viernes, 18 de mayo de 2018

EL “ACTIVISMO JUDICIAL” Y LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA ULTRA ACTIVIDAD DEL CONVENIO COLECTIVO




Hay historias que se prolongan durante más tiempo que el previsto. Así sucede con la ultra actividad del convenio colectivo. Ante la discutible y mal concebida fórmula de la reforma del 2012, según la cual transcurrido un año desde la denuncia del convenio, éste perdería, salvo pacto en contrario, su vigencia, la integración de esta fórmula con la realidad laboral la tuvieron que hacer los jueces, en concreto el Tribunal Supremo, en una Sentencia emblemática de 22 de diciembre de 2014 de la que fue ponente la magistrada Rosa Virolés. Como es sabido, la tesis “conservacionista” que se impuso a partir de esta decisión implicaba afirmar la continuidad de las condiciones de trabajo, es decir, de los derechos y obligaciones laborales recogidos en el convenio colectivo extinguido por obra de la disposición legal, con posterioridad a esta pérdida de vigencia del convenio, al mantenerse las mismas incorporadas a los contratos individuales de trabajo de los trabajadores afectados.

Si buceáramos en el propio archivo de este blog, veríamos que en la época este era un tema en el que la CEOE-CEPYME tenía puestas una buena parte de sus esperanzas para a partir de él conseguir acordar convenios colectivos en gran medida derogatorios de los estándares logrados en los anteriores pactos, al punto que el empresariado no sólo procedió a denunciar la vigencia de los convenios colectivos en masa, paralizando a continuación los procesos de negociación sin llegar a un acuerdo, aguardando a que pasara el plazo legalmente previsto, sino que también se negó a introducir en los Acuerdos Marco de Negociación Colectiva una solución negociada a este aspecto, aguardando la decisión del Tribunal Supremo, que confiaban avalara lo que para este sector eran las tesis “inevitables” de considerar decaído el convenio extinguido y su regulación de las condiciones de trabajo. Los pormenores de esta historia los puede encontrar el lector curioso en este enlace Sobre la ultra actividad de los convenios .

La sentencia sentó muy mal en el gobierno y no sólo allí, en especial en la Dirección General de Empleo, sino también en la presidencia del Tribunal constitucional de la época. A fin de cuentas, Pérez de los Cobos y Thibault Aranda habían sido los autores intelectuales de la reforma propiciada por el Partido Popular en el 2012 e incluso habían escrito, en el 2010, un artículo en el que proponían las grandes líneas que debería seguir la intervención normativa en la materia. La jurisprudencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo procedía a interpretar especialmente en materia de despidos colectivos y de negociación colectiva, los preceptos de la reforma del 2012, mientras que esta reforma laboral, casi en el mismo tiempo, había sido impugnada en sus aspectos inconstitucionales que sin embargo fueron convalidados con entusiasmo y sin fisuras por la mayoría del Tribunal Constitucional impulsada por su Presidente. Se creaban así dos espacios de interpretación. El correspondiente al nivel constitucional sanaba todas las medidas legales que se entendían compatibles con el marco constitucional, mientras que en el plano de la interpretación de la legalidad de la reforma, los jueces procedían a reescribir sustancialmente algunas normas de la misma. Pero esta sentencia del Tribunal Supremo no podía ser impugnada ante el Tribunal Constitucional puesto que ni los jueces habían entendido que el precepto vulneraba algún principio o derecho constitucional y por consiguiente no habían considerado el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, ni el tema planteado superaba el plano de la legalidad ordinaria y, al tratarse de la negociación colectiva, tampoco podía iniciarse un recurso de amparo.

Sin embargo, la decisión del Tribunal Supremo, con ocho votos particulares, algunos concurrentes y otros discrepantes, no sólo dio lugar a una amplia e interesante polémica doctrinal, sino fundamentalmente a una ácida crítica a la línea que había impuesto ésta como ejemplo claro del “activismo judicial” que el empresariado y el gobierno denunciaban como “obstáculos” a las reformas legales. La ministra de empleo llegaría a afirmar que temía más la interpretación de los jueces sobre la reforma laboral que a los “hombres de negro”, es decir los inspectores de la Comisión Europea que controlaban el gasto público sobre la base del rescate bancario obtenido por España. Y el empresariado acuñó el término “activismo judicial” como sinónimo de la resistencia de los togados a aplicar el imperio de la ley, y en consecuencia a oponerse a las decisiones adoptadas por los gobiernos democráticamente elegidos, cuya por el momento última efervescencia se encuentra en el criticado informe del Círculo de empresarios al que también se ha hecho referencia en este blog El Circulo de Empresarios contra el "activismo" judicial. En privado, el entonces presidente del Tribunal constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, habría de manifestar a la ponente de la sentencia, Rosa Virolés, que esperaba que ésta fuera impugnada ante el Tribunal constitucional para poder establecer la doctrina a su juicio correcta sobre este tema, es decir las tesis llamadas “rupturistas” conforme a las cuales – y por emplear la expresión de la propia STS de 22 de diciembre del 2014 – “los derechos y obligaciones de las partes pasarán a regirse exclusivamente por las normas estatales legales y reglamentarias, haciendo tabla rasa de las condiciones laborales existentes con anterioridad en el ámbito del convenio colectivo fenecido”.

El tiempo pasó y el Tribunal Supremo siguió adelante con la aplicación de su doctrina sobre la ultra actividad en sus múltiples aspectos y variaciones – la ultra actividad negociada, la que desplaza el núcleo normativo al convenio colectivo de ámbito superior, la que se asienta en la permanencia de las condiciones contractuales – pero ello no cerró la polémica para quienes entendían que la consolidación de los estándares normativos y contractuales obtenidos mediante la negociación colectiva podían ser revertidos si tras un plazo de un año, no se conformaba una mayoría suficiente para acordar un convenio colectivo nuevo. De esta manera, el recurrente presentó un incidente de nulidad de actuaciones en marzo del 2015 que fue resuelto negativamente por la sala cuarta del TS en febrero del 2016, en el que se alegaba que la Sentencia de 22 de diciembre del 2014 había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE en el sentido de obtener “una resolución fundada en derecho”, y en el que, además de alegar que los numerosos votos particulares no habían conformado una voluntad unitaria en la sentencia, establece como motivo principal que se trata de una decisión “no fundada en Derecho por su rebelde resistencia a la aplicación de la ley”. El auto del Tribunal Supremo, como es previsible, desestimó estas pretensiones. Su texto se puede encontrar en este enlace Auto 18 febrero 2016

Con esos mimbres, los reclamantes acudieron al Tribunal Constitucional, quien, en vez de rechazar el recurso por carecer notablemente de interés constitucional, lo aceptó por valorar, al contrario, su “especial trascendencia”. En el recurso de amparo las acusaciones hacia los jueces fueron más directas aún que lo habían sido en el incidente de nulidad de actuaciones previo a la presentación del mismo. A juicio de los recurrentes, la sentencia impugnada  “carece de motivación jurídica; dejando de aplicar el art. 86.3 ET a través de una interpretación judicial meramente voluntarista y contraria al contenido y espíritu de la ley, y que además resulta completamente disruptiva del sistema de fuentes jurídico-laboral”, por lo que resulta “manifiestamente irrazonable y arbitraria, por cuanto viene presidida por el sólo voluntarismo de alcanzar un determinado resultado que resulta patentemente contrario a la ley”. Como se puede comprobar, el núcleo central de la discordancia con el Tribunal supremo se centra en   la consideración de la interpretación del Tribunal Supremo como “contraria a la ley”, lo que supone la definición misma de lo que se viene a conocer como “activismo militante” de los jueces opuesto a aceptar la determinación de los contenidos normativos de la ley, expresión de la voluntad general. Un argumento que el Tribunal constitucional consideró de “especial trascendencia constitucional” para aceptar su tramitación como recurso de amparo, es decir,  para tener la oportunidad de dictar un fallo “atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”, como ha interpretado el propio Tribunal constitucional el requisito introducido en el art. 50 LOTC. 

El tiempo ha pasado, y el Tribunal constitucional, en una sentencia de 23 de abril de 2018, aun no publicada en la web del Tribunal, pero ya comentada con la prontitud y eficacia que le caracteriza por el blog de Eduardo Rojo en este enlace Ultra actividad del convenio colectivo , ha decidido, correctamente esta vez, desestimar el amparo  entendiendo, de manera excepcional, que el recurso debió ser inadmitido en el momento inicial de su interposición.

La Sentencia valora también en su fallo denegatorio el informe del Ministerio Fiscal que así lo solicitaba y en última instancia subraya, como es natural, que la sentencia del Tribunal Supremo es una resolución fundada y motivada que no vulnera el acceso a la justicia del art. 24 CE. Sobre las diferentes tesis en el asunto debatido, opta por una de ellas de manera razonada y razonable, por lo que el Tribunal constitucional no puede convertirse en una tercera instancia en la que reproduzca el control de legalidad y la interpretación y aplicación de las normas, sin que en esa actividad jurisdiccional se haya producido quiebra alguna del derecho fundamental invocado.

El “activismo judicial” denunciado por el demandante en amparo es por tanto un espejismo o sencillamente encubre que el razonamiento jurídico que ha seguido la empresa recurrente no tiene entidad suficiente ni responde a la regulación concreta de las relaciones colectivas de trabajo. Que un tribunal no acepte los argumentos de una parte litigante no quiere decir que éste haya producido una decisión arbitraria y contraria a la ley frente a la cual se declara en “abierta resistencia”. Hay que ser más calmado y no asumir en el marco de un proceso las palabras de orden y los lemas publicitarios que se usan en un determinado contexto político como propaganda. El campo jurídico como campo de intereses enfrentados no se resuelve con frases simples o alusiones al espíritu de los gobernantes. Es una mediación más complicada, técnica y políticamente hablando. La que no ha sabido llevar a cabo el recurso de amparo presentado.

Pero no se debe olvidar la trascendencia simbólica que tiene este fallo del Tribunal Constitucional. No tanto por lo que dice, que resulta algo evidente a partir de su propia doctrina sobre el art. 24 CE, sino por lo que implica de cierre implícito de un ciclo de cuestionamiento de las reformas estructurales emprendidas en el marco de las políticas de austeridad. Alejada la posibilidad de revertir estas indicaciones normativas en el lapso de tiempo que se abrió entre diciembre de 2015 y junio del 2016, el TC ha entendido que es preferible no agitar las aguas de la regulación de la negociación colectiva en donde se metabolizan con dificultad las nuevas reglas de la reforma del 2012 especialmente en lo que se refiere a la prioridad aplicativa de los convenios de empresa y en donde el objetivo sindical actual es el de recuperar derechos y renta salarial en los procesos de negociación en curso.

La larga historia de la interpretación del párrafo final del art 86.3 ET ha terminado así con esta sentencia del Tribunal constitucional, seis años después de su inicio. Ahora solo falta derogar el precepto que tanta perturbación innecesaria ha producido en el marco de las relaciones laborales colectivas y del sistema de negociación en nuestro país. Pero eso habrá – al parecer – que esperar un poco.



jueves, 17 de mayo de 2018

EN EL INICIO DEL PACTO CONSTITUYENTE SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. A PROPÓSITO DE UN LIBRO SOBRE EL ART. 27 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA




Se ha presentado el miércoles 16 de mayo, en la Fundación Giner de los Ríos de Madrid, el libro colectivo, coordinado por Manuel de Puelles y Manuel Menor, en un acto en el que han intervenido los editores de la obra en diálogo con Carmen Perona, Manuel de Puelles y Alejandro Tiana como autores de la misma. El libro, publicado por ediciones Morata, se titula “El artículo 27 de la Constitución. Cuaderno de quejas”, y por tanto agrupa una serie de reflexiones que convergen en un muy peculiar cahier de doléances sobre las insuficiencias, las amnesias y los retrocesos que el pacto constituyente sobre el derecho a la educación ha tenido. Para ello, como señala Manuel Menor en la introducción a la obra, el “peso de la historia” – de una historia terrible que confronta la confesionalidad religiosa y el laicismo de la escuela como un leit motiv de los vaivenes políticos de los siglos XIX y XX en España – es formidable y explica que los “cuadernos de quejas” sobre el incumplimiento de lo que podía significar el artículo 27 de la Constitución cuestionen las resistencias a los cambios inclusivos en el sistema educativo que continúan cada vez más presentes, como puede atestiguar la reciente sentencia de abril de este año del Tribunal Constitucional sobre la educación segregada por sexos como “opción pedagógica” no discriminatoria.

El libro consta de dos partes bien diferenciadas, en la primera se procede a un análisis historiográfico sobre estas visiones enfrentadas en torno a la educación y la enseñanza en España (con textos de Viñao, Castillejo, Baylos, Tiana y Bedera), para en una segunda parte desgranar las quejas específicas y las decepciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, estudiantes, familias y profesorado (con textos de Delgado, Pazos, Perez-Ugena y Perona). Los dos coordinadores se encargan, uno de la introducción y otro del epílogo, un texto de De Puelles que busca precisamente como “superar el peso de la historia” en ese debate entre posiciones enfrentadas.

La construcción histórica del pacto constituyente sobre el derecho a la educación es importante a la hora de calibrar justamente su desarrollo y sus involuciones. A ese fin sirve la explicación que sigue a continuación, que pertenece a algunas partes del capítulo 3 del libro.  Se trata de resaltar algo que frecuentemente queda en un cono de sombra, y es el cruce de líneas de acción: los derechos de los trabajadores de la enseñanza y el derecho a la educación.

Durante la transición y, de forma más evidente, en el debate sobre el texto constitucional, la determinación del contenido del derecho a la educación tenía necesariamente que volver a incidir en los grandes ejes que secularmente habían construido el debate sobre el mismo, aunque con las cautelas que en ese período histórico se tenían respecto a reivindicar el pensamiento republicano como un elemento decisivo en las argumentaciones que se reclamaban del laicismo. Tradicionalmente por tanto se explica este momento histórico como una confrontación real entre dos formas de entender el derecho a la educación herederas de un debate antiguo que se resuelve en un texto aceptable desde ambos discursos. La cuestión entonces es la de analizar si esta fórmula transaccional incorpora en sí elementos más proclives a una u a otra postura, o si el desarrollo infralegislativo del texto constitucional será el que a la postre realmente definirá las condiciones institucionales que determinan en lo concreto el alcance real de ese derecho, más allá del modelo posible que se desprendía de la Constitución, en lo que normalmente se viene a contraponer como “modelo” -constitucional o legal- del derecho fundamental reconocido.

Es decir, que la forma de abordar esta fase histórica se centra, correctamente, en la dimensión político-ideológica que la recorre, juzgando por tal las diferentes formas de entender la relación entre lo público y lo privado en la escuela como “libertad de enseñanza” más que como “derecho a la educación”, y las consecuencias que de esta contraposición se pueden obtener, de manera tal que el campo abierto a la incidencia de estos discursos enfrentados se puede resumir en dos grandes líneas, la que podría representar en aquel momento la Unión de Centro Democrático (UCD) en el Gobierno y la que defendía el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sin que en definitiva los otros sujetos políticos aportaran iniciativas especialmente relevantes sobre las que aquellos defendían. “El debate de aquellos años es fundamentalmente un debate entre socialistas y democristianos” diría GARCIA SANTESMASES en el 2003, y en este debate estaba en juego el rol del Estado y el fomento de la escuela pública como eje del derecho a la educación de todos los españoles, frente a la apertura de un sistema de libertad de enseñanza que diera protagonismo a la escuela privada financiada por el Estado y controlada ideológicamente por sus propietarios. Un debate que plantea por consiguiente una confrontación de modelos ideológicos planteados fundamentalmente, como se ha señalado, en el campo de los sujetos políticos, es decir en el campo determinado por el resultado electoral que se produjo en las elecciones de 1977 y que habría luego de prolongarse en las de 1979. Es decir, la concentración del voto político en el centro derecha y en el centro izquierda (UCD y PSOE), y la presencia subsidiaria de la derecha franquista (AP) y de la izquierda comunista (PCE).

Los términos con arreglo a los cuales se reconoce hoy este enfrentamiento ignoran otro vector poco resaltado que posiblemente debería ser considerado como un elemento adicional de importancia, porque a esta dimensión político-electoral del debate se debería añadir la actuación de los sujetos sociales en el sector de la enseñanza. Se trata de la incidencia de los planteamientos sobre la democratización de la escuela como institución ideológica sometida durante demasiado tiempo a un principio autoritario; enfoques que eran propios del movimiento de profesores que se había ido gestando durante los años 70 con la masificación de la enseñanza, y que habían formado un sujeto colectivo excepcionalmente activo tanto en la enseñanza universitaria como en la escolar. Para estos, la cuestión fundamental en la enseñanza no era sólo considerar la escuela, el instituto o la facultad como un servicio público que debía ser gratuito en la enseñanza obligatoria y de tasas muy reducidas en la Universidad, sino entender que estos espacios estaban gobernados de manera autoritaria sin la participación de quienes realmente hacían posible la transmisión del saber y la cultura, dejando además de lado a los estudiantes como un componente plenamente pasivo y sometido. La participación democrática era, por tanto, el eje en torno al cual se articulaba una determinada idea de la enseñanza, donde los trabajadores de la misma, tanto docentes como administrativos, junto con las familias y los estudiantes, tenían que intervenir fuertemente en el control de este servicio público.

Esta aproximación a la educación desde la demanda social de gobierno efectivo de las instituciones, que se traducía en la participación democrática en la gestión de la escuela, del instituto o la universidad, se gestaba en un momento histórico en el que todavía el Estado español no reconocía los derechos políticos y sociales básicos de un sistema democrático e impedía y reprimía su ejercicio. De esta manera, la exigencia de democratizar la enseñanza, que se enraizaba con el discurso generalizado de la contestación estudiantil y social de 1968 en toda Europa -con especial trascendencia para nuestro país respecto de los sucesos más cercanos de Francia y de Italia-, y la propia efervescencia del movimiento estudiantil especialmente bajo la universidad franquista, era el elemento aglutinador de las reivindicaciones de los “estamentos” más activos de la enseñanza, profesores y estudiantes. Se trataba de una reivindicación directamente política y por consiguiente requería un cambio de régimen según los esquemas de la ruptura democrática que en la época eran determinantes, y que conectaba este elemento con la necesidad del reconocimiento de los derechos fundamentales, no sólo ciudadanos sino muy especialmente laborales, que garantizasen un estatus de estabilidad y de dignidad profesional al profesorado.

Por un lado, por tanto, la exigencia de gobierno democrático de las instituciones educativas se relacionaba con la reivindicación de derechos colectivos e individuales en el trabajo, y la propia consideración del “servicio” como relación de trabajo que debería ser estable y dotada de derechos eficaces, con independencia de si se calificara como relación laboral o como relación de servicio. Los profesores universitarios hicieron del contrato laboral una exigencia colectiva fundamental en torno a la cual nuclearon su estrategia de intervención como una opción política de un modelo alternativo al vigente en la educación superior , pero en las enseñanzas medias la reivindicación pasaba por la estabilidad y el reconocimiento de la libertad sindical y la negociación colectiva, cuestión que por cierto se exigía tanto para la enseñanza privada -donde había una fuerte implantación del movimiento en aquel momento- como para la pública, tanto para las categorías de eventuales e interinos como para los funcionarios. Por tanto, a través de esta conexión inmediata, la exigencia de participación democrática implicaba el reconocimiento de derechos sindicales y colectivos.

El otro punto que se relacionaba con esta pulsión democratizadora se refería más directamente al profesorado como sujeto fundamental en la mediación cultural e ideológica que se produce en la transmisión de conocimientos a través de la enseñanza. Se trataba de la demanda de autonomía de los docentes tanto en el plano metodológico y didáctico como en el de la innovación de las estructuras existentes. Esta reivindicación de una libertad cultural fuerte no se contemplaba desde la perspectiva individual -lo que posteriormente se identificaría con la “libertad de cátedra” o la “libertad creativa”- sino desde una dimensión colectiva, que situaba al profesorado en el centro del cambio tanto en las formas de enseñar como en los contenidos de la misma, cuestionando por tanto el modo dominante de un aprendizaje memorístico, repetitivo y despolitizado, que negaba la autonomía docente e investigadora del profesorado en la construcción de las relaciones educativas con el colectivo estudiantil, más allá de la concreta y jerarquizada malla institucional que las contenía.

De todas estas líneas convergentes en el impulso democratizador, posiblemente la que tiene mayor desarrollo es la relativa a los derechos laborales individuales y colectivos como condición de ejercicio del derecho a la educación, limitando en consecuencia desde ese punto de vista interno la libertad de enseñanza. Eso hace que la problemática sindical cobre una importancia decisiva en la determinación del concepto del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza en el tardofranquismo y en la transición, teniendo en cuenta lo que en ese momento histórico era el pensamiento social dominante en el antifranquismo.

Esta forma de aproximarse al tema permite distinguir el tratamiento de un derecho a la educación diferente del que se debería dar a la libertad de enseñanza. Para los sujetos colectivos, el movimiento estudiantil y el profesorado como movimiento socio-político -luego organizados en torno a diferentes siglas sindicales-, lo prioritario era marcar las condiciones del derecho a la educación poniendo el acento en su carácter público y obligatorio, en la autonomía didáctica y en la libertad cultural del docente, resaltando de manera especial que el derecho a la educación tenía que estar imbricado en la estructura democrática de un país y, por tanto, debía romper con las formas jerárquicas y autoritarias de gobierno de la escuela dando participación real a todos los estamentos que la componen. De esta forma, permanecía en segundo plano la libertad de enseñanza, entendiendo por tal la de creación de centros privados en una red que siempre sería supletoria de los centros públicos y que expresaría más las opciones de mercado que las respectivas características ideológicas privativas. La libertad de enseñanza se asemejaba, por tanto, a la libertad de empresa y en consecuencia se relacionaba con las oportunidades del mercado y de la iniciativa privada, en una especie de nivel complementario de lo público en aquello que este no cubriera o en aspectos en los que se sobrepusiera como opción familiar o personal. Sin embargo, la posibilidad de crear al amparo del poder público una red de instituciones privadas para que cumplieran las funciones de las escuelas públicas era una perspectiva que no se concebía -en vísperas de 1978- como elemento del proyecto de regulación democrática de la enseñanza. Este sería, sin embargo, uno de los objetivos centrales del consenso político UCD-PSOE en el art. 27 de la Constitución.

Recordar estos elementos seminales en el pacto constituyente de hace cuarenta años es importante, y lo es más en la medida en que de esa aproximación se puedan obtener algunas indicaciones que se recuperen hoy en la acción colectiva de los sujetos sindicales en la enseñanza pública. Lo que sería de desear, ciertamente.

lunes, 14 de mayo de 2018

LA HUELGA POLÍTICA NO ES ILEGAL




No sólo los catalanes “hacen cosas” como recordaba nuestro presidente Rajoy (dando lugar a un jocoso clip musical de El intermedio) sino que en Catalunya “pasan cosas” además de los debates que focalizan la atención de nuestros medios de comunicación sobre la investidura de presidente de la Generalitat con la “entrada en bucle” del discurso político-institucional del candidato, como ha denunciado correctamente la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. En esta entrada del blog se va a traer a colación una muy reciente sentencia de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en la que se desestima la pretensión de la patronal catalana de declarar ilegal la huelga convocada para el 8 de noviembre de 2017 por tratarse de una acción colectiva que tenía motivos políticos y por tanto debería entenderse ilegal a tenor del art. 11 a) del DLRT.

El tema fue tratado en este blog presentando esta pretensión patronal como una iniciativa para forzar un pronunciamiento de “política del derecho” que iba más allá de la pura declaración de ilegalidad de la acción colectiva propugnada el día 8 de noviembre por un sindicato claramente minoritario pero de encendida autoproclamación republicana y secesionista (La patronal catalana quiere ilegalizar la huelga política) . La sentencia que resuelve esta cuestión tiene fecha de 2 de mayo y el ponente ha sido el magistrado Carlos Hugo Preciado Domenech, quien a su vez es bien conocido en el ámbito iuslaboralista por la confección del boletín o newsletter laboral que elabora para la Comisión Social de Jueces y Juezas para la Democracia. Es una decisión cuidada y bien razonada que aporta elementos de análisis sobre la regulación del derecho de huelga muy relevantes.

El análisis exhaustivo de esta sentencia de la sala de lo social del TSJ de Catalunya lo ha llevado a cabo, con la meticulosidad y brillantez que le caracteriza, Eduardo Rojo en su formidable blog de título siempre sugerente – “El nuevo y cambiante mundo del trabajo” – en esta entrada del 10 de mayo que merece la pena consultar y estudiar Sobre la legalidad de la huelga políticay que fue precedida de la noticia del siempre actualizado y oportunísimo blog de Ignasi Beltrán de Heredia – “Una mirada crítica a las relaciones laborales” – en el que el propio lunes 7 de mayo en que se conocía su texto, resumía y hacía un primer comentario de urgencia a la sentencia y que puede leerse en el siguiente enlace La huelga general en el marco del "procès"

Una sentencia por tanto que ha dado mucho que hablar especialmente a los juristas del trabajo, mientras que en el sindicalismo confederal se ha recibido con alivio seguramente, pero sin que se haya producido una cierta “participación activa” en el cuestionamiento público de la iniciativa patronal, posiblemente por la viscosidad del tema de fondo y las turbulencias que en los medios de comunicación oficiales, amplificadas por toda una serie de pulsiones descalificadoras en las redes sociales, produce la postura muy matizada del sindicalismo confederal en Catalunya, que denuncia la erosión de las libertades y la pérdida de la autonomía política en ese territorio a la vez que rechaza el proceso unilateralista de declaración de independencia como un elemento disruptivo de la convivencia social en el país. Una declaración sindical de la CONC o de UGT de Catalunya cuestionando la iniciativa de Foment del Treball solicitando de los tribunales la declaración de ilegalidad de la huelga, habría sido inmediatamente interpretada por la prensa oficial, los partidos políticos partidarios de un Estado Unitario – especialmente Ciudadanos – y en general todos los grupos de interés inclinados a erosionar a cualquier precio a las organizaciones sindicales de clase, como un apoyo directo a la huelga convocada el 8 de noviembre del 2017 por la central sindical independentista y minoritaria en el marco de las movilizaciones por la frustración del proyecto de secesión unilateral emprendido en octubre por la mayoría del Parlament. Y esa imputación prevalecería sin duda alguna sobre el hecho evidente de que ni la CONC ni UGT de Catalunya convocaron ellos mismos esa acción colectiva, criticando por el contrario tanto su oportunidad como su contenido en aquellos momentos. Es a fin de cuentas una muestra más de la presión mediática sobre la opinión pública para impedir que tengan existencia política real las posiciones que pretenden situarse en medio de los dos sectores en confrontación directa, presión que arrecia en la medida que se es consciente que la negación de ese espacio crítico fortalece y extiende la grieta que se ha consolidado en la comunidad catalana, y de la que no quieren que el sindicalismo confederal pueda zafarse.

Sobre el contenido concreto de la importante sentencia del TSJ de Catalunya de 2 de mayo no es preciso por tanto hablar, porque ya los análisis de Rojo Torrecilla y de Beltrán de Heredia excusan una descripción detallista. Los aspectos concretos de la convocatoria y las circunstancias de la misma son también conocidos por el comentario aparecido en este mismo blog a finales de abril y que se ha citado al comienzo. Si puede tener algún interés, sin embargo, la glosa de algunos aspectos de la misma que, aunque están presentes en los trabajos citados, puede que resulte útil como elemento de contraste.

El primero, y principal, es el objeto central de la decisión judicial. La huelga general del 8 de noviembre en el marco del procès “no es una huelga política”, señala Beltrán de Heredia y precisa Eduardo Rojo que la sentencia reconoce la legalidad de la “huelga profesional-política” o “mixta”, siguiendo la denominación que a este tipo de acciones le asigna la propia sentencia. Para llegar a este resultado, el TSJ parte de una muy correcta definición de lo que supone la huelga política como aquella se caracteriza “por tener al empresario por sujeto pasivo del cese en el trabajo y a los poderes públicos como únicos destinatarios de la misma”, y trae a colación la doctrina ya consolidada del Tribunal Constitucional en su STC 36/1993, de 8 de febrero, según la cual “no es ilícita la huelga que tenga por finalidad protestar contra medidas que el poder legislativo, ejecutivo o judicial hayan adoptado o pretendan adoptar en el ámbito de las relaciones laborales, o con incidencia en las mismas”, una conclusión que enlaza, como muy oportunamente trae a colación Rojo Torrecilla con una consolidada jurisprudencia del extinto TCT de mediados de la década de los 80 respecto de la huelga general de 20 de julio de 1985 contra la reforma de las pensiones. La sentencia además trae a colación la doctrina del Comité de Libertad Sindical de la OIT que distingue entre huelgas políticas “puras” y huelgas socio-políticas y las últimas sentencias del TEDH sobre el derecho de huelga.

Esta conclusión era evidente y permite recordar que la práctica de las huelgas generales en nuestro país está plenamente tutelada por la Constitución, precisamente a través del reconocimiento de la función del derecho de huelga en la defensa de los intereses de los trabajadores “en cuanto tales” es decir, no en la medida en que estén situados en el marco de una relación contractual o de servicio, sino en razón de su posición social subalterna. Nuestra constitución acoge una noción pluridireccional el derecho de huelga, coincidente con la pluralidad de centros de imputación normativa que regulan las relaciones sociales en las que el trabajo es determinante. Pero en esa elaboración permanece la idea de que las huelgas “cuya motivación sea clara y exclusivamente extraprofesional o cuya motivación profesional resulte por completo marginal”, no resultan incluidas en la fórmula constitucional y por tanto son huelgas ilícitas.

El resultado de la sentencia plantea sin embargo un problema derivado de la forma a través de la cual el Tribunal Constitucional procedió a interpretar la “legalidad” de las huelgas políticas, a través de la determinación objetiva de los intereses defendidos por la acción colectiva. Al establecer la norma de 1977 una equiparación entre las huelgas “que se inicien o sostengan por motivos políticos” con “cualquier otra motivación ajena al interés profesional de los huelguistas”, colocaba el elemento central de valoración de la licitud de la medida de presión en que los motivos de la huelga “pertenecieran” al ámbito de lo profesional, es decir al interés colectivo de los trabajadores. Es una doctrina que no puede separarse de la que el mismo Tribunal Constitucional estableció para las huelgas de solidaridad – que es el dato en el que insistía la vieja jurisprudencia del TCT de la que fue impulsor Martínez Emperador – y es que lo profesional se relaciona directamente con lo sindical, y es este elemento organizativo el que cualifica el interés de los trabajadores como interés legítimo y protegido por tanto constitucionalmente.

Quiere esto decir que el carácter extraprofesional – realmente extralaboral – de una acción colectiva no se define “desde fuera” de la misma, sino que se debe hacer depender de la autonomía sindical, de lo que en cada momento concreto entiende el sindicato convocante que interesa al conjunto de las y los trabajadores, sin que esta apreciación colectiva y sindical tenga que ser “validada” por instancias externas o determinada en su alcance por las pretensiones de la contraparte empresarial. Porque es ésta quien, en el marco institucional en el que la huelga despliega sus efectos, interviene para sancionar la conducta de los huelguistas como falta disciplinaria o, como es el caso juzgado por el TSJ de Catalunya, interpone una acción declarativa que sin embargo debe responder “a un interés real y actual del actor” y no a un “mero interés preventivo o cautelar”, como ha afirmado una larga serie de decisiones de la sala de lo social del Tribunal Supremo (lo que en el caso de autos es más que dudoso ante la notoria inexistencia de daño ni de afectación a la organización empresarial). La calificación judicial de la huelga, así solicitada, no puede sino constatar en esos casos que la acción convocada por el sindicato está conectada con el interés de los trabajadores, lo que por otra parte está asegurado, tautológicamente, por el mero hecho de que un sindicato haya juzgado conveniente defender esa reivindicación.

Los intereses de los trabajadores se definen por tanto por los trabajadores mismos a través de la mediación colectiva que efectúan los sindicatos principalmente al hablar de una huelga “política”. Y por consiguiente la calificación de “extralaboral” como sinónimo de “político” tiene muchas dificultades de concreción, porque no cabe considerarlos términos contrapuestos. En efecto, lo “político” puede integrar materialmente el concepto de “laboral”, de manera indistinta. Sucede en muchos casos en los que los motivos de la huelga son decididamente “políticos” pero no pueden considerarse ajenos al interés de los trabajadores. Una huelga contra un golpe de estado, o contra un atentado terrorista son, por definición, huelgas políticas, pero no pueden entenderse de ninguna manera como “ajenas” a lo que constituye la esfera de implicación de los trabajadores en cuanto ciudadanos y en cuanto miembros pertenecientes a una situación jurídica cualificada por su posición social. Lo mismo se puede afirmar de otros supuestos que se han dado en la realidad laboral española, como las huelgas de advertencia o de respuesta ante la implicación del Reino de España en la guerra de Irak, en donde la reivindicación alegada se corresponde con una precisa valoración del pacifismo y la neutralidad como un elemento político que caracteriza el ideario sindical. En estos casos, las limitaciones al ejercicio del derecho de huelga pueden provenir de la consideración de la duración de la huelga en relación con la desorganización de la producción que ésta genera, pero no de los objetivos que persigue.

De hecho la desaparición en el código penal del viejo delito de sedición en el que los objetivos de la huelga de subversión de la legalidad vigente – perjudicar la “autoridad del Estado” – es coherente con esta concepción pluridireccional del derecho de huelga y su conexión con la esfera intangible de la autonomía sindical como eje de su diseño concreto,  y permite avalar esta perspectiva “objetivista” de la función del derecho de huelga, sin que en el vigente art. 544 del Código Penal (un artículo muy citado en estos días en otros contextos, por cierto) pueda entenderse incluida la huelga como forma de “alzamiento público y tumultuario” para evitar la aplicación de las leyes o el legítimo ejercicio de las funciones de los empleados públicos. Ya no es posible sostener en democracia que hay una “huelga sediciosa”. Sostener reivindicaciones políticas en razón de su vinculación estrecha con las reivindicaciones de los trabajadores “en cuanto tales”, o sea en relación con la subjetividad política de la clase interpretada por sus organizaciones estables de defensa de su posición social y de los proyectos de modificación de la misma en un proceso de superación de ésta, es evidentemente una acción tutelada por la Constitución a tenor del art. 28.2 de la misma.

No por consiguiente seguro marcar el perímetro de lo “político” como equivalente a lo ilícito en materia de huelga a tenor del sistema jurídico que hemos ido construyendo. Pero además de lo anterior, la sentencia comentada proporciona también otros elementos de reflexión sobre dos aspectos muy específicos del derecho de conflictos español: la convocatoria escalonada de huelgas que es sin embargo modificada por los convocantes, lo que plantea interrogantes sobre que repercusiones tiene esta práctica a efectos de calibrar los efectos de la obligación del preaviso, y, en segundo término, el concepto de implantación del sindicato como requisito de procedibilidad de la acción colectiva en la convocatoria de la huelga. Pero ya este comentario ha discurrido durante demasiado espacio y estos temas serán objeto de un análisis posterior en otras intervenciones del presente blog. À suivre o continuará, según las preferencias de los lectores.


miércoles, 9 de mayo de 2018

CUMPLEAÑOS FELIZ: LOS 70 AÑOS DE LA REVISTA URUGUAYA DERECHO LABORAL



La revista Derecho Laboral ha cumplido sus primeros setenta años de vida. Con esta ocasión feliz, se ha organizado un acto público en el que se celebró el aniversario de este periódico especializado en el análisis y la reflexión sobre la regulación jurídica del trabajo. Hugo Barretto en su blog La realidad y el resto de las cosas ha hecho una crónica de este acto que, en rigurosa exclusiva, se publica en esta bitácora.

El 7 de mayo se celebró el 70° aniversario de la revista DERECHO LABORAL en el auditorio de la Asociación de Magistrados del Uruguay.

El acto de apertura estuvo a cargo del Dr. Marcelo Vigo, miembro de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN DE CULTURA UNIVERSITARIA (editora de la revista), quien destacó la trayectoria de la FCU, que cumple 50° años en el presente; de la Dra. Gloria Seguessa, de la Asociación de Magistrados del Uruguay, que subrayó la relevancia de la revista DERECHO LABORAL para la formación jurídica de los magistrados, y del Lic. Pedro Daniel Weinberg, presidente de la Fundación Eletra.
En su presentación, Weinberg evocó el tiempo histórico y la significación de la revista para la cultura jurídico laboral uruguaya y latinoamericana.

En un pasaje de su intervención señaló:

“Derecho Laboral. Revista de doctrina, jurisprudencia e informaciones sociales apareció exactamente hace setenta años; abril de 1948. La dirigía el Dr. Francisco de Ferrari, y contaba con dos redactores permanentes: Américo Pla Rodríguez y Héctor Hugo Barbagelata. Veinticuatro años después, ante el fallecimiento del Director de Ferrari (1972), asumen la conducción de la revista los dos redactores mencionados hasta su fallecimiento: Pla Rodriguezl o hizo hasta 2008; Barbagelata hasta 2014. Oscar Ermida Uriarte se sumó a la dirección en el período 2006-2011.

En qué contexto histórico apareció la revista Derecho Laboral. Citemos a Héctor Hugo Barbagelata, en un artículo escrito para el número especial con motivo del XXV aniversario:

Al iniciarse la publicación de Derecho Laboral, la legislación social integraba la lista de cosas que para el uruguayo medio caracterizaba a su país y de las que estaba orgulloso. Era también en el exterior, parte principal de la imagen del Uruguay, no sólo a nivel oficial, sino que también sociólogos, economistas, juristas o simplemente viajeros que nos visitaron por esos años, dejaron testimonio de que las leyes sociales formaban junto a la legalidad constitucional “la base del Welfare State uruguayo”.

Su vocación académica, esto es, su compromiso por recoger planteos apegados a los paradigmas científicos en el abordaje del problema del trabajo queda claramente expuesto entre los Propósitos que delinean sus fundadores en el número inicial:

No ignoramos que los problemas que estudia la ciencia del derecho laboral, conducen a menudo a la polémica, porque están demasiado mezclados a los dolores y pasiones humanas. Nuestra revista no participará, sin embargo, en ese largo y áspero debate, impregnado de recriminaciones mutuas, y hará siempre desde sus columnas sobre todo tópico que interese por su actualidad e importancia, un examen puramente agnóstico, procurando que la exégesis o el comentario no trascienda nunca el plano del planteo rigurosamente científico del problema.

También le cupo un lugar destacado en los Propósitos de la Revista a otro de los imperativos que los responsables consagraron y aplicaron durante toda la existencia de esta notable publicación: me refiero al pluralismo ideológico, al respeto por la diversidad de pensamientos y a la convocatoria de autores nacionales y extranjeros afiliados a las más diversas posturas y abordajes teóricos e ideológicos. Sólo se exigía un estricto apego a los criterios científicos a la hora de redactar sus respectivas contribuciones. Así se expresaban en esa primera entrega:

Ninguna de las tesis que aparezcan expuestas en la parte doctrinaria de esta revista, bajo la firma y responsabilidad de sus autores, deberá entenderse que compromete la opinión de sus directores, o que configura un pronunciamiento de las orientaciones ideológicas de la nueva publicación. Esta verá la luz para dar preferencia en sus columnas a todo trabajo o información científicos que encaren –más que a las cuestiones sociales o económicas- los aspectos jurídicos de la relación que crea el trabajo entre los hombres.

La tercera característica que singulariza a este emprendimiento desde sus inicios, y que por atendibles razones no está consignada entre los propósitos fundacionales, se relaciona con la regularidad de su aparición. La revista apareció prolijamente cuatro veces por año. Las peores tormentas políticas vividas por el país; la vigencia del oscurantismo ideológico verificado en todos los ámbitos de la vida nacional, especialmente en la Universidad de la República,  durante más de una década; la puesta entre paréntesis del orden jurídico;  las diferentes formas de extrañamiento vivida por sus directores bajo la dictadura; las dificultades para su financiamiento; las restricciones para el acceso a la compra de  papel, entre otras,  no fueron nunca un impedimento para que Derecho Laboral apareciese con  rigurosa puntualidad; si señalamos este rasgo acuñado desde los primeros años de circulación, lo hacemos para subrayar algo que no resulta demasiado habitual en los ámbitos académicos, científicos, artísticos, literarios… de Nuestra América.

A mi criterio, y en esto no quiero comprometer a mis colegas de la FE, hay otra cualidad que tiene la Revista y que merecería ser analizada con mayor cuidado y profundidad con la que lo haré yo de manera somera y esquemática. Desde hace tiempo sostengo la tesis que Derecho Laboral ha sido uno de los principales instrumentos que hicieron posible proyectar la “escuela uruguaya del derecho del trabajo” más allá de las fronteras. No dejo de valorar en todas su dimensión el impacto de la destacada presencia de laboralistas uruguayos en Congresos internacionales (sobre todo los efectuados fuera del territorio nacional), la docencia en universidades Iberoamericanas (especialmente en la formación de posgrado y de miembros de la justicia laboral), la asistencia técnica brindada, el impacto de la obra de autores uruguayos publicada en el país y en el extranjero. Lo que quiero destacar es que desde el punto de vista doctrinario, de la construcción de conocimiento, de consolidación de una disciplina, de la conformación de un cuerpo original de ideas y lineamientos originales, el mensaje del iuslaboralista uruguayo tuvo, y sigue teniendo, en la revista su principal carta de presentación y medio de difusión.

Vinculado a esto último, reconozcamos el sutil mensaje del último párrafo de la “Presentación” de la Revista en su primera entrega:

“Al dejar así señalados sus propósitos y su finalidad, los fundadores envían un cordial saludo a todas las publicaciones similares de América”.

Esto significa, mirando desde la perspectiva de nuestros días, que los fundadores eran conscientes que la empresa de forjar una disciplina con identidad propia (particularismo diría Barbagelata) como era el incipiente derecho laboral, obligaba a hacer un llamado a los especialistas en la materia, a nivel continental, que trascendiera las fronteras del Uruguay, para acometer semejante obra. Esta amplia convocatoria explica, en buena medida, el hecho de la asidua participación de catedráticos y tratadistas extranjeros, principalmente americanos, a partir de comienzos de la década de los cincuenta del siglo pasado”.

En su intervención, el Prof. Antonio Baylos, catedrático de la Universidad de Castilla – La Mancha, destacó el papel de las publicaciones académicas independientes, delineando el trayecto histórico y la periodización de las revistas jurídico laborales.

Así, ubicó los inicios del proceso en la década de los años cuarenta del siglo pasado, cuando aparecieron las revistas pioneras, carácter nacional, integradoras de todas las corrientes y puntos de vista, que coadyuvaron decisivamente en la construcción de una disciplina autónoma, por fuera de los contornos del derecho común.

En una segunda etapa, se asiste a la diversificación de las publicaciones, producto de la paralela diversificación de las cátedras universitarias y del advenimiento de las tendencias flexibilizadoras, de lo cual dieron cuenta con distinto tono las publicaciones, que ya no obedecieron a un único patrón conceptual.

Finalmente, calificó  el momento  como de persistentes desafíos para las editoriales y publicaciones independientes (como son la FUNDACION DE CULTURA UNIVERSITARIA  y la revista DERECHO LABORAL), en tanto la presencia de las empresas multinacionales ha absorbido y homogeneizado la producción jurídica bajo el peso de la lógica y el interés  propio de estas corporaciones.

El profesor de la Universidad de Buenos Aires Héctor García, al comentar la intervención de Baylos, destacó el papel de la revista DERECHO LABORAL  para la cultura jurídico laboral latinoamericana así como para  la conformación de lo que podemos llamar un “modelo de lector” que continúa valorando a la revista como una publicación referencial e ineludible.

El  prof. Jorge Rosenbaum, catedrático de la Universidad de la República calificó a la revista, por su acervo único, como de una “biblioteca viviente”, destacando el papel de la misma en la evolución del Derecho del Trabajo en nuestro país, y subrayando la labor del equipo de redacción de Derecho Laboral.

En el cierre de la actividad,  el prof. Hugo Fernández Brignoni evocó las figuras de los fundadores de la revista, Américo Plá Rodriguez y Héctor Hugo Barbagelata así como del prof. Oscar Ermida Uriarte.

Sobre el primero de ellos, recordó las sesiones del llamado “grupo de los miércoles”, donde frecuentemente de decidían los contenidos de la revista a partir de la apelación o el pedido del prof, Plá Rodriguez a que los participantes del grupo desarrollaran temáticas de actualidad para su publicación.

La composición actual del staff de la revista se compone:

Secretaría de Redacción: Hugo Barretto Ghione, Hugo Fernández Brignoni, Rosina Rossi Albert
Consejo Asesor: Osvaldo Mantero de San Vicente, Juan Raso Delgue, Jorge Rosenbaum Rímolo
Jurisprudencia: Alejando Castello, Graciela  Giuzio
Documentos: Alvaro Rodríguez Azcué, Adriana López López, Carolina Panizza Dolbajián.
Bibliografía: Ariel Nicoliello
Índice: Laura Zúñiga


Adhesiones y saludos recibidos para el aniversario de la revista DERECHO LABORAL
                   

Manuel Carlos Palomeque –  Catedrático de  DTSS de la Universidad de Salamanca. Wilfredo Sanguineti – Catedrático de  DTSS de la Universidad de Salamanca. Alexander Godínez – Profesor de DTSS de la Universidad de Costa Rica. Ricardo Seco – Profesor de  DTSS de la Universidad Nacional de Córdoba Argentina. Raúl Saco – Profesor de DTSS de la Universidad Católica del Perú. Jesús Cruz Villalón – Catedrático de DTSS de la Universidad de Sevilla. Maria José Romero Rodenas – Profesora Titular DTSS Universidad de Castilla-La Mancha y Decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos -  Albacete Universidad Castilla La Mancha. María Luz Vega – experta de OIT  Coordinatora de Future of Work Initiative. Fabio Bertranau – Director de la Oficina Regional OIT (Santiago de Chile) – Joaquín Aparicio – Catedrático de DTSS de la Universidad de Castilla La Mancha. Manuel Planelles – Presidente de la Asociación de Egresados de la Licenciatura de Relaciones Laborales. Sidnei Machado – Profesor de DTSS de la Universidad Federal de Paraná (Brasil). César Augusto Carballo Mena – Profesor de DTSS de la Universidad Andrés Bello (Venezuela). Jaime Cabeza – Catedrático Universidad de Vigo. Francisco Tapia  - Profesor de DTSS de la Universidad Católica de Chile. Luis Raffagheli – Magistrado de la Cámara Nacional de Apelaciones del -–Trabajo (Argentina). Rodrigo Palomo Velez – Profesor de DTSS de la Universidad de Talca, Chile. César Arese  -  Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba Argentina. Miguel Canessa – Profesor de DTSS de la Universidad Católica de Perú. Marcial Sánchez-Mosquera -–Departamento de Economía e Historia Económica Universidad de Sevilla Facultad del Ciencias del Trabajo. Ana María Olmo – ¨Profesora de DTSS de la Universidad de Castilla – La Mancha. Laura Mora Cabello de Alba – Profesora de DTSS de la Universidad de Castilla – La Mancha. Amparo Merino -–Decana de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Castilla – La Mancha. Daniela Muradas – Profesora de DTSS de la Universidad Federal de Minas Gerais. Aldacy  Coutinho – Profesora Titular de DTSS de la Universidad Federal de Paraná (Brasil). Guillermo Gianibelli – Profesor de DTSS de la Universidad de Buenos Aires. Humberto Villasmil Prieto – Experto de OIT en Normas Internacionales Oficina Regional de Santiago de Chile. Luis Eduardo Díaz – Profesor de DTSS de la Universidad de Zulia, Venezuela. Adolfo Ciudad Reynaud – Profesor de  DTSS de la Universidad de San Marcos, Perú. Juan Pablo Capón Filas -–Equipo Federal del Trabajo (EFT).Héctor Humeres – Profesor de DTSS de la Universidad de Chile. María Cristina Gajardo -–Directora del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social Universidad de Chile. Martha Monsalve – Profesora de DTSS de la Universidad Gran Colombia.

jueves, 3 de mayo de 2018

PROGRAMA DE TRABAJO EN BUENOS AIRES (ARGENTINA)


El titular del blog ha dado un salto en el océano y se ha trasladado a la República Argentina, invitado por el presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Héctor O. García. Desde el 2 al 4 de mayo, desempeñará una serie de charlas y conferencias en la ciudad de Buenos Aires. A la vez, pero sin que nadie pueda pensar que exista la más mínima conexión entre ambos viajes, el lider de Ciudadanos, Albert Rivera, desarrollará un programa de amplias convergencias con Mauricio Macri, el presidente argentino, y posteriormente con el presidente chileno, Piñera, al parecer las dos referencias más importantes de ese grupo político en el cono sur.

La primera de estas conferencias se ha celebrado esta tarde, a las cinco puntualmente, por invitación del Director del Departamento de Derecho del Trabajo, Miguel Maza, que ha asistido con el subdirector, Juan Pablo Mugnolo, y el director del postgrado Adrian Goldín, junto con una nutrida representación de docentes de esta unidad departamental. Se trataba de una intervención en el marco del debate que se está realizando en todo el globo con ocasión del centenario de la OIT en el 2019, sobre el futuro del trabajo que queremos. En este caso, lo que ha sostenido la ponencia es que el futuro del trabajo que queremos depende estrechamente de las normas que lo disciplinan y lo regulan.  Estamos en un momento en el que se está cambiando la forma de producir estas normas, en la que se introducen elementos patológicos que pueden condicionar negativamente la resultante final de la regulación del trabajo. En la contribución efectuada se enuncian algunas de estas patologías y sus síntomas, para a continuación enumerar los tratamientos que podrían hacer invertir estas tendencias en los diferentes niveles o espacios en los que éstas cobran cuerpo,  teniendo en cuenta que la globalización financiera no puede ignorar el reconocimiento de la democracia, la solidaridad y los derechos fundamentales, y que es preciso un esfuerzo por “empoderar” las normas internacionales del trabajo a la par que se regula el espacio global a partir de la negociación colectiva, y se pone un especial énfasis en la problemática de la negociación colectiva considerada como método típico de regulación de las relaciones de trabajo que debe ser fortalecida. 

El jueves 3 de mayo, a las once de la mañana, siempre en la Facultad de Derecho de la UBA, tendrá lugar otro seminario en el que se analizará el tema de los modelos del derecho del trabajo y la cultura de los juristas, que resulta una materia sobre la que se pondrá de relieve la importancia, muchas veces decisiva, que adquiere el pensamiento jurídico como “elemento cultural que alimenta una corriente interpretativa de la realidad y coadyuva por tanto a fijar el alcance real de las realizaciones normativas y jurisprudenciales al uso”. Como señala el texto que convoca al seminaro, "en tiempos de embates, como tantas veces, sobre el modelo normativo del Estado Social de Derecho, en particular sobre la regulación laboral, la identificación de procesos de formación o reformulación del Derecho del Trabajo, y lo que está presente o subyacente en cada caso, resulta indispensable para reafirmar aquel modelo, poner en evidencia y contrarrestar los intentos que lo niegan". A continuación se presentará el número doble de la Revista de Derecho Social Latinoamérica, correspondiente al año 2017, revista que en su nueva etapa es plenamente digital y funciona por suscripciones. Al finalizar el acto habrá un almuerzo de camaradería entre los y las asistentes.

Por último, siempre ese mismo día 3 de mayo, en la sede de la  ASOCIACION ARGENTINA DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, se convoca una autodenominada "reunión internacional"  que versa sobre el análisis de "Relación de Trabajo, formas atípicas de empleo y estándares de protección en España y la Unión Europea", y que estará moderada por María Ángeles VALLE, de la AADTSS. La reunión comienza a las 18,30 con la finalidad de a la salida poder entablar una cena de bienvenida a la actividad emprendida. La inscripción es gratuita, con prioridad para socios y alumnos de las Carreras de posgrado Especialización en Derecho del Trabajo (AADTySS-UCA) y en Seguridad Social (AADTySS-UBA).

Finalmente, el viernes, a partir de las 16,00 de la tarde, está prevista una clase en el postgrado en derecho de la Universidad Católica de Buenos Aires, en la que, durante cuatro horas consecutivas se abordará la materia de los poderes privados del empresario en relación con los derechos fundamentales de los trabajadores, exponiendo tanto los puntos de vista generales como posteriormente descendiendo al estudio de la libertad ideológica y de opinión, la libertad de expresión,  individual y colectiva, y los derechos referidos a la esfera íntima del individuo y su propia imagen, para finalizar una breve exposición sobre la técnica de garantía del contenido esencial del derecho de huelga.

A su vez, es posible que se efectúe una entrevista en el Canal 7 el propio viernes. Y la estancia en Buenos Aires de Carol Proner y Maria José Fariñas, que han estado presentando un libro de Dilma, la ex presidente brasileña, ha permtido asimismo recabar las últimas noticias sobre la amenazada democracia brasileña y el encarcelamiento del ex presidente Lula. 




 

martes, 1 de mayo de 2018

1 DE MAYO: ASCENDENCIA Y TRASCENDENCIA DEL SINDICALISMO




Este 1º de mayo, en España, está marcado por tres grandes ejes que el sindicalismo confederal ha definido de manera muy neta. De un lado, los incrementos salariales y la recuperación de los niveles de retribución colectiva deteriorados por la crisis, en especial respecto de los más bajos de la jerarquía salarial. Esta es una reivindicación que va en paralelo a la de revertir las reformas laborales del 2010 y 2012 que han debilitado la negociación colectiva y la capacidad de representación general del sindicalismo. El segundo eje es el combate contra la precariedad y la propuesta de reunificación paulatina de las colectividades del trabajo. En este vector, la reivindicación de trabajo igual y salario igual se conecta muy directamente con las movilizaciones feministas del 8 de marzo. El tercer elemento puesto de relieve es la reforma del sistema de pensiones sobre la base de una protección suficiente para la tercera edad, y la exigencia de un pacto global sobre la financiación del sistema que no proceda a la expulsión de colectivos de su tutela ni a la rebaja de la intensidad de la protección.

Los sindicatos han convocado en más de 70 localidades marchas y manifestaciones. Se trata de una muestra de su capacidad de movilización, que es importante que se advierta en la asistencia masiva a las mismas. El proceso de movilización en el que estamos inmersos tiene como destinatario central el acuerdo de salarios en la negociación colectiva con una CEOE remisa y renuente a la que hay que obligar a acordar, y, en la otra mano, la presión sobre el gobierno que ha comenzado a dar marcha atrás en sus planteamientos, como lo demuestra el acuerdo con el PNV para la mejora de las prestaciones por vejez. Hay que seguir en esa línea ampliando la participación, confluyendo con las grandes movilizaciones de estos últimos meses en torno al 8 de marzo, abriendo propuestas al tema de la temporalidad y del trabajo a tiempo parcial no deseado, al combate contra la impunidad empresarial en el incumplimiento de la legalidad, al reforzamiento de la negociación colectiva.

Todo esto sólo se consigue mediante la vigorización de la organización y acción colectiva desde los lugares de trabajo a los diferentes niveles o escalas donde el sindicalismo tiene que desplegar su actividad. El 1 de mayo es un día perfecto para recordarlo, un día en el que la solidaridad internacional se expresa en las calles y en las plazas de todos los lugares del mundo.

Para conmemorarlo, nada mejor que recordar las palabras de una de las figuras emblemáticas del sindicalismo español, Anselmo Lorenzo, un ancestro común a todas y todos los trabajadores de este país, extraídas de una de sus obras pedagógicas dirigidas a la colectividad de la clase obrera del comienzo del siglo XX.

Estas son las palabras del gran sindicalista:

“En efecto, los obreros de cada oficio y de cada nación, advertidos , por una parte, por el concurso material y moral que en las épocas de lucha hallan en los obreros de todos los oficios y de todas las naciones, y, por otra, por la reprobación y por la oposición sistemática y odiosa que encuentran, no sólo en sus propios patronos, sino también en los de las industrias más diferentes de la suya y de la burguesía en general, llegan al conocimiento perfecto de su situación y de las condiciones fundamentales de su liberación. Ven que el mundo social está realmente dividido en tres categorías principales, 1º los innumerables millones de proletarios explotados, 2ª centenares de miles de explotadores del segundo y aun del tercer orden y 3º algunos miles, a lo sumo algunas decenas de miles de hombres de rapiña o capitalistas bien orondos que, explotando directamente a la segunda categoría e indirectamente, por medio de esta a la primera, embolsan lo menos la mitad de los beneficios del trabajo colectivo de la humanidad.

En cuanto un obrero se hace cargo de este hecho especial y constante, por poco desarrollada que se halle su inteligencia, pronto comprenderá que su salvación consiste únicamente en el establecimiento y la organización de la más estrecha solidaridad prácica entre los proletarios de todo el mundo, sin diferencias de industrias ni de naciones, en la lucha contra la burguesía explotadora.

He ahí pues, la base de la gran Asociación Internacional de los Trabajadores (entiéndase este razonamiento aplicado al sindicalismo moderno) demostrada, no por una teoría debida a uno o varios pensadores, sino por el desarrollo positivo sw lo hechos económicos, por las duras pruebas que estos hechos hacen sufrir a las masas obreras y los pensamientos que suscitan en su seno”

Anselmo Lorenzo, “Ascendencia y Trascendencia del sindicalismo”, Libros Corrientes, Madrid, 2018, publicado originariamente en 1913.

Que todos por tanto celebremos combativa y fraternalmente como se debe este primero de mayo del año dieciocho.





viernes, 27 de abril de 2018

LA PATRONAL CATALANA QUIERE ILEGALIZAR LA HUELGA POLÍTICA




Ha habido una noticia a la que en el torbellino de estos días, el hedor fétido de las cloacas que rodea al PP en la Comunidad de Madrid y sus cuerpos de intervención mediática, y la más reciente y sorprendente decisión judicial que niega la existencia de violación en un supuesto de violación múltiple, no se le ha dado mucha relevancia, como por otra parte sucede con casi todas las que se refieren al ámbito de las relaciones colectivas o sindicales. Tal como se recoge por la prensa, Foment del Treball, la patronal catalana – de tan seductora como liberal denominación – ha interpuesto una demanda ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en la que se demanda a un sindicato no representativo – Intersindical- CSC – por haber convocado una huelga el 8 de noviembre del 2017 en Catalunya que se estima ilegal por tratarse de una huelga política y le reclama 100.000 euros en concepto de indemnización. La noticia puede consultarse en el siguiente enlace: Foment del Treball quiere declarar ilegal la huelga del 8-N

Para quienes no estén al tanto de las vicisitudes de la “cuestión catalana” más allá de lo que enseña el complejo audiovisual y mediático dominante, el 8 de noviembre del 2017, tras el cese y la detención de los cargos de la Generalitat que habían apoyado la declaración unilateral de independencia, la central sindical Intersindical-CSC, convocó una jornada de huelga general textualmente para protestar contra la “precariedad instaurada en el mundo laboral”, los salarios bajos y el empobrecimiento de los trabajadores, pero materialmente en el contexto de una jornada de lucha que en el sentido común se entendía como una jornada de protesta frente a la detención de dichos dirigentes políticos, lo que afirmó la organización empresarial catalana solicitara cautelarmente la declaración de ilegalidad de esta convocatoria por tratarse de una huelga política impedida por la legislación vigente, el Real Decreto Ley de Relaciones de Trabajo de 1977, acción que sin embargo fue rechazada por el Tribunal de referencia. La huelga era apoyada por organizaciones independistas como ANC y Omnium, pero no por los sindicatos más representativos, UGT y CCOO, que convocaron concentraciones a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde.

La huelga no tuvo ninguna repercusión real en los lugares de trabajo ni en la vida ciudadana. Se produjeron eso sí, varios cortes de carreteras y de rutas, no directamente relacionados por tanto con la convocatoria de huelga. Incluso, como se ha podido comprobar posteriormente, el consumo de energía eléctrica, cuyo descenso es un indicativo de la efectividad de la acción de conflicto, en ese caso aumentó un tres por ciento.  La patronal sin embargo se aferra en su demanda al hecho político como un elemento determinante de la ilegalidad de la huelga, con independencia de que ésta surtiera efectos reales sobre la producción de bienes y de servicios y sin atender al hecho de que ni siquiera se previeron servicios mínimos sobre la misma. Tampoco se ha esforzado en justificar por qué solicita 100.000 euros de indemnización. El objetivo por tanto de Foment del Treball es nítido: conseguir una declaración judicial que establezca la ilegalidad de una huelga por tratarse de una acción colectiva que “se inicia o se sostiene” por motivos políticos.

Como en la conocida expresión atribuida a Confucio del dedo que señala la luna, es muy posible que la demanda de la patronal catalana sea considerada positiva por una parte de los opinantes en razón de que castiga el apoyo al independentismo por parte de un sindicato minoritario. En efecto, Intersindical-CSC se define como “el” sindicato independentista y de clase, apuesta por la organización colectiva en las empresas a través de las secciones sindicales y no de los comités de empresa – donde no supera la audiencia electoral exigida por la norma – y forma parte de la Plataforma Sindical de las Naciones sin Estado y de la Federación Sindical Mundial. Ha comparecido públicamente con los tres partidos independentistas, JxCat, ERC y CUP en el Parlament el 24 de abril para protestar contra la demanda de la patronal, que se ha materializado en el apoyo de estos partidos al “sindicato republicano” ante el ataque a su libertad de convocar la huelga. Pero por mucho que se pueda lícitamente criticar las propuestas de este sindicato no representativo, y su incrustación como asociación sindical en el ámbito de los movimientos sociales y los partidos que apoyaron el procès, ese no es la pieza fundamental de la operación jurídica que ha emprendido la asociación empresarial catalana.

Realmente al Foment del Treball se le da una higa – con perdón – el 8 de noviembre, la huelga convocada y el independentismo irredento. Lo que pretende es una sentencia en la que se declare que una huelga puede ser considerada ilegal por motivos políticos, de manera que ese fallo le permita luego reutilizar ese límite en otros conflictos esta vez reales y con repercusión en los lugares de trabajo.

Para valorar correctamente este objetivo, hay que tener en cuenta que en el DLRT de 1977 se considera ilegal la huelga “que se inicie o sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados”, y en esta equiparación entre la reivindicación “política” y la que se considera “ajena” al interés de los huelguistas se ha basado la interpretación jurisprudencial del Tribunal Constitucional – precedida de decisiones muy importantes de la jurisdicción ordinaria de las que fue ponente el magistrado Martínez Emperador, asesinado por ETA en febrero de 1997 – para entender que las acciones de conflicto dirigidas frente a los poderes públicos que enlazan con reivindicaciones que afectan al interés general de los trabajadores, entran dentro del ámbito de protección constitucional brindada por el art. 28.2 CE. Esta fue la doctrina recogida fundamentalmente en la STC 36/1993 de 8 de febrero en relación con la huelga general del 14 de diciembre de 1988, y que se relaciona directamente con la interpretación constitucional respecto de las huelgas de solidaridad o de apoyo a los trabajadores, que hace reposar sobre el sindicato y su función de activar la solidaridad entre todas las personas que trabajan, la capacidad de promover acciones colectivas que la respalden. De esta manera, por mucho que el objetivo de la huelga reciba el calificativo de “político” – a lo que son extraordinariamente propensos tanto las autoridades públicas como las asociaciones empresariales – eso no quiere decir que no sea “propio” o se corresponda con el interés de los trabajadores, en la medida en que el sindicato entienda que sucede así. No se trata solo de que las huelgas generales contra las políticas del gobierno sean plenamente conformes con el marco legal vigente – lo que es obvio – sino que el interés defendido mediante la convocatoria de una acción colectiva de conflicto sólo puede ser valorado desde la concreta interpretación que de él realice el sindicato convocante, sin que por consiguiente sea factible una valoración “externa” o “correctora” de lo que las organizaciones de trabajadores entienden que en cada momento concreto puede definirse como el interés de los trabajadores.

Este es justo el propósito de la demanda presentada por Foment del Treball ante el TSJ de Catalunya, reabrir la posibilidad de que, a instancias de los empresarios o de las autoridades públicas, los tribunales entren a distinguir y valorar entre objetivos “políticos” y “laborales”, como quería el legislador de la transición desautorizado luego por el intérprete constitucional. Se pretende, por tanto, que mediante acciones declarativas previas a la realización de la huelga convocada, los tribunales declaren ilegal por “políticas” las acciones colectivas decididas por un sindicato, teniendo en cuenta que en nuestro sistema cualquier organización sindical, con independencia de su representatividad y audiencia, tiene reconocida la titularidad colectiva en el ejercicio del derecho de huelga.

Esta es la verdadera sanción a las huelgas “ajenas al interés de los trabajadores”, como subraya la norma, la efectividad de la misma. Es decir, que si el sindicato se equivoca en su percepción de la realidad concreta en la que despliega su actividad y convoca una huelga que la gran mayoría de los trabajadores no asumen ni secundan, esta carencia de efectividad de la acción es la que demuestra que la huelga no era ni conveniente ni entendida. Para un sindicato esa es la prueba de su desconexión con la problemática que afecta realmente al conjunto de los trabajadores, como sucedió en este caso con la inexistente huelga del 8 de noviembre. Pero nuestro sistema ampara un marco de ejercicio de la autotutela colectiva que se mide y se valora desde la propia autonomía sindical en relación con el conjunto de los intereses de los trabajadores en cuanto tales, y que por consiguiente no permite que el interés defendido por la huelga sea valorado y restringido desde instancias externas a la acción colectiva misma.

Este es el valor de la autonomía sindical que constituye el centro del pluralismo social democrático reconocido por nuestra Constitución. La pretensión de la patronal catalana se dirige de manera frontal contra el mismo, aprovechando la no representatividad del sindicato encausado y el contexto independentista que tiñe y confunde las perspectivas horizontales del interés colectivo de clase. Es de esperar que la demanda no prospere, porque también el Ministerio Fiscal ha pedido que se desestime, aunque basándose en que la jurisdicción social no es competente para ello. Pero la maquinación de la asociación empresarial contra el derecho de huelga no puede prosperar. Estaremos atentos a ese fallo.