jueves, 31 de agosto de 2017

LA LUCHA POR LOS DERECHOS SOCIALES EN MÉXICO. HABLA JOAQUIN APARICIO




Joaquín Aparicio ha estado en México invitado por la UNAM y ha pronunciado diversas conferencias en Ciudad de México y en Oaxaca. Ha publicado en su blog hermano Desde mi cátedra una reflexión sobre la difícil situación de los derechos sociales y del sindicalismo libre en México, que reproducimos a continuación. 



MÉXICO: LA DIFÍCIL LUCHA POR LOS DERECHOS SOCIALES

Joaquín Aparicio Tovar

Los terribles sucesos de Barcelona nos han dejado memorables lecciones de civismo, solidaridad y generosidad de tantas personas que ayudan sobremanera a reforzar la fe en la bondad del ser humano. También, por desgracia, no han perdido la ocasión para sacar su hiel y maldad esa parte minoritaria y secular de la sociedad española, pero con gran repercusión mediática, que permanentemente se empeña en enfangar nuestra convivencia. Pero el mundo es más grande que Cataluña y España y, cuando con todo acierto un grupo de ciudadanos de Cataluña ha publicado el manifiesto Por la unidad y solidaridad de la clase trabajadora de España. No a la independencia. No a la secesión de Cataluña. No al 1-O, que alude a la necesaria solidaridad de la clase trabajadora de Cataluña y España, conectando con la europea, no está demás seguir recordando que los derechos de los trabajadores se juegan en el tablero del ancho mundo. No en vano las reformas neoliberales que se aplican por estos lares son muy similares a las que se están poniendo en práctica en países como Brasil o México.

En este último país se cumplen ahora cien años de la venerable constitución de Querétaro, cuyo art. 123 estableció por primera vez en un texto constitucional una enumeración de derechos sociales y que recientemente ha sufrido algunas modificaciones. Bien sabemos de la azarosa historia de aquel gran y entrañable país, que tuvo momentos de gloria, en especial cuando Lázaro Cárdenas fue presidente entre 1934 y 1940.  La movilización de los trabajadores empujó al presidente Cárdenas a nacionalizar la industria petrolera, con gran disgusto de los oligarcas del norte, a poner en práctica una compleja reforma agraria y a garantizar la libertad sindical, entre otras cosas. Lázaro Cárdenas nunca será olvidado por la generosidad con que acogió a los exilados españoles perseguidos por el fascismo de la asesina dictadura de Franco. Después las cosas no han seguido por el mismo camino. Una de las mayores deficiencias ha sido la evaporación de la eficacia de los derechos reconocidos en los textos legales que no se traducen en su aplicación. Los sindicatos fueron tomados por sujetos que  usando la violencia si era necesario los pusieron al servicio del poder político y empresarial. Es el fenómeno conocido como el “charrismo”. Una perversión (de las muchas) de ese proceso son los llamados convenios colectivos de protección patronal, por medio de los cuales una empresa firma un convenio colectivo favorable a sus intereses con un sindicato fantasma a cuyos supuestos dirigentes financia con generosidad, pero de ese modo bloquea la posibilidad de que un auténtico sindicato negocie un convenio colectivo con mejoras para los trabajadores.  La lucha de los sindicatos democráticos está consiguiendo poco a poco poner coto a estas prácticas y han conseguido que se aprueben algunas normas que, de ser aplicadas, supondrán un avance hacia una auténtica libertad sindical y de negociación colectiva. Pero la lucha es difícil y larga, y en ese camino la violencia extrema hace acto de presencia. Todavía no se ha aclarado la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014, por no hablar de los asesinatos de periodistas incómodos.

Otro hecho llama la atención, cual es que todavía no han sido rescatados del interior de la mina de carbón de Pasta de Conchos (Coahuila)  63  cuerpos de los 65 mineros muertos por una explosión en febrero de 2006, a pesar de las reclamaciones de los familiares y del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de México, uno de los sindicatos democráticos, esto es, no dominado por el “charrismo”. Precisamente su presidente, Napoleón Gómez Urrutia, permanece desde hace varios años exilado en Canadá por las amenazas a su vida y la de su familia a partir de un enfrentamiento de su sindicato con algunos de los más poderosos grupos económicos de la minería y la siderurgia de México para conseguir mejoras para los trabajadores. En esa persecución, como es habitual en todo el mundo,  se ha intentado utilizar demandas judiciales amañadas (acusaron en la vía penal de que presidente, con la anuencia de otros dirigentes sindicales, se apropió de unos fondos que estaban dirigidos a indemnizaciones de los trabajadores) que han servido para que los medios de formación de opinión del poder hayan recurrido a la injuria y la calumnia para difamar, a través de la persona de su presidente, al propio sindicato, a pesar de que al final, tras varios años, los tribunales de justicia hayan resulto que no había ningún delito de apropiación.

 La lucha de los trabajadores mexicanos en pos de una sociedad democrática en la que impere la libertad y la igualdad no debe ser ajena a los trabajadores europeos, en especial, por las vinculaciones culturales y afectivas, españoles, ya sean catalanes, andaluces o vascos. De hecho la solidaridad de los sindicatos canadienses y norteamericanos está siendo muy importante para que desde la distancia y con los medios de comunicación modernos, Gómez Urrutia pueda seguir ejerciendo funciones sindicales.

sábado, 19 de agosto de 2017

BARCELONA: NO TENEMOS MIEDO



Es difícil explicar la consternación que ha producido el atentado en Las Ramblas de Barcelona. Algunos comentarios sobre el acto terrorista han sido especialmente abyectos al relacionarlo con la problemática soberanista catalana - el blog de López Bulla recoge algunos de éstos – o incluso con la actuación del Ayuntamiento de Barcelona liderado por Ada Colau, pero la respuesta ciudadana en todo el Estado español y especialmente en la ciudad de Barcelona, ha sido impresionante.

Ha habido multitud de comunicados y las redes sociales desbordan con imágenes y palabras sencillas y solidarias, emocionantes. Este blog se une a ese amplio espacio de solidaridad y de respeto hacia el sufrimiento de la ciudad de Barcelona, repitiendo la que ha constituido la frase más reiterada. No tenemos miedo. “El miedo no prevalecerá. Volveremos a pasear por la Rambla y lo haremos con libertad y con amor por nuestra ciudad y por la vida”, como acababa la declaración institucional de la alcaldesa de Barcelona que ha leído en el pleno extraordinario convocado de urgencia. Debemos lanzar a los responsables de estos ataques un mensaje claro e inequívoco: no nos abrumarán. Estos atentados cobardes no cambiarán los valores de una ciudad valiente. No permitiremos que el odio ni el racismo arraiguen entre nosotros. Barcelona seguirá siendo una ciudad de paz, orgullosa de su diversidad y convivencia“ .

Los sindicatos CCOO y UGT han condenado, desde luego, el atentado. Los sindicatos de trabajadores de todo el mundo se han unido a esta condena, expresando su solidaridad. La nota que han hecho pública CCOO y UGT se inserta a continuación.

UGT y CCOO condenan el brutal atentado cometido ayer, jueves 17 de agosto, en Barcelona, así como el intento de atentado producido en la madrugada de hoy en la localidad de Cambrils (Tarragona), y expresan su solidaridad y afecto con los familiares y amigos de todas las víctimas.

Barcelona es una ciudad obrera, abierta y libre que, a lo largo de la Historia, ha dado ejemplo de lucha por la inclusión y la democracia. Una ciudad en la que conviven numerosas culturas y en la que sus visitantes respiran paz y tolerancia. Principios y valores que comparte la turística ciudad de Cambrils cuya paz y normalidad veraniega se ha querido quebrar de forma brutal. Ningún acto de odio y violencia podrá doblegar el deseo de todas y todos los que viven en ambas ciudades de seguir haciéndolo de manera pacífica, libre y democrática.

CCOO y UGT quieren felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras de los cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios sociosanitarios, transporte, etc… que, de manera ejemplar, han atendido con profesionalidad y cuidado a las víctimas del cruel atentado, y siguen volcados en el esclarecimiento de los hechos, la persecución de los culpables y su puesta a disposición de la Justicia.

UGT y CCOO hacen un llamamiento a todos y a todas las trabajadoras para que hoy, viernes 18 de agosto, a las 12:00 horas, se concentren en las puertas de sus centros de trabajo y muestren con un minuto de silencio su solidaridad con las víctimas y su compromiso con la paz, la justicia, la tolerancia y la democracia, señas de identidad de la clase trabajadora.


Asimismo, CCOO y UGT llaman a sus afiliadas y afiliados y a toda la ciudadanía a que acudan y participen en los actos que se convoquen en las distintas localidades de España.

jueves, 17 de agosto de 2017

LA JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE: 7 DE OCTUBRE 2017


La Confederación sindical Internacional (ITUC-CSI) ha comenzado los preparativos para la jornada mundial por el Trabajo Decente, que se fijó desde el 2008, para el día 7 de octubre, con la pretensión de que paulatinamente fuera constituyendo una fecha en torno a la cual se abriera en la opinión pública global la problemática del trabajo como un elemento central en la composición de las sociedades, al tiempo que serviría de denuncia de las condiciones de trabajo vigentes en muchos países del mundo inferiores a los estándares que la OIT ha cifrado en torno a la expresión trabajo decente.

La breve nota que ha hecho circular la CSI – y que se reproduce a continuación – insiste en una realidad fragmentada y desigual que caracteriza la situación global del trabajo, en un marco de salida de la crisis en las economías desarrolladas – USA  y la Unión Europea – que se ha saldado con un deterioro de las condiciones de trabajo y la degradación salarial de amplias capas de la población trabajadora. Este panorama sombrío se une a la dificultad creciente de regular el espacio global en el que desenvuelven su actividad los sujetos emergentes del poder económico mundial, las empresas transnacionales, que cada vez más incrementan sus beneficios vulnerando en una buena parte de los lugares en los que se instalan los derechos humanos. Las iniciativas por establecer límites y responsabilidades a la actuación de las ETNs son en muchos aspectos obstaculizados por los gobiernos nación ales y la propia gobernanza europea, y la OIT no consigue arrastrar de manera efectiva a una serie importante de naciones hacia el respeto de la noción de trabajo decente.

En todo caso, la Jornada del 7 de octubre no es – o no debería ser – este año un mero recordatorio ritual de la presencia de los sindicatos en más de 160 países o territorios a lo largo de todo el globo, y de la actuación de éstos por la protección de los y las trabajadoras como una condición de democracia y civilización. En toda Europa, podría constituir un momento para reivindicar, en el seno de la CES, un verdadero plan social para Europa y la recuperación de una parte de las condiciones retributivas y sociales arrebatadas durante la crisis. En España, en concreto, la conexión de la noción de trabajo decente con la recuperación de una negociación colectiva que recupere posiciones de equilibrio en el reparto de poder en el seno de la empresa, que recupere poder adquisitivo de los salarios y que extienda un principio de estabilidad frente a las tendencias a la precarización acentuadas por la legislación y la estructura de la externalización de servicios, podría ser un elemento importante en el proceso de movilización laboral que se irá desplegando en el próximo otoño.

Es importante por consiguiente que se vaya configurando un programa de acción para el 7 de octubre que permita conectar lo global con lo estatal reivindicando la transversalidad de la acción sindical y la necesidad de ir consolidando estructuras y estrategias multiescalares, en los distintos niveles en los que se despliega el conflicto capital y trabajo, que sigue siendo un elemento central para la conformación de las relaciones políticas y sociales a lo largo del mundo.

Jornada Mundial por el Trabajo Decente 7 de octubre de 2017 - Alto a la Codicia Corporativa: El mundo necesita un incremento salarial

Bruselas, 16 de agosto de 2017 (CSI): El 7 de octubre de este año se celebrará el 10º aniversario de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMTD). Millones de personas han tomado parte en eventos relacionados con la JMTD desde 2008.

             Desde 2015, el 1% más rico ha acumulado más riqueza que el resto del planeta (Oxfam)
             71% de la población afirma que los Gobiernos deben aspirar a un aumento de sueldo para los trabajadores (Encuesta Mundial de la CSI 2017).
             80% de la población piensa que el salario mínimo en su país es demasiado bajo (Encuesta Mundial de la CSI 2017).

El 7 de octubre de este año se celebrará el 10º aniversario de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMTD). Millones de personas han tomado parte en eventos relacionados con la JMTD desde 2008 y este año será una vez más una jornada de movilización mundial: sindicatos en el mundo entero se manifestarán reclamando trabajo decente. El trabajo decente debe ser un elemento central de las acciones gubernamentales para recuperar el crecimiento económico y construir una nueva economía mundial que dé prioridad a las personas. Ninguna acción es demasiado grande o demasiado pequeña para la Jornada Mundial por el Trabajo Decente: puede tratarse de una mesa redonda, una manifestación masiva, una carta de protesta, una acción flashmob o algo completamente distinto.

Este año, nos centraremos en la lucha mundial reclamando salarios mínimos vitales y un aumento de sueldo para todos los trabajadores y trabajadoras. Los Gobiernos han de prestar atención al llamamiento de los trabajadores y trabajadoras que reclaman salarios decentes, empleos seguros y sin riesgos, y que dejen de ser la codicia corporativa la que establezca las reglas de la economía. Esto implica asegurar que los salarios mínimos sean suficientes para garantizar un nivel de vida digno y que todos los trabajadores tengan derecho a afiliarse a un sindicato y negociar colectivamente.

Este año, el 7 de octubre cae en sábado, lo que implica que algunas organizaciones podrían optar por organizar sus eventos durante la semana anterior o posterior a esa fecha.
Independientemente de los temas que escoja su organización para las actividades de la JMTD, les agradecería remitan la información pertinente a wddw@ituc-csi.org. Si tuvieran cualquier duda o pregunta al respecto, pueden enviarla también a esa dirección.

En breve les enviaremos material actualizado que podrían utilizar en esta jornada, así como información al respecto en redes sociales y sitios web, incluyendo ejemplos de actividades previstas por distintas organizaciones.


La CSI representa a 181 millones de trabajadoras y trabajadores en 163 países y territorios, y cuenta con 340 organizaciones afiliadas nacionales.



Para más información, sírvase ponerse en contacto con el Departamento de Prensa de la CSI llamando al +32 2 224 0352 ó por correo electrónico: mailto:press@ituc-csi.org

domingo, 13 de agosto de 2017

LA HUELGA DE VIGILANTES EN EL AEROPUERTO DEL PRAT. ALGUNAS ANOTACIONES



La huelga de los trabajadores que dificulta y obstaculiza el tráfico de personas en el período de vacaciones tiene siempre asegurada un puesto relevante en los medios de comunicación, aunque desde luego no en un sentido favorable sino claramente hostil. Los usuarios del servicio que desde hace ya un tiempo son calificados como “clientes” del mismo para acentuar el carácter mercantil que quiere resaltarse en esa relación, se muestran asimismo contrariados porque el tiempo previsto para su viaje de ocio – normalmente reducido por el coste económico y por la reducción de las vacaciones que se impone como regla social – se restringe en grandes esperas de hasta dos horas de duración, lo que les hace decir a algunos que las huelgas son lícitas siempre que no molesten. Esta situación es aprovechada por el poder público para impedir y vulnerar el ejercicio del derecho de huelga, esgrimiendo la legitimación mediática que construye el descontento popular en la opinión pública. La peculiaridad del conflicto de los trabajadores del servicio de vigilancia en el Aeropuerto de El Prat de Barcelona genera las breves anotaciones al margen que se expresan a continuación.

El curso de las cosas es bien conocido. Una convocatoria de huelgas parciales ante la negativa de la empresa a proceder a una sustancial mejora de las condiciones salariales y laborales de los trabajadores, la mediación de la Generalitat de Catalunya que presenta sin embargo una oferta considerada insuficiente por los trabajadores de vigilancia y seguridad, y, finalmente, entrada en liza del Ministerio de Fomento con un comité de crisis en el que están presentes AENA y la empresa concesionaria EULEN, la Generalitat de Catalunya y la Guardia Civil, junto con el gobierno estatal y la abogacía del Estado, que propulsa medidas excepcionales para acabar con la huelga, consistentes en imponer servicios mínimos del 90%, ordenar a la Guardia Civil sustituir a los huelguistas sobre la base del estado de alerta terrorista en el que se encuentra el país, y finalmente, iniciar los trámites que exige el art. 10.1 DLRT para la imposición de un arbitraje obligatorio que ponga fin a la huelga.

En estos tiempos de devaluación salarial y de precariedad laboral que las reformas laborales inducidas por las políticas de austeridad han generalizado en el mundo del trabajo, la huelga debe poder expresar con claridad cuál es la situación en el ámbito del trabajo concreto en el que se despliega, y las causas de la misma. Los trabajadores de EULEN en el aeropuerto barcelonés han dejado claro cuál es la causa principal de su conflicto, que reside en el mecanismo perverso de privatización y licitación de contratas de servicios sobre la base de un precio global reducido como único criterio de adjudicación que conduce necesariamente a la celebración de contratos de obra y servicio por el tiempo de duración de la contrata, con recortes de plantilla, y a la fijación de salarios extremadamente bajos y diferentes en función del ingreso del trabajador “más nuevos” respecto de los “antiguos”. Este hecho es bien conocido, pero se trata en la prensa y en los análisis de los comentaristas al uso como algo previo e inmodificable, como un “hecho de naturaleza” que no puede ser modificado y, sobre todo, que la acción colectiva de las personas que trabajan en unas condiciones de trabajo precarias y mal remuneradas, no pueden alterar porque implícitamente entienden que la lógica del beneficio plasmada en la contratación del servicio – beneficio para AENA que rebaja el coste del mismo, beneficio para EULEN, que obtiene la contrata para ganarlo – se basa necesariamente en la precarización y segmentación laboral y en la degradación de los salarios del personal que lo presta. No es necesario añadir que se trata de un razonamiento antidemocrático que ignora el contenido de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

AENA, que es una sociedad participada por el Estado al 51%, no sólo no considera este hecho un problema en relación con la garantía del derecho al trabajo, sino que indica que la privatización de servicios esenciales es la manera correcta de gestionarlos sobre la base de la promoción de las empresas privadas y la degradación salarial y laboral que la acompaña. Este es un punto importante, porque la privatización del servicio de vigilancia en los controles de seguridad de los aeropuertos se ha considerado por el Gobierno plenamente conforme con el interés público, sin que se añada a esta conformidad política ninguna preocupación porque el mecanismo de concesión administrativa garantice cláusulas sociales de respeto de los derechos laborales de las personas que deben desempeñar la actividad del servicio, lo que sería un elemento fundamental para ello, al margen de las implicaciones que tiene desde el propio punto de vista de la seguridad la despublificación de la vigilancia de estas instalaciones, como ha señalado la AUGC señalando que la LOFCS atribuye a la Guardia Civil la seguridad de los aeropuertos.

En cualquier caso, la alegación de una situación de alerta terrorista para imponer la sustitución del personal laboral que presta el servicio por miembros de la Guardia Civil supone una clara distorsión de esta cláusula de seguridad pública alegada, que se emplea realmente con una única finalidad, la de impedir el ejercicio del derecho de huelga de estos trabajadores. Es decir, que el acto del gobierno pretende, exclusivamente, vulnerar el derecho fundamental reconocido en el art. 28.1 CE y por tanto debe ser considerado nulo y contrario a derecho. Si la alerta terrorista justifica la asunción por el instituto armado de la Guardia Civil de estas labores de vigilancia, no es la situación de huelga la que condiciona su puesta en marcha, sino la consideración de la mayor solvencia dela Guardia civil como cuerpo de seguridad del Estado en estas labores de vigilancia frente al personal privado de una empresa de seguridad como EULEN. Lo contrario implica reconocer que la medida solo busca vaciar de contenido e impedir el ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos que el Gobierno está obligado a proteger y promover al estar sometido en su actuación al respeto de la Constitución.

Se trata desde luego de una afirmación retórica si hablamos del gobierno del PP. Para éste, como ha demostrado desde su primera versión con mayoría absoluta, continuada con el mismo ahínco a partir de su asunción en minoría con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE, la preservación del derecho de huelga no entra en sus postulados de gobierno. Lo hemos visto con la incriminación penal de los piquetes de huelga, a partir de la sañuda persecución de los mismos por la fiscalía del estado, pero se puede rastrear en la actitud gubernamental en todo conflicto en el que pueda intervenir para sofocarlo. En lo que respecta a este sector, la Ley 5/2014, de seguridad privada, establece la esencialidad de ese servicio a efectos de poder imponer limitaciones en materia de huelga, lo que a juicio del Ministerio de Fomento habilita a éste a imponer un mínimo de actividad del 90% para las huelgas convocadas, lo que supone, sin necesidad de argumentarlo en exceso, la supresión práctica del derecho de huelga para este personal. La doctrina del Tribunal constitucional sobre este tema exige que en cada huelga en concreto la autoridad de gobierno tiene que ponderar el impacto de la privación del servicio que se haya declarado esencial en el goce del derecho de los ciudadanos afectados por la huelga, en este caso el derecho al transporte de los ciudadanos nacionales y extranjeros desde El Prat. Está por tanto fuera de lugar alegaciones sobre la importancia económica del sector de transporte para la actividad turística, que son consideraciones ajenas al mecanismo de restricciones mutuas de derechos fundamentales que está en la base de la regulación de la huelga de servicios esenciales. El punto neurálgico aquí es preguntarse si los retrasos en los controles de seguridad de ese aeropuerto impiden el ejercicio del derecho al transporte y a la movilidad de los ciudadanos, o si lo obstaculiza y en qué nivel o grado, para sobre esa base decidir si se imponen servicios mínimos y con qué alcance. Naturalmente que una afectación del 90% es previsiblemente contraria al ejercicio del derecho de huelga y por tanto se trata de servicios mínimos que deben ser declarados nulos por vulnerar ese derecho.

La otra medida que el “Comité de Crisis” montado por el Ministerio de Fomento – que, por cierto, ha excluido a los representantes de los trabajadores, entendiendo por tales no al Comité de Empresa, sino a los sindicatos más representativos del sector, denotando claramente el propósito antihuelguístico de ese órgano informal de gobierno corporativo del conflicto – es poner en marcha el arbitraje obligatorio que prevé el art. 10.1 DLRT. Es el gobierno central quien, “a propuesta del Ministro de Trabajo” – hoy de Empleo – acuerda esta medida estrictamente política que incide en el panorama de las competencias “de ejecución” que tienen encomendadas las Comunidades Autónomas, y por tanto en el entramado conflictivo que mantienen el gobierno de España y la Generalitat de Catalunya. Al comienzo de la huelga, ambas instituciones aprovecharon la situación para culparse mutuamente del “caos” en el aeropuerto. Sin embargo, el objetivo final de acabar con la huelga ha hermanado a ambas instituciones, y la Generalitat ha estado presente en el comité de crisis avalando todas las medidas adoptadas en la Delegación de Gobierno  e incluso ha ofrecido la ayuda inestimable de los Mossos d’Esquadra como sustitutos de los huelguistas, aunque sus esfuerzos se están volcando en este momento en que la asamblea de los trabajadores del aeropuerto se desdigan de su anterior rechazo y acepten la propuesta de mediación de la Generalitat, apostando por tanto a la salida negociada al conflicto. El Ministro de Fomento ha afirmado asimismo que se trata del último recurso de que disponen los trabajadores antes de que se pongan en marcha el resto de medidas para impedirles el legítimo ejercicio de su derecho de huelga.

El arbitraje obligatorio es una medida poco usada, que requiere la “imparcialidad de los árbitros” y que puede ser impugnado judicialmente por carecer de los requisitos que la figura exige legalmente. Se trata de una salida autoritaria, excepcional, que pretende fundamentalmente impedir la huelga convocada, que si persiste tras la emisión del laudo arbitral, se consideraría ilegal y por tanto podría dar lugar a sanciones disciplinarias. La medida ha sido rechazada con firmeza por los sindicatos: "Es indefendible que se tomen medidas de carácter excepcional por tratarse de una cuestión tan relevante en un sector tan importante como el del transporte en plena temporada turística, después de externalizar servicios en condiciones laborales de precariedad y bajos salarios", ha hecho público en una nota CCOO.

Desde el punto de vista de la organización de la acción colectiva, los trabajadores tienen que saber que este tipo de medidas genera una resistencia muy fuerte por parte de las dos empresas en la cadena de la contratación y del poder público, decidido a impedir la eficacia del derecho de huelga. El carácter reducido y fragmentado del ámbito del conflicto en relación con el resto de las actividades y servicios del transporte aéreo en el aeropuerto, es también un dato que permite ambivalencias en la capacidad de presión, pero también ofrece debilidades claras. La salida a un conflicto estancado no puede darse más que a partir de la solidaridad con otros sectores que converjan en la presión y la redupliquen, dificultando a su vez las respuestas que el poder público ha puesto en marcha para sofocar la huelga. Extender el conflicto a todo el personal de AENA, como huelga de solidaridad fijada para un día con posibilidad de repetirse en fechas sucesivas, o incluso extenderla a otro personal de las contratas de seguridad en otros aeropuertos, podría ser clave para cambiar el nivel de presión e invertir la tendencia a un modelo de externalización asado en bajos salarios y precariedad laboral. Para ello es imprescindible el concurso del sindicalismo confederal en esta perspectiva de solidaridad, y por tanto en el planteamiento de una estrategia que trascienda las dimensiones clásicamente empresariales del conflicto, que hasta el momento son las que la práctica huelguística de los trabajadores y trabajadoras priorizan, y en especial en el ámbito de la subcontratación de servicios privatizados.


Todo el día del domingo 13 de agosto se celebra la asamblea de los trabajadores de EULEN en El Prat. A las seis de la tarde se prevé el recuento de los votos. Veremos entonces el desarrollo que cobra este importante conflicto del que se pueden extraer importantes consecuencias. 

jueves, 10 de agosto de 2017

LA REPUBLICA, DE JOOST DE VRIES


Tres queridas amigas y apreciadas colegas que pasan una corta estancia en Mallorca con sus respectivas hijas, han solicitado al titular de este blog un comentario sobre alguna “lectura no jurídica” que esté realizando en estas vacaciones. Así ha surgido este pequeño comentario a una novela del autor holandés Joost de Vries, denominada La república y que ha publicado, con traducción de Julio Grande, la editorial Anagrama.

El libro en su edición española tiene una portada inquietante, un cuadro del pintor norteamericano Walton Ford que representa una isla formada por una multitud abigarrada de perros australianos – los llamados “tigres de Tasmania” – en forma de pirámide donde se pueden observar algunos corderos mordidos por éstos, sin que haya sitio para nada ni para nadie en ese espacio cerrado y en gran medida claustrofóbico, que sin embargo alude, según su autor, al imaginario de los ganaderos australianos que procuraron la extinción de esta especie a finales de siglo. El autor de La República escribe en neerlandés y es crítico de arte, según señala la información de la solapa. Ha escrito un libro intelectual y posmoderno, que habla de muchas cosas y sobrepone discursos e imágenes potentes en una suerte de patchwork literario y cultural con grandes dosis de humor y de ironía.

El primer tema que resalta del libro es la descripción del mundo de historiadores y académicos que estudian exhaustivamente temas y problemáticas peculiares y acumulan datos y rescatan documentos que sin embargo no tienen apenas interés social o político más allá de la propia erudición que denotan. Un mundo que el autor sitúa entre los historiadores – el congreso al que asiste el protagonista tiene un título bien significativo, The End of History – pero no se requiere un gran esfuerzo imaginativo para trasladarlo a otras disciplinas en el propio campo del derecho, por ejemplo. Un mundo de revistas científicas que pese a su especificidad – o precisamente por ello – tienen un enorme impacto, y por ende una amplia cartera de solicitantes de publicación no atendidos, y una larga serie de congresos en donde los estudiosos, mayoritariamente hombres, se aíslan de lo que sucede al resto de las personas que pueblan el mundo y crean una propia y “nueva república” basada en la meritocracia del conocimiento y de la erudición. Una especie de comunidad que se cierra en torno a la sabiduría y al objeto de investigación como eje de la propia existencia y como justificación de la misma.

La parcela del conocimiento que De Vries utiliza como ejemplo es especialmente llamativo. Tanto el profesor y maestro sobre el que gira la trama como el protagonista de la misma, el secretario de la revista El sonámbulo, se dedican a los estudios sobre Hitler, que en efecto existen y tienen una enorme producción. La exposición por la novela de las diferentes ramas de los estudios hitlerianos – entre los que destacan los “hitlerianos de Berlin”, que estudiaban al Hitler de 1933 hasta el final, “el del poder, de las decisiones y sus consecuencias” y los hitlerianos de Weimar o de Munich (1918-1933), que “apelaban a un Hitler aún inacabado, descubriéndose a si mismo mientras entraba en contacto con el poder y sus seguidores”- son especialmente llamativas y le sirve al autor para lanzar una sutil advertencia sobre el neofascismo y las innumerables maneras en las que “Hitler estaba vivo” no sólo con el pretexto de una investigación sobre personas reales en Latinoamérica que, sin atender a su significado histórico y político – o en ocasiones aprovechándolo activamente, como el carabinero condecorado por Pinochet  - llevan como nombre propio el de Hitler. Sobre este entramado planea una parte del discurso, que plantea, en las disquisiciones de sus personajes, si Hitler fue un hecho histórico o sólo la huella de su imagen tal como la recogen las películas y las novelas, lo que conduce a su vez a la constatación de que la televisión y los medios de comunicación, la literatura y el cine tienen una gran capacidad para modificar la memoria colectiva sobre los hechos históricos, y la idoneidad por tanto de las actuaciones sobre ese espacio cultural y mediático para reconstruir el pasado y ofrecer una versión de los hechos históricos revisados o refutados en función de esa intervención sobre el campo de la representación de los mismos.

Hay muchas más referencias cruzadas y datos muy reseñables sobre este universo de investigaciones eruditas y en algunos casos excéntricas – como el porno hitleriano que se convirtió en un subgénero de los años 70, de orientación sado-maso -, pero el libro ante todo detalla la relación compleja entre el maestro y su discípulo ante la desaparición de aquél y la vivencia de la “sucesión” de su obra y de sus trabajos después de su muerte, su continuidad o permanencia a través del discípulo. La ausencia del maestro y la reivindicación de una suerte de filiación privilegiada o de “mayorazgo” que plantea una situación de celos y de conflicto entre quien se cree el legítimo heredero y quienes compiten con él por esa posición, que se desarrolla en situaciones de desdoblamiento de personalidad y de cruel confusión de identidades, y que es el aspecto más relevante de la novela, donde se despliega la trama más sugerente, que avanza y retrocede a partir de fragmentos de historias y de nuevos relatos que se incorporan sin que necesariamente tengan una relevancia directa en el motivo principal de la relación paterno filial entre el maestro y el discípulo y sus variaciones.

Este es el último elemento del libro que cautiva, la capacidad para enhebrar textos, formatos narrativos diferentes, referencias literarias y audiovisuales, graffitis y pintadas, juegos de rol, en una espiral en el que el engaño, la fantasía y la ficción se entremezclan de manera convincente y seductora, junto con una galería abierta de personajes insólitos, cazadores de nazis, jóvenes desmitificadores del saludo a la romana, líderes neofascistas holandeses y otras tantas figuras no desdeñables.




sábado, 5 de agosto de 2017

EN VACACIONES SOLO SE HABLA DE VENEZUELA Y DE CATALUNYA


Como habrán notado las lectoras y los lectores de este blog, han comenzado las vacaciones de verano. Es un tiempo de paseos, lectura y chapuzones en el agua, sin olvidar desde luego la nutrición exuberante y la ingesta de caldos de cierta calidad. Un requisito fundamental para poder disfrutar de este tiempo de descanso anual obligatorio es el de la desconexión de los potentes medios de comunicación que nos circundan, televisión y periódicos "oficiales", empotrados en el poder económico. 

En efecto, el que se ha denominado "derecho de desconexión" que se aplica concretamente al derecho que asiste a las personas que trabajan de no responder fuera de su horario laboral y en vacaciones a los mensajes de correo electrónico de la empresa - que ya asoma aquí en algún convenio colectivo en el que se pacta que la empresa "reconoce el derecho de los trabajadores a no responder a los mails o mensajes profesionales fuera de su horario de trabajo, salvo causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales" (El Convenio de AXA regula el derecho de desconexión) y que ha sido reconocido en normas francesas e italianas, como ha comentado Mari Luz Rodriguez en este didáctico texto desconexión digital via negociación coletiva aparecido en InfoLibre la semana pasada - debería adoptar también una versión ciudadana, ligada a la condición de trabajador y trabajadora que se encuentran en situación de descanso anual, pero ya no respecto de las instrucciones y directivas de sus respectivas empresas, sino de la fuente cotidiana y normal de recoger información. Una suerte de desenganche mediático que permitiría a estas personas emprender nuevas vías de información diferentes de las habituales, dedicarse a la lectura de textos no frecuentados, ver películas y leer novelas o ensayos, conocer otros lugares y rellenar las horas de ocio sin la compañía omnipresente del aparato de la televisión o el periódico oficial que se compra rutinariamente por la mañana o se lee en el bar al tomar el desayuno. 

Este desenganche mediático produciría efectos beneficiosos inmediatos tanto desde el punto de vista psíquico como físico, y mejoraría sin duda alguna la capacidad de información del sujeto y la posibilidad de desarrollar aspectos intelectivos hasta el momento ocultos ante la omnipresencia de un mensaje unívoco y machacón que nos circunda a todas horas.

Porque en efecto, los lectores y las lectoras de este blog coincidirán conmigo en que desde las plataformas mediáticas oficiales sólo se reciben informaciones continuas y sobresalientes sobre dos temas, Venezuela y Catalunya, de forma que el resto de los asuntos queda relegado a un lugar muy secundario. De Venezuela sabemos todo y a cada instante, en un tremendo torbellino de imputaciones que comparten desde Felipe González, hasta Jose Maria Aznar, y en donde no hay comentarista que no insista en la necesidad de terminar con el Leviatán chavista encarnado en Maduro y su corte de apoyo. Hasta en la COPE, cadena de los obispos, hubo de escucharse el jueves un alegato contra el Papa Francisco por su labor de mediación en el pasado y su tibia reacción actual frente a los acontecimientos de aquel país caribeño; nada decimos del ímpetu de tertulianos y expertos en esta materia. Sabemos que un 40% del censo electoral ha votado en las elecciones juzgadas incompatibles con la democracia aunque previstas en la Constitución bolivariana, y comprobamos que los juicios sobre la situación venezolana suben de tono y de grado, exigiendo la acción directa, el levantamiento popular y el concurso del Ejército en un golpe de Estado frente al que unánimemente se define como tirano aunque resultara elegido por mayoría popular en elecciones democráticas. No es muy comprensible este empecinamiento en el país caribeño, ni siquiera porque a cada noticia sobre él se insista en recordar los lazos entre el chavismo y los dirigentes de Podemos como el pecado original imborrable de esta formación política. Este ligamen Venezuela / Podemos es demasiado burdo y además Unidos Podemos ha sabido reaccionar eficientemente frente al mismo. Sería sin embargo más útil para la información de todos desconectar los diferentes telediarios, no consultar las primeras páginas de todos los diarios oficialistas y proceder a leer, por ejemplo el libro de Albert Noguera recién publicado en Trotta, "El Sujeto constituyente entre lo viejo y lo nuevo", para poder opinar sobre el modelo de "democracia de movilización" que supone la constitución bolivariana y la relación dialéctica que ésta quiere incorporar entre el líder y la masa y las dificultades y críticas que este modelo institucionalizado plantea. 

Y no digamos nada del otro gran tema, el de Catalunya, en donde el nacionalismo español se expande de manera inmediata sobre un nacionalismo catalán que se contrae en la misma dirección y viceversa, con afirmaciones grandilocuentes y amenazantes que son especialmente administradas por el gobierno del Estado español en el sentido de negar validez y legitimidad no sólo al referéndum del 1 de octubre, sino a cualquier iniciativa política que defienda la posibilidad de una consulta popular en Catalunya. Las noticias sobre este tema que se reiteran desde el establishment mediático son especulares respecto de las de Venezuela, donde el conglomerado político defensor del "si" ocupa el lugar reservado en la historia a la bellaquería y a la villanía, y a su vez, en un nuevo reflejo de estos espejos deformantes, desde los medios fieles a la gobernación catalana ese mismo lugar se retiene para todo aquel que ponga en duda o entienda incorrecta la llamada a preservar la identidad nacional en el referéndum. Lo que sabemos es que para el Partido Popular el combate contra Catalunya le proporciona inmensos réditos electorales como defensor de la unidad nacional y le permite asimismo que no se hable de Gürtel ni de las incoherencias de fondo de la deposición como testigo del presidente del gobierno en este proceso, ni en general de las consecuencias importantes que la corrupción está generando en la forma de administrar los asuntos públicos en aquellos lugares  - tan numerosos - en donde el Partido Popular ha gobernado. Entender que el inmovilismo del PP se obstina en impedir el derecho a decidir en Catalunya pero que el referéndum organizado por la Generalitat tiene importantes carencias en orden a garantizar la decisión real del censo electoral en esa comunidad autónoma y por tanto no puede ser apoyado, es una forma de ver la problemática en juego que resulta incompatible con el pensamiento único que desde el nacionalismo español y, especularmente, desde el nacionalismo catalán, se reitera y se recalca machaconamente. Un momento importante lo constituirá la manifestación del 11 de septiembre, pero se tiene la impresión de que se está conduciendo a una gran parte de la población catalana hacia un objetivo imposible, del que puede derivarse una gran sensación de frustración y de rabia cuya traducción política es incierta, más allá del cálculo electoralista inmediato que pueda efectuarse, por lo que más que nunca se requiere en este caso una mediación política y una negociación real y colectiva.

En resumen, comienzan las vacaciones. Y hagamos que éstas sean realmente tales mediante el desenganche informativo oficialista. Abrir espacios a una manera de ser informados para lograr una opinión propia y no determinada por manipulaciones y prejuicios, desconectar del ruido ambiental de una masa mediática que irrumpe y adultera los hechos producidos, dejar tiempo para leer, escuchar música y ver teatro y películas y cualquier manifestación artística que permita abrir la mente y dejar atrás por un tiempo la presión y el agobio de una realidad construida apresuradamente para que ninguno pueda exigir que le informen sobre las cosas que más interesan: por qué la patronal española se niega a permitir que suban los salarios, por qué aumentan significativamente las muertes en el trabajo desde hace dos años, cuál es la razón por la que no se cree más empleo que temporal y a tiempo parcial, cómo es posible que sigan muriendo cientos de personas por huir del hambre y de la miseria en el mar que les separa de Europa, por qué se ocultan las propuestas concretas de mejora de las condiciones de trabajo, de una mejor seguridad social, de una asistencia sanitaria más completa, plenamente pública y eficiente. Si es posible hablar de otra Europa sin reducirlo a un planteamiento de choque entre populismos, qué capacidad tenemos como colectivo para comprender que la democratización de la Unión Europea es el único modo de preservarla, que iniciativas son plausibles en un mundo global hegemonizado por la rapiña de las empresas y corporaciones transnacionales.

Estas son las cosas que en vacaciones se deben ir aclarando. Y para ello, desde luego, hay que desconectar del discurso monótono que reitera Venezuela y Catalunya como los únicos puntos de análisis y de la preceptiva política. Felices vacaciones.