relación entre el campo de la realidad social y su regulación jurídica es complicada. En muchas ocasiones, lo legal se convierte en ilegítimo, es decir, que para una gran parte de la ciudadanía la norma prohibitiva de la celebración de referéndum carece de validez y ahora también de eficacia. Y viceversa, a partir de este día, el espesor político de las actuaciones ilegales es mucho más grande.

La formidable movilización debe abrir un espacio de negociación para encauzar esta crisis aguda de legitimación del Estado y del orden constitucional que permita encontrar un marco que abandone la unilateralidad del independentismo y del gobierno catalán y que redefina de una manera consensuada y ciudadana el encaje territorial de Catalunya con el estado español, lo que tiene que llegar a diseñar una nueva estructuración territorial en la Constitución. Pero al margen de las posiciones políticas que se deben confrontar en este proceso, lo que ha sucedido en el 1-0 debe servir fundamentalmente para una cuestión prioritaria, la de revertir sobre el gobierno las consecuencias de este momento. El inmenso error que ha cometido el gobierno del PP el día de hoy lo tienen que aprovechar las fuerzas democráticas. El gobierno de Mariano Rajoy no puede seguir ni un momento más con un apoyo parlamentario suficiente. Urge que los partidos políticos presentes en el Congreso de Diputados acuerden una moción de censura que desaloje al personaje y al partido que le sostiene de la dirección del gobierno y los sustituyan por una nueva gobernación del Estado que aborde este proceso de redefinición del Estado español. Y no sólo eso, ya los lectores me entienden. Esperemos noticias, atentos como siempre a la pantalla del dispositivo móvil.




jueves, 28 de septiembre de 2017

EMPRESAS TRANSNACIONALES Y CADENAS DE SUMINISTRO


Este post va dedicado a Jose Carlos González, que lleva trabajando estos temas desde hace años y que se sigue apasionando en el debate por un mundo mejor que resulta posible y necesario.
Las cadenas globales de suministro o las cadenas de producción de las empresas transnacionales generan consecuencias muy negativas en orden a preservar las condiciones de trabajo, de salud laboral y ambiental y en general respecto del concepto de trabajo decente, que lleva aparejado a su vez el respeto de la libertad sindical y derecho de negociación colectiva, la prohibición de discriminación y derechos a la salud en el trabajo y a la protección social. Estas consecuencias muy negativas que conducen a la sobre explotación del trabajo tienen que ver con una cierta “compulsión del mercado” que empuja a la misma. En efecto, los intereses de las grandes marcas y los compradores globales, en un contexto mundial de alta competitividad, presionan a sus proveedores para reducir costes y tiempo de entrega de la mercancía, y los propios proveedores contratistas o subcontratistas de estas grandes marcas compiten fuertemente entre sí al tener un estrecho margen de beneficio que se recorta si pagan mejores salarios, recortan la jornada laboral o atienden las condiciones de trabajo y la salud laboral. Los gobiernos de los países donde se despliega el trabajo subcontratado para las grandes transnacionales, consideran frecuentemente que este hecho económico es una fuente de empleo que se debe preservar, con independencia de las condiciones en que se preste éste y en fin, el éxodo rural a la ciudad de una serie de trabajadores se interpreta como un movimiento migratorio en búsqueda de un aumento del nivel de vida.
El problema que se plantea entonces es el de conciliar esta compulsión a la sobre explotación del trabajo que convierte a las empresas transnacionales en sujetos activos de la misma, con el marco civilizatorio de alcance universal que obliga a respetar y garantizar los derechos fundamentales de las personas en todo el planeta, también de aquellas que trabajan. En esta “conciliación” están interesadas las organizaciones internacionales de derechos humanos y la OIT, el sindicalismo global y nacional, las ONGs y, posiblemente con motivaciones diversas, las propias Empresas Transnacionales. Para ellas esta confrontación entre sobre explotación laboral y derechos humanos se presentó en su comienzo como un problema moral – no someter el trabajo a condiciones abusivas, degradantes o nocivas para el ambiente, consideradas como “no éticas” – frente al cual era la empresa transnacional la que debía reaccionar ajustando su conducta a unos estándares éticos que se correspondieran con el respeto a los estándares mínimos que se correspondían con los derechos humanos laborales reconocidos en los textos internacionales vigentes para los estados de la comunidad internacional. En una fase posterior, el problema se ha tecnificado mediante los llamados sistemas de certificación y el recurso a las normas de excelencia empresarial, normas ISO, etc., de manera que la certificación a cargo de un organismo técnico garantiza las condiciones de “sostenibilidad” o de actuación responsable de la empresa.  Sin embargo, más interesante y significativa ha resultado una fase ulterior, en la que este problema ha resultado atraído a la esfera de las relaciones contractuales, mediante la entrada en escena de la consideración de la vertiente colectiva de las relaciones laborales y la reivindicación sindical de su presencia en el espacio global ocupado por la empresa transnacional.
En efecto, a partir de la experiencia de los Códigos de Conducta, el sindicalismo global quiso utilizar este tipo de instrumentos voluntarios y privados insertándolos en un esquema bilateral mediante su conversión en un acuerdo negociado cuyo principal objetivo era el preservar normas fundamentales de derechos humanos y estándares laborales allá donde la empresa transnacional se localizara, y con independencia por tanto del sistema legal del territorio en el que se dispusiera. Un reconocimiento de derechos laborales que se hacía depender del acuerdo colectivo entre los representantes sindicales globales y la empresa transnacional y en donde el problema de la eficacia se hacía depender fundamentalmente de mecanismos de compulsión contractuales compuestos de una serie de obligaciones de formación y de supervisión relativamente complejas que se situaban en el espacio de la regulación privado-contractual que está en la base de esta regulación .
La peculiar estructura de la implantación de la empresa transnacional a partir de la elaboración de una cadena de contratas y subcontratas del producto dificulta sin embargo seriamente tanto el esquema de la responsabilidad social unilateral de la empresa expresada a través del código de conducta, como la relación contractual fijada mediante el acuerdo colectivo estipulado comúnmente entre las federaciones internacionales de sector y la empresa transnacional, puesto que la externalización de la producción también implica la del vínculo responsable . De esta manera, el problema se centra en definir un mecanismo de extensión de esta responsabilidad a lo largo de la cadena de suministro, pero este objetivo requiere a su vez el establecimiento de obligaciones de información por parte de la empresa en orden a la identificación de las empresas contratistas y subcontratistas, lo que permitirá seguir los caminos que ha recorrido el producto a lo largo de las cadenas de suministro, lo que se ha venido en llamar la “trazabilidad social” de éstos .
Pero, de manera más importante y en segundo lugar, ello implica la imposición, como una condición anexa a las instrucciones de fabricación del producto, del respeto a los contenidos del acuerdo como condición para el establecimiento de relaciones comerciales con la empresa transnacional. Esta obligación, pactada en el acuerdo global, funciona en el ámbito privado como las cláusulas sociales de los tratados comerciales internacionales o las que se imponen en la contratación administrativa pública. Se traduce en un propio “deber de influencia” que desemboca en caso de incumplimiento por parte de las empresas contratistas, en la resolución del vínculo contractual como condición resolutoria del mismo. 
Este desarrollo relativamente lineal del espacio privado de la empresa global como un ámbito de regulación progresivamente atraído hacia la esfera de la negociación colectiva, se ha enriquecido recientemente con nuevas experiencias que han conducido a un acuerdo global multilateral y multiempresarial que establece la responsabilidad de éstas frente a los riesgos para la salud y la vida de las y los trabajadores de las contratas derivados de sus condiciones de trabajo. Es el caso del Acuerdo Multilateral que tiene su origen en la tragedia de Rana Plaza en Bangladés que han firmado 200 empresas transnacionales del textil y de la moda (http://bangladeshaccord.org/signatories/)
Como es previsible, la extensión de estas fórmulas han generado tendencias en paralelo para que el derecho global de los derechos humanos laborales se reapropie de los mismos mediante la previsión de fórmulas de “anclaje” de éstos en algún ordenamiento jurídico nacional , o a través de la disposición de instrumentos internacionales vinculantes que originen obligaciones estatales de vigilancia y control sobre la actuación de las empresas transnacionales en materia de derechos humanos laborales, de manera que por esta vía se complete la efectividad de los estándares de trabajo a los que se ha comprometido la empresa transnacional mediante el acuerdo global con los sindicatos. Este tipo de tendencias que se están desarrollando en la actualidad han encontrado encaje en iniciativas legislativas de las que posiblemente la más conocida sea la Ley francesa sobre la vigilancia de las empresas transnacionales aprobada en el otoño del 2016, pero hay otros ejemplos interesantes en Gran Bretaña, Suráfrica o el estado de California, que deberían ser conocidas y extendidas.
En la doctrina laboralista que se ha ocupado del tema, la búsqueda de la “exigibilidad” de estos estándares de trabajo derivados de las regulaciones privadas cuyo centro es la empresa transnacional ha resultado siempre una constante, prefiriendo en general la vía de la justiciabilidad de estas obligaciones a través del ordenamiento judicial del país al que pertenece la empresa matriz. Sin embargo, últimamente, cobra más fuerza la idea de obtener un tratado internacional vinculante para los estados en los que, siguiendo el esquema de las Normas Ruggie, el Estado vigile y controle el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. En este caso, también se plantea el problema de la responsabilidad diluida a partir de la externalización en las cadenas de suministro, pero sin duda es esta una idea muy potente que conviene no solo conocer sino apoyar colectivamente.
Se trata en definitiva de problemas abiertos a los que el sindicalismo internacional tiene que ir dando respuesta (y propuesta), pero que afecta también de manera directa a los sindicatos nacionales de aquellos países desarrollados que, como España, son la sede de importantes empresas transnacionales que actúan en una dimensión global. Ya habrá tiempo de volver sobre este tema más adelante, con ocasión del acto que el 4 de octubre se efectuará para celebrar el décimo aniversario del Acuerdo Inditex. Pero tiempo al tiempo y permanezcan atentos a las entradas de este blog.

martes, 26 de septiembre de 2017

LAS ELECCIONES ALEMANAS: TENDENCIAS POLITICAS EN EL CENTRO DE EUROPA



La importancia de las elecciones en Alemania se constata en cuanto que se trata del país que dicta las políticas que deben seguir el resto de los estados miembros de la Unión Europea y que además representa una importante estabilidad gubernamental, con su canciller, Ángela Merkel, con cuatro mandatos consecutivos al frente del gobierno, y a partir de las elecciones del 2013, en una gran coalición con el Partido Socialdemócrata Alemán, garantizando de esta manera una estabilidad parlamentaria plena. Además, esta alianza implicaba hacia fuera de Alemania la convergencia de las dos grandes fuerzas políticas mayoritarias como sostén y apoyo de las políticas europeas que habían sido llevadas a cabo con extrema violencia entre el 2011 y el 2013 y cuya pervivencia aparecía asegurada por esta gran coalición de izquierda y derecha, con efectos indudables sobre una cierta entente generalizada en el parlamento europeo entre el socialismo democrático y la derecha conservadora a propósito de la conservación del statu quo derivado de la austeridad.

Este panorama estable ha sido sacudido por dos hechos externos, que sin embargo han influido directamente sobre los electores alemanes. De una parte, el fracaso europeo en torno a la retirada de Gran Bretaña en el Brexit, y, de manera mucho más directa en el caso alemán, la política de acogida a los refugiados que ha realizado el gobierno Merkel a la vez que respaldaba la política europea de cierre de fronteras y de delegación de la represión en Turquía. Junto a ello, una cierta presión interna de algunos sindicatos especialmente activos, como Ver.di dentro del DGB, exigían que el SPD recobrase su libertad de propuesta y no se considerara sometido a la política general del partido conservador. Por otra parte, el polo alternativo que desde perspectivas diferentes construían La Izquierda y Los Verdes, se comprometían contra las políticas de austeridad en Europa y por una política de asilo a los refugiados más activa y sincera, junto con una crítica severa de la dualidad del mercado laboral y la desprotección que estas políticas están generando entre los trabajadores del país. En las elecciones del 2013, el bipartidismo había obtenido una presencia abrumadora en la cámara, con predominio evidente de la coalición conservadora CDU-CSU, que en su conjunto sumaba 301 escaños de los 631 en total, frente a los 193 de los socialdemócratas. Frente a estos dos grandes bloques, la oposición de izquierda se estructuraba en torno a La Izquierda (64 diputados) y Los Verdes (63 diputados), sin que ningún otro partido hubiera superado el umbral del 5% a nivel nacional que se requiere para tener representación parlamentaria, de manera que en esta ocasión la concentración de voto en torno a los grandes partidos de centro derecha y centro izquierda había expulsado al Partido Liberal, que solo obtuvo un 2,8%. La existencia de Alternativa para Alemania, como grupo claramente xenófobo y de reminiscencias nacionalistas no muy gratas en aquel país, no tenía posibilidad electoral en aquel momento, aunque rozaba la representación requerida al alcanzar un 4,7%.

Hay que tener en cuenta que el sistema electoral alemán es peculiar, y en muchos sentidos muy atractivo desde el punto de vista del respeto del pluralismo político. El ciudadano dispone de dos votos, un primer voto a un candidato específico por circunscripción y un segundo voto a una de las listas cerradas que presentan los partidos. El primer voto (Erststimme) o voto por persona, de representación directa, y el segundo voto (Zweitstimme) o voto por lista, de representación proporcional. Los escaños se distribuyen entre los partidos que alcancen al menos un cinco por ciento del segundo voto. La distribución de los escaños que determina la composición de la Dieta Federal (Bundestag) se realiza a nivel nacional, en un distrito único. El parlamento consta de 598 escaños fijos, a los que se añaden los llamados asientos adicionales, que tienen como objetivo mantener la proporcionalidad entre los dos tipos de votos. Así, mientras que en las elecciones del 2013 el número total de diputados fue 631, en las elecciones del 2017, por el contrario han sido 709. Es un sistema proporcional que obliga por tanto a las coaliciones de gobierno y no prioriza, como en Francia, la polarización entre bloques de izquierda y derecha.

Como se sabe, el resultado electoral del 24 de septiembre del 2017 ha supuesto un cambio significativo de las opciones de voto de la ciudadanía alemana, una parte importante de la cual ha desplazado su voto hacia la formación AfD, un partido de orientación nacionalista, xenófoba y neoliberal, con conexiones marginales respecto del neofascismo, que ha hecho de la política de acogida a los refugiados su blanco principal, situando en ese hecho la clave para interpretar la mala situación de una parte de la población, la precariedad y los bajos salarios junto con el reproche al gobierno alemán de cumplir escrupulosamente los compromisos de acogida mientras que los países vecinos – Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia – hacen caso omiso de los mismos para proteger su mercado laboral interno. Pero además de este hecho notorio, las elecciones han contemplado el retorno del Partido Liberal con una gran fuerza, y la consolidación del espacio electoral de los dos partidos alternativos al sistema, La Izquierda y Los Verdes. En el lado de los perdedores, el partido de Merkel y Schaüble (CDU) con sus aliados bávaros (CSU), pero también el SPD, con lo que se interpreta como un castigo a la coalición gubernamental.

En el cuadro adjunto se pueden ver tanto los escaños obtenidos por los diferentes partidos como la pérdida sufrida respecto del cuadro de las elecciones del 2013, y a continuación, el número de votos calculado en millones y el tanto por ciento de incremento o de pérdida de voto respecto de las elecciones del 2013.

CDU
200  (- 55)
12,4  (-7,4)
CSU
46 (-10)
2,86 (-1,2)
SPD
153 (-40)
9,5 (-5,2)
Die Linke
69 (+5)
4,29  (+0,6)
Grüne
67  (+4)
4,15 (+0,15)
FDP
80 (+80)
4,99 (+6,0)
AfD
94 (+94)
5,87 (+ 7,9)

Como puede verse, resultan extraordinariamente significativos los casi seis millones de votos que cosecha AfD, pero también es importante la irrupción de los liberales, con cinco millones de votos, como elemento de desacuerdo y de corrección de la política de la gran coalición, mientras que la izquierda y los verdes se mantienen en ese equilibrio en torno a más de cuatro millones de votos cada uno.

Si se examinan los datos por estados – lo que puede hacerse consultando esta página, https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/ergebnisse/bund-99.html - se constata la diferencia entre Este y Oeste de Alemania, y el incremento exponencial mayor de Alternativa para Alemania en el este, que arrebata votos tanto a CDU  y a SPD como a La Izquierda, en estados en los que ésta tenía una sólida presencia electoral, como Turingia, Mecklemburgo, Brandenburgo o las dos Sajonias. Sólo ha resistido mejor Berlin, en donde el desplazamiento de votos hacia Alternativa para Alemania no ha sido tan fuerte y La Izquierda incrementa sus votos hasta el 20,2%, compitiendo con el SPD, que tiene el 21% y regitra una fuerte pérdida de votos en esta ciudad. Por el contrario, La Izquierda ha mejorado sus posiciones en los estados del Oeste, especialmente en las grandes ciudades, pese a que en la Alemania del  Oeste también se ha dado un crecimiento muy importante de AfD, proveniente previsiblemente de los votantes del partido conservador.

En general, se constata un descenso importante tanto de CDU-CSU como del SPD. La emergencia del partido liberal parece también que debe interpretarse como una crítica electoral a la experiencia de un gobierno de concertación que deja sin opciones políticas al centro fuera de esta coalición entre derecha e izquierda. La pérdida de votos y de escaños se lee por consiguiente no sólo como cuestionamiento de la “gran coalición”, sino, consecuentemente, como una reivindicación del pluralismo frente a la concentración bipartidista que se produjo en el 2013. El SPD ha obtenido el peor resultado de su historia y  para encontrar un resultado menos favorable para la coalición cristiano –demócrata hay que remontarse a 1949.

Lo que es incuestionable asimismo es que los resultados electorales suponen un giro a la derecha en sus dos vertientes, la hipernacionalista y xenófoba y la neoliberal (que se retroalimentan más fácilmente de lo que sería previsible), un debilitamiento del SPD en cuanto incapaz de mostrar un proyecto de regulación social propio y convincente para una mayoría de progreso, y la imposibilidad de las fuerzas del cambio alternativo de extender su campo de influencia, más allá del espacio en el que se mantienen, aunque es significativa la progresiva inserción en las grandes ciudades del oeste de Die Linke. El problema por tanto ahora es el de ver qué tipo de alianza de gobierno se establece, dado que el apoyo de los liberales a los diputados del bloque cristiano demócrata de Merkel no garantiza la mayoría de la cámara, y el SPD no está dispuesto a volver a entablar una “gran coalición” que se interpreta como la causa principal del peor resultado electoral de su dilatada historia. Y, en fin, tampoco los Verdes parece dispuestos a sostener un gobierno negro/amarillo con la hegemonía cristiano demócrata.


No son buenas noticias por consiguiente para Europa. Así lo han reconocido todos los partidos involucrados y el sindicalismo alemán y europeo. La nota de CCOO que analiza este hecho – y que el  lector puede consultar en la transcripción de la misma que hace el blog hermano Metiendo Bulla  en esta página Las elecciones alemanas segun CCOO - lo deja muy claro: “CCOO lleva tiempo advirtiendo de que o se produce un cambio profundo en la UE, hacia políticas más sociales, donde los trabajadores recuperen poder adquisitivo, se ponga fin a la precariedad, y se lleve a cabo una política sobre los refugiados basada en los Derechos Humanos, o las consecuencias pueden ser muy graves. En ese sentido, la adopción el próximo mes de noviembre de un Pilar Europeo de Derechos Sociales, con un fuerte contenido social y vinculante para todos los Estados miembro, es fundamental.”. Este es el reto que tenemos ante nosotros y que el panorama alemán reactiva de manera urgente.