viernes, 23 de febrero de 2018

HOMENAJE A JAVIER MARTINEZ LÁZARO, ABOGADO DE CCOO Y MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL




El jueves 22 de febrero se celebró en el Círculo de Bellas Artes un homenaje a Javier Martínez Lázaro, magistrado de la Audiencia Nacional que falleció el 17 de septiembre del 2017. La idea erala de rememorar todas las etapas de su vida, como líder estudiantil, abogado del metal de CCOO, miembro relevante de Jueces para la Democracia, miembro del consejo General del Poder Judicial y finalmente magistrado de la sala de lo penal de la audiencia Nacional. Cada una de estas facetas era comentada por algunas de las personas que le habían conocido en esos tiempos. El homenaje fue enormemente concurrido, más de 400 personas abarrotaron la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y la alcaldesa Manuela Carmena  fue la primera que intervino después de la presentación de Jose Maria Fernández Seijo. Una crónica bastante circunstanciada del acto se puede consultar en el digital Confilegal , en el siguiente enlace: Homenaje a Martinez Lazaro, un hombre en el buen sentido de la palabra bueno.

Fueron muchas las intervenciones, como se ha dicho, glosando los distintos aspectos de la personalidad de “Tito” que se entremezclaba con todo un tiempo histórico de lucha por la democracia y la libertad. De entre ellas, destacamos para su publicación en este blog las palabras que le dedicó su compañero en la Audiencia Nacional y gran amigo, Ramón Sáez, que fueron unánimemente comentadas por su belleza y su exactitud en el retrato. Merecen la pena, como podrán comprobar los lectores y lectoras de este sitio.


Palabras para Tito de su amigo Ramón (22 febrero 2018).


        Recurro a tres ideas para evocar la memoria de Javier y elogiar al amigo: la verdad, la cultura y la esperanza. (Ahora Tito me susurra: Ramón, no te pongas estupendo. Pero esta vez, querido, tampoco te haré caso, por respeto a la memoria de Max Estrella, aquel genial personaje a quien tantas veces encontramos en las rondas nocturnas por la ciudad.)

        1.- La verdad. En un hermoso texto sobre la figura y la tarea del periodista, y Tito lo fue, que prologaba una recopilación de artículos titulado El reportero frenético, uno de los libros mas vendidos en la República de Weimar, Egon Kisch –checo-alemán judío comunista y de buena familia, como se presentaba-, en una clave que nos resulta bien contemporánea, consideraba que su mundo estaba inundado de mentiras, se había olvidado de sí mismo y se regodeaba en las falsedades, de ahí que, afirmaba, «nada es mas asombroso que la simple verdad, nada más exótico que lo que nos rodea, nada más imaginativo que la objetividad. Y nada hay mas sensacional que el tiempo que nos ha tocado vivir». La sentencia de Kisch, el mismo personaje y sus artículos, causarían delicia a nuestro amigo. Es más, la afición a la verdad, la pulsión por la objetividad, la capacidad de atender especialmente, y de gozar también, de aquello que nos rodea eran valores y sentimientos que formaban parte del carácter y de la personalidad de Javier.

        2.- La cultura. Tito regresó a la jurisdicción en noviembre de 2007, después de siete años en el Consejo, lo que hizo posible que compartiéramos intensamente espacio y tiempo de vida, que aprovechamos para aprender de la amistad y del respeto al otro, en un clima de afecto y complicidad. El camino de vuelta al tribunal se desenvuelve, lo quieras o no, en un plano descendente: del gobierno de los jueces a miembro del colectivo gobernado –aunque Javier sabía que en materia de jurisdicción no hay nada que gobernar, así lo exigen la separación de poderes y la potestad de decir el derecho que le corresponde en exclusiva al juez en el proceso. El retorno a esa realidad, ya conocida, requiere de una adaptación emocional e intelectual que Javier llevó a cabo con la humildad y la fuerza que le caracterizaban.

        Le irritaba la falta de medios de la Audiencia Nacional, «el fuerte», como llamábamos a nuestro tribunal parangonando con ironía metáforas gloriosas con las que había sido nombrado. (La ironía es una estrategia universal de supervivencia que Tito manejaba con maestría.) Se encontró con expedientes de papel que eran auténticos mamotretos, compuestos por miles de folios unidos sin orden ni concierto, de manera arbitraria, y sin un índice que le permitiera transitar por ellos. Tenía razón: sin instrucciones de uso eran, físicamente, inmanejables. Hay muchas anécdotas que recordamos quienes compartimos aquel tiempo y que nos hacen sentir la ilusión de que sigue acompañándonos. En realidad nos acompaña, de otra manera.

Por lo demás, el reciclaje que hizo nos brinda una lección. Lo habíamos hablado en alguna ocasión a propósito de la formación del juez: la necesidad de la cultura para hacer un buen juez, de cultura jurídica y de cultura general. Porque una persona culta, que posee conocimientos, como era su caso, del derecho, de la historia, la economía, la sociología y la política, que se informa, que disfruta de la ficción literaria y cinematográfica, está mejor dotada para construir el conflicto objeto del proceso, para analizar la prueba y elaborar el hecho, para decidir aplicando la Constitución y la ley. Es algo que pudimos aprender  también trabajando a su lado: la importancia de la cultura. La labor del juez es de naturaleza intelectual, lo que demanda, aparte de la técnica jurídica y de conocimientos humanísticos, de una cultura democrática de las libertades y los derechos. (Si los jueces, y en general los decisores públicos, tuvieran el hábito de la cultura de los derechos -que es heredera del pensamiento ilustrado- no asistiríamos a la involución que representan la criminalización de la palabra sin incitación, la censura del arte, la persecución de creadores y de obras de ficción.)

        3.- La esperanza. Cuando nos enfrentamos al recuerdo del amigo aparece, como un lugar común, su optimismo. Sin embargo, yo creo que, más allá del punto de vista, Javier se identificaba con una tradición que se sustenta en la esperanza de un mundo mejor, lo que le determinaba a actuar aunque la empresa pudiera estar abocada a la derrota. Lo importante era plantar cara a la infamia, denunciarla, hacerla pública. Porque más que la injusticia, duele la sumisa aceptación de que las cosas son así y no se pueden cambiar. La desesperanza -de la que hablara Bertolt Brecht en sus versos de exilio A los hombres futuros- surge por la constatación de la falta de rebelión o de respuesta ante la injusticia. Lo recordaba hoy Santiago Sierra comentando la retirada de su obra de la feria de arte: peor que lo que ha pasado es lo que no ha pasado, es decir el silencio de galeristas y creadores. Frente a la servidumbre voluntaria que se impone como conducta políticamente debida, Javier reaccionaba ante toda forma de injusticia que detectara. Ni callaba ni otorgaba, sin reparar en evaluaciones utilitaristas y sin temer al fracaso. Solo por ello –aunque sabemos que hay mucho mas en su haber-, por estos gestos de hombre justo, su vida ha tenido sentido y es para nosotros un testimonio.


miércoles, 21 de febrero de 2018

EL PP CONTRA LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES


Ayer se debatía en el pleno del Congreso la toma en consideración de la proposición de Ley del Grupo Confederal de Unidos Podemos / En Comú Podem / En Marea sobre igualdad retributiva entre mujeres y hombres a la que en este blog se ha hecho referencia ( y que puede encontrarse en este enlace Según Baylos / Brecha salarial y ahora también en el digital Nueva Tribuna en este otro enlace Nueva Tribuna / Igualdad salarial  ).

Se trata de una iniciativa legislativa de indudable valor que afecta a un tema especialmente candente en estos días, en donde está convocada una huelga general parcial el 8 de marzo como punto de inflexión en el tratamiento de la discriminación de la mujer, y que asoma críticamente en todos los estudios que se están efectuando sobre la configuración de nuestro “mercado de trabajo”, la diferente jerarquización salarial en él presente y en definitiva la depreciación del trabajo de la mujer de igual valor que el del hombre trabajador en un contexto generalizado de devaluación salarial tras la crisis. La discusión en sede parlamentaria de un proyecto normativo que plantea de manera muy concreta la reforma del marco institucional vigente para condicionar positivamente la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, constituía una oportunidad política para debatir sobre este tema, la conocida brecha salarial y sus causas, así como para que la opinión pública pudiera comprobar el compromiso que con el principio de igualdad tienen  las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, y en su caso, el grado de aceptación que esta iniciativa suscitaba.

El espectáculo que se pudo comprobar en el pleno del congreso de ayer fue extremadamente preocupante. En efecto, ni un solo miembro del gobierno estuvo presente en él, denotando un absoluto desprecio por esta propuesta de ley y el contenido de la misma. Se justificó luego la ausencia sobre la base de que algunos de los ministros tenían una sesión de preguntas en el senado, pero a nadie se le escapa el significado simbólico de la ausencia de cualquier miembro del gobierno de un debate de estas características, abandono de su responsabilidad que se conecta con las declaraciones del presidente Rajoy cuando respondió con un “no nos metamos en esto” a una pregunta precisamente sobre la discriminación salarial entre mujeres y hombres. El gobierno subestima altaneramente las iniciativas del Grupo Unidos Podemos, pero ignora a su vez que éstas se corresponden con las necesidades de la mayoría de la población y, en el caso concreto de la igualdad retributiva, con el compromiso de los poderes públicos al que les obliga el art. 9.2 de nuestra Constitución para que la igualdad sea real y efectiva. Pero el gobierno rechaza las formas democráticas de respeto al Parlamento y no se siente vinculado por la Constitución salvo en las partes de ésta que entiende le son propicias.

Este impulso constitucional es el que hizo que ayer en la cámara todos los grupos parlamentarios presentes hicieran pública su posición favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley. Lo hizo el PSOE, que hoy mismo presentará otra proposición de ley sobre el mismo tema y que es en buena medida coincidente con las medidas presentes en la de Unidos Podemos como ha señalado la prensa digital en este enlace Coincidencias entre propuestas legislativas de igualdad retributiva, porque como señaló su portavoz, marcando un poco el tono general de las intervenciones de los distintos grupos, el tema de la igualdad es un tema central para la democracia y hay que estar a favor de cualquier iniciativa que la respalde y fortifique. También lo hizo Ciudadanos, siempre sobre la base de que se trata de un problema que debe enfocarse desde todos los ángulos posibles, así como los nacionalistas vascos del PNV, la portavoz de igualdad de ERC, los portavoces de Compromis, de PDeCat, y  de EH Bildu, e incluso el representante de Foro Asturias. Para todo este abanico de fuerzas políticas, la situación es “calamitosa” y hay que remediarla, y esta iniciativa va en la buena dirección y debe ser aprobada.

Sin embargo el Partido Popular votó en contra de tomar en consideración esta proposición de ley. Este es un hecho que han subrayado todas las informaciones aparecidas sobre el particular en los diarios digitales – Eldiario.es, Público, Infolibre – aunque no así en otras cabeceras más oficiales, como la de El Pais, que titula asépticamente que “El congreso apoya impulsar una ley contra la brecha salarial”, si bien añade a continuación que “el PP considera que ya trabaja en esa iniciativa de Unidos Podemos”, siempre sin mencionar que este partido ha votado en contra de esta proposición de ley. Siempre ocultado el voto en contra del PP, el ABC señalará que “El Congreso pondrá en marcha esta tarde la ley de Podemos para la igualdad retributiva”, y El Mundo indicará que “El Congreso da el primer paso para eliminar la brecha salarial de las mujeres”. Una lección de cómo presentar un debate político manipulando su contenido.

El PP no ha apoyado la toma en consideración de la propuesta legislativa sobre la base de consideraciones irrisorias sobre la extensión del machismo en la sociedad  - que a juicio de su portavoz, también se extiende por el grupo de Unidos Podemos – y sobre la base de que es muy difícil y complicado acabar con esta “lacra”, aunque el Gobierno está trabajando en esa dirección, lo que debería bastar a todos. Este es el pretexto, mas que el texto del discurso, pero lo que realmente comunica el mismo es la oposición a unas medidas que pretenden impulsar la igualdad salarial entre mujeres y hombres. Una oposición cuya causa se encuentra desde luego en la consideración de la relación salarial como una relación sometida estrictamente al mercado y por tanto donde los diferenciales retributivos derivados del tiempo parcial o del trabajo precario, o de los diferentes complementos salariales percibidos por mujeres y hombres,  por señalar los más relevantes, son funcionales al desarrollo económico desigual que se presenta como la salida practicable de la crisis.

Es importante constatar que en este debate parlamentario, el PP se ha opuesto a una propuesta legislativa que combate de forma intensa la brecha salarial, en un texto que está seria y profundamente razonado y desarrollado, y que la razón de su negativa a suscribirlo no se basa en la inidoneidad de las medidas propuestas para obtener el resultado declarado, sino en la convicción política del partido gobernante de que en definitiva, la desigualdad salarial forma parte del marco institucional del mercado de trabajo y es por tanto incorrecto querer impedir mediante una norma coactiva lo que no supone sino una ley decisiva de funcionamiento del desarrollo económico de las empresas.


El PP posiblemente elija al final optar por la abstención, para no mostrar públicamente su voto negativo frente a una mayoría abrumadora en el Congreso. Se lo recomiendan sus asesores de imagen, sus constructores de opinión. Pero este embellecimiento de su voto no puede hacer olvidar el dato fundamental que ha mostrado el debate parlamentario de ayer: Un partido, el partido que nos gobierna, que toma partido por la desigualdad. Tomemos nota y no permitamos que esta realidad se difumine en los diferentes relatos que concurren a la formación de la opinión pública actual.

lunes, 19 de febrero de 2018

BRECHA SALARIAL E IGUALDAD SALARIAL: UNA PROPUESTA DE LEY DE EN MAREA/ EN COMU PODEM / UNIDOS PODEMOS



Se aproxima el 22 de febrero que es el día fijado en Europa para recordar que existe un importante diferencial salarial entre mujeres y hombres. En previsión de este día, aparecen cada vez más en la prensa informes y datos que denuncian el hecho y calculan su valor económico, dado que, como es habitual, lo importante parece no ser la discriminación salarial, sino lo que esta cuesta o en lo que se valora. 

Un informe de la UGT defiende que en España, unos siete millones de mujeres ganan de media 6.000 euros menos al año que los hombres, lo que lleva a la conclusión de que “las empresas ganen 42.000 millones más al año” (Público, 42.000 millones de ganancia empresarial ) o, de forma más ajustada, a constatar que “la brecha salarial se reduce ligeramente en la Unión Europea mientras que se estanca en España” ( Infolibre, la brecha salarial se estanca en España  ).

Es importante en este tema perfilar el marco institucional en el que se desarrolla esta evidente discriminación salarial. En España, como se sabe, el ordenamiento jurídico establece un principio de igualdad en el valor del trabajo y en su retribución, pero la brecha salarial persiste. Los datos de los que se dispone van desde el 17,3% en la Encuesta EUROSTAT hasta el 20% en la estadística Mercado de Trabajo y Pensiones en las fuentes tributarias. Otros trabajos académicos suben este porcentaje, y el informe reciente citado de la UGT lo sitúa en un 22,86%. Una tendencia que manifiesta la persistencia de este hecho, agravado sin duda por la devaluación salarial masiva que hemos padecido durante la crisis mediante la aplicación de las políticas de ajuste y de austeridad desde el 2010 en adelante.

Es evidente que la eliminación de la brecha salarial requiere la utilización de medidas muy diversas, como múltiples son los factores que la determinan, y no se limitan al ámbito estrictamente laboral. Pero una norma que acometa de modo global y transversal la igualdad retributiva real y efectiva es sin duda un instrumento muy importante para combatir la llamada brecha salarial.

Este es el objetivo que se ha planteado el Grupo parlamentario Unidos Podemos / En Comú Podem / En Marea, que ha elaborado una Proposición de Ley de Igualdad Retributiva que fue presentada al público en octubre del 2017 y aceptada a trámite en noviembre de ese mismo año  y de la que sin embargo no se ha hablado en las informaciones de estos días. (El texto puede descargarse aquí Proposicion de Ley de Igualdad Retributiva Mujeres y Hombres) Para su elaboración, el Grupo Parlamentario con Yolanda Díaz y Alberto Rodriguez formó una comisión de expertos, presidida por la catedrática de la Universidad de Valencia, Maria Amparo Ballester, que ideó una acción normativa muy bien construida que afecta a una amplia serie de normas laborales, procesales, del empleo público y estadísticas, planteadas con un nivel de precisión técnica y de exhaustividad notable.

La proposición de Ley tiene un contenido “estricta y concretamente dirigido a la identificación, corrección y tutela contra la discriminación retributiva”, en la línea de otras iniciativas legislativas de países como Suecia o como Gran Bretaña, y pretende evitar que un tratamiento más general del tema que aborde otros aspectos de la conciliación de la vida personal, o del reparto del tiempo de trabajo, por ejemplo, diluya el objetivo principal que se persigue. La visibilidad social en la opinión pública del problema es más acentuada si existe una legislación específica sobre el particular. En definitiva, esta proposición de ley enlaza directamente con la obligación de los poderes públicos de garantizar la efectividad del principio de igual retribución por trabajo de igual valor, lo que por otra parte remite al compromiso que señala el art. 9.2 de nuestra Constitución respecto del logro gradual de la igualdad material o sustancial. Es además una obligación establecida por textos internacionales como el Convenio 100 de la OIT y desde luego forma parte de la piedra angular de la normativa europea desde la ya histórica Directiva 75/117 de 10 de febrero de 1975, en una línea desarrollada y reiterada por una larga emanación normativa del derecho de la Unión y promovida y concretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que lo ha configurado, también desde su inicio, en el asunto Defrenne II en 1976 como un principio básico que tiene eficacia directa horizontal entre particulares. En lo que se refiere a la vertiente del ordenamiento constitucional, la proposición de ley se reclama de la Ley de Igualdad (LOIEMH) y de la mejor jurisprudencia del Tribunal constitucional, antes de las vacilaciones y retrocesos que ésta ha sufrido a partir del 2010.

No es ahora el momento de describir los contenidos concretos de esta proposición, que como se ha dicho, afecta a una larga serie de disposiciones laborales, comenzando por el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, además del Estatuto Básico del Empleo Público y otras más. Se recomienda sin embargo su lectura, porque el texto propuesto evidencia la posibilidad material de corregir normativamente una serie de conductas que actualmente propician, directamente, el incremento o el mantenimiento del diferencial salarial mujeres / hombres. La consulta de su cuidada y detallista exposición de motivos, permite comprender fácilmente el alcance y la importancia de este texto. Las soluciones normativas propuestas son además muy interesantes para una posible recepción en la negociación colectiva, como sin duda podrán comprobar los y las sindicalistas que lo consulten.

Pero a su vez la mención de esta proposición de ley plantea otra serie de interrogantes y suscita no pocas perplejidades. Ante todo el aislamiento mediático y político que parece rodear las iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios que no sostienen al gobierno, o, por mejor decir, la irrelevancia que en la opinión pública tiene la actividad parlamentaria que, por definición, es la expresión de la voluntad popular. Este cierto silenciamiento mediático de una actividad parlamentaria seria y rigurosa es especialmente puesto en práctica con el grupo parlamentario de Unidos Podemos.

En materia de derechos sociales, es el gobierno el que legisla por la vía de urgencia y además es él quien aplica el art. 134.6 de la Constitución para vetar las iniciativas del congreso que a su juicio suponga aumento de créditos o disminución de ingresos presupuestarios, negando su conformidad para su tramitación. Ya sabemos que más de cuarenta proposiciones de ley han sido vetados sobre esta base en la presente legislatura. El eje del análisis que se efectúa en la opinión pública y vincula la información socialmente relevante es por tanto la potestad normativa del gobierno, su iniciativa legislativa, sin que ni siquiera sea muy comentada el ejercicio continuo de su veto a propuestas de la oposición. Este hecho es muy llamativo, porque reduce la actividad parlamentaria a un espacio opaco incapaz de trasladar a la sociedad las distintas visiones que políticamente se mantienen respecto del marco institucional pretendido o proyectado, de forma que lo único que trasciende es el contraste de opiniones sobre la política del gobierno efectuado en el pleno del Congreso principalmente, en un esquema de preguntas y respuestas en las que el eje de la discusión es siempre la actuación del gobierno, por mucho que ésta resulte severamente censurada por los intervinientes en el debate.

El segundo elemento a destacar es la irrelevancia de la acción parlamentaria de reescritura del tejido normativo, la incapacidad de que estos proyectos alcancen finalmente valor y eficacia jurídica plena en el ordenamiento interno español. La lentitud con la que se desarrolla el procedimiento, la ampliación del plazo de las enmiendas, el estiramiento de los tiempos de elaboración de la norma en el Congreso, a lo que se suma el inútil trámite del Senado que ralentiza aun más el proceso, no sirve para que durante ese dilatado lapso temporal la ciudadanía socialmente responsable conozca y participe en estos proyectos regulativos, sino para asimilar que trabajar en este sentido es un esfuerzo inútil. Lo que en definitiva se quiere transmitir es que el trabajo colectivo empeñado en proponer elementos de regulación alternativos y contrahegemónicos no resulta practicable porque carece de eficacia y de repercusión social.



Este es el daño que la opacidad de la actividad legislativa alternativa a la actual produce al propio sentimiento democrático. Como romper este círculo cerrado es difícil, pero no imposible. La comunicación frecuente y no solo puntual con los sindicatos de este tipo de proyectos, la apertura a la participación de los sectores especialmente interesados y fundamentalmente el acceso a unos medios de opinión pública que asuman valores de participación y de discusión democrática pueden ser elementos que ayuden a superar esa desconexión entre la labor de los representantes de una parte de la ciudadanía que ignora el trabajo que éstos están realizando sobre los temas más decisivos en el momento actual. Como sucede, en efecto, con el de la discriminación salarial entre mujeres y hombres.

martes, 13 de febrero de 2018

TRABAJO POR CUENTA AJENA Y ERA DIGITAL



Es un lugar común comprobar que vivimos en una época de turbulencias y rápidas transformaciones que cuestionan algunas certezas muy establecidas y que plantean retos e interrogantes sobre el futuro del trabajo que ya no es como nos lo representábamos hace tan solo una veintena de años. Estas incertidumbres sobre el futuro suelen centrarse en la presencia, profusamente anunciada, de cambios tecnológicos decisivos en la modificación de las formas de trabajar, que anticipan un trabajo sin garantías, líquido y esencialmente inestable como característica esencial del tiempo futuro.

Se subraya la capacidad de la revolución tecnológica para propulsar la productividad y estimular una nueva ola de crecimiento, de manera que, aunque la recuperación económica está siendo lenta y en ocasiones resulta estacionaria, hay un impulso creciente que la hará despegar de nuevo, y este consiste en el cambio tecnológico profundo que impone fundamentalmente la revolución digital. Este nuevo escenario requiere medidas de transición porque liberará una gran cantidad de trabajo y por tanto procederá a una ingente destrucción de empleo, junto con la exigencia de una transformación decisiva del tipo de empleo regulado, mucho más autónomo, lábil y disponible, para cuya regulación no son idóneos los viejos requerimientos de estabilidad y de un marco de derechos colectivos que procuran un tratamiento homogéneo de las condiciones salariales y de empleo incompatible con el tiempo de la digitalización. Diversificación, autonomía, individualización, son las grandes palabras de orden del futuro del trabajo en esta era digital, que sin embargo convivirán de manera polarizada con una parte de trabajo plenamente descualificado, precario y mal remunerado para el que tampoco sirven las fórmulas de regulación sindical.

Como todo discurso futurista, el del determinismo tecnológico tiene adeptos entusiastas y produce una gran fascinación. Pero en la realidad no se presenta como un elemento que permanezca aislado de los procesos sociales en los que se inserta. El trabajo en plataformas  digitales y el fenómeno de la uberización, el trabajo en red y la descentralización productiva, las nuevas formas de trabajo que se asientan en nuevas formas de consumo y producción, están siendo cada vez más objeto no sólo de la atención de las figuras colectivas que representan al trabajo, sino más específicamente, de aquellos que se dedican al estudio de estas relaciones sociales. En concreto, los juristas del trabajo se han visto directamente atraídos por el análisis de estos fenómenos y su explicación crítica.

Como un fuego que se propaga rápidamente, la digitalización y el trabajo en plataformas, la gig economy, se ha constituido en un tema de moda, al que prácticamente todas las revistas científicas especializadas, nacionales y extranjeras, han prestado su atención, reduplicada ante la existencia de algunos fallos judiciales de referencia ineludible aunque se hayan producido en su comienzo en sistemas jurídicos anglosajones – un tribunal en California, otro en Londres – con un sistema de control test en el marco de la libertad del empresario para proceder al despido sin causa y que posteriormente se han visto acompañados por decisiones mucho más cercanas y coherentes con el sistema jurídico europeo, como la emitida sobre Uber por el Tribunal de Justicia, y, ya entre nosotros, mediante las actas de infracción de la Inspección de Trabajo a Deliveroo o a Globo.

En el próximo número de la Revista de Derecho Social del que se dará cuenta apenas aparezca en  breve, dedica su editorial y el apartado de Debate a esta materia, con dos interesantísimas aportaciones, una de Silvia Borelli, de la Universidad de Ferrara y Juana Serrano de la UCLM, sobre el desarrollo del problema desde las coordenadas de ambos sistemas jurídicos, el italiano y el español, respecto de estas nuevas formas de trabajo, y otro de Eva Garrido, de la Universidad de Cádiz, que reflexiona sobre la existencia de formas de representación colectiva en estos sectores, en un texto escrito que reproduce su intervención en la reciente Jornada organizada por el Gabinete de estudios Juridicos de CCOO y Juezas y Jueces para la Democracia el 8 de febrero pasado en Madrid. Como prueba del interés suscitado, también en ese mismo número se incluye el comentario a la sentencia del Tribunal de justicia sobre Uber que firma Francisco Trillo, que ha sido de los primeros que han analizado la relación entre economía digital y derecho del trabajo. En una buena parte, por otro lado, esta problemática asoma al Debate que la OIT está llevando adelante sobre el futuro del trabajo, que ha dado lugar ya a una publicación muy interesante de un libro coordinado por las profesoras Laura Mora y Mari Luz Rodríguez, ambas de la UCLM, sobre el futuro del trabajo en el marco del debate impulsado por la organización internacional que ha desembocado en un encuentro interuniversitario celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid, en Getafe, el viernes 9 de febrero, con la participación de más de 300 personas, que se dividieron en 14 grupos de trabajo, entre ellos, de manera destacada, los relativos a los cambios producidos en la forma de trabajar en el contexto de la era digital. En septiembre de 2018 se realizará un encuentro en Toledo de 70 personas, que han de trasladar el estado del debate sobre los temas planteados en la sede de la UCLM, y culminará con una conferencia final en marzo de 2019 en la que se establezcan las conclusiones del mismo con vistas al centenario de la OIT.

El futuro del trabajo está por escribir a partir precisamente de las luchas de mujeres y hombres por una sociedad mejor e igualitaria en la que el trabajo sea la fuente de la riqueza  en un modelo de crecimiento sostenible que provenga de una transición ecológica pactada y que dote a cada persona de un conjunto de derechos que garanticen su libertad y seguridad en la existencia. Los nuevos paradigmas de explotación del trabajo, las formas de precarización acentuada que establecen una separación tajante entre la actividad y su dirección efectiva respecto de la condición retributiva y la ejecución heterodirigida de las prestaciones en que consiste aquella, tienen que leerse desde la perspectiva de garantizar en estos casos los contenidos esenciales de la noción de trabajo decente y en consecuencia, preservando derechos individuales y colectivos directamente ligados a la condición de ciudadanía que procede del desempeño del trabajo. Lo que también requiere la organización de estos sujetos en su vertiente colectiva, la inclusión de los mismos en el universo de la contratación colectiva y del conflicto, que es el espacio privilegiado para la construcción de posiciones jurídicas equilibradas. Con la modestia del pensamiento del derecho, este es el futuro del trabajo que creemos factible.


jueves, 8 de febrero de 2018

EL ENCUENTRO ANUAL DEL EUROPEAN WORKING GROUP ON LABOUR LAW (EWLL) EN CIUDAD REAL (MARZO 2018).



INTERNACIONAL LABOUR LAW SEMINAR



Developments in dismissal regulation in the last 10 years: the case of Spain

Ciudad Real, 15th of March 2018

10:30 a.m. – 13:30 p.m.




 


PRESENTATIONS:

 

10.30 Nunzia Castelli: Right to work vs. free enterprise


11.00 Vera Pavlou: Fundamental rights and dismissal: the European perspective


11.30 Francisco Trillo: The judicial control of dismissal

12

12.00 OPEN DEBATE

 



Dirección: Nunzia Castelli

Secretaria Académica:
Marialaura Birgillito

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES


 Febrero está lleno de encuentros y trabajos que impiden atender como se debe las páginas de este blog. Pero es también importante dar cuenta de las actividades académicas y profesionales que pudieran ser de interés para nuestros lectores. Muchas de ellas no son conocidas del gran público, puesto que en su mayoría, el trabajo universitario de investigación y de circulación de conocimientos se efectúa al margen de los circuitos ordinarios de transmisión de informaciones, incluso en círculos especialmente interesados, como pueden ser los sindicales o profesionales. Por eso en esta ocasión se trae a este blog la iniciativa conocida como la reunión anual de un grupo de estudiosos europeos, el Grupo Europeo de Estudio sobre el Derecho del Trabajo, cuya breve historia junto con la convocatoria de su reunión anual en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, en la UCLM, se comenta a continuación.

El área de Derecho del Trabajo de la UCLM - bajo la responsabilidad de la Profesora Nunzia Castelli - forma parte del European Working Group on Labour Law (EWLL), una red de Profesores especializados en Derecho del Trabajo a nivel nacional, europeo e internacional que incluye, además de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCLM, a las Facultades de Derecho de las Universidades de Cassino (Italia), Frankfurt Oder (Alemania), Leicester (Reino Unido), Strasbourg (Francia), Utrecht (Holanda) y Poznan (Polonia).

En el marco de sus distintas actividades científicas, el EWLL organiza anualmente un Seminario Internacional de Derecho del Trabajo Comparado en el que profesores y estudiantes de las distintas Universidades que integran el Grupo debaten y ponen en común normativas y prácticas nacionales relativas al tema elegido. Puesto el carácter rotativo del seminario, las Universidades implicadas han de turnarse en la organización del mismo. Así este año (2017), la 18º edición del seminario se ha celebrado en la Universidad Europea Viadrina en Frankurft Oder (Alemania) en las fechas 21-24 de marzo. El tema elegido como objeto de estudio ha sido la interrelación entre el derecho fundamental a la intimidad de los trabajadores y los márgenes de legítimo ejercicio de los poderes empresariales de vigilancia y control de la actividad laboral del personal a su servicio. En representación de España, participaron 4 estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real (Ana María Sanchez Valdepeñas, Luís Miguel Vioque Galiana, María Pareja Sánchez y Víctor Jiménez Fernández) acompañados por las Profesoras del área de Derecho del Trabajo Nunzia Castelli y Marialaura Birgillito.

El desarrollo de trabajo en equipo - con la formación primero de grupos de estudiantes nacionales encargados de redactar y presentar los Informes Nacionales, y luego de grupos compuestos por alumnos procedentes de distintos países encargados de realizar la labor de comparación y redacción y presentación de los Informes Finales -, el carácter comparado del Seminario, así como la necesidad de manejarse en lengua inglesa, hacen del Seminario Internacional de Derecho del Trabajo Comparado EWLL una actividad de especial interés para alumnos y profesores. En el mismo, no solo se desarrollan habilidades, conocimientos, competencias relacionadas con el Derecho del Trabajo, sino que se tiene la oportunidad de compartir inquietudes y reflexiones sobre temas jurídicos de actualidad, además de consolidar el conocimiento y la práctica de otro idioma. Todo ello, en el marco de una experiencia de claro corte internacional que profundiza en el proceso de internacionalización de la educación superior universitaria que, en palabra de la “Estrategia para la internacionalización de las Universidades Españolas (2015-2020) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se define “como el proceso de integrar una dimensión internacional, inter-cultural y/o global en los objetivos, funciones (enseñanza/aprendizaje, investigación, servicios) y suministro de la educación superior”. El mismo documento se refiere a la misma como “un factor esencial de la reforma para la mejora de la calidad y de la eficiencia de las universidades española” puesto que “favorece la aproximación a la excelencia como elemento que debe inspirar la educación española y para avanzar hacia una sociedad y una economía del conocimiento que propicien un modelo de desarrollo y crecimiento más sólido y estable”. Desde este punto de vista, no cabe duda de que la integración de la UCLM en el Grupo de Universidades participantes contribuye a coadyuvar a esta Institución académica a mejorar la calidad y la variedad de su oferta formativa y a expandir los horizontes del conocimiento.

En cumplimiento de las obligaciones derivadas de la integración en el EWLL y puesto el carácter rotativo de la organización del mismo entre todas las Universidades participantes, la próxima edición del Seminario (Edición n. 19 – 2018) corre a cargo del grupo español. La UCLM ya se hizo cargo de la organización de la edición n. 12 del Seminario que se celebró en Almagro en 2012.

En el marco de este encuentro se efectuará un seminario internacional, cuya lengua de trabajo será el inglés. El núcleo temático sobre el que versará el mismo se refiere al desarrollo de la regulación del despido en los últimos 10 años, con atención especial al caso español. De esta forma, el día 15 de marzo, a partir de las 10,30 de la mañana, tras el saludo de bienvenida del Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Juan José Rubio Guerrero, intervendrá en primer lugar Nunzia Castelli para enmarcar este desarrollo legislativo en un enfoque constitucional que confronta el derecho al trabajo con la libertad de empresa, seguida de Vera Pavlou, investigadora en la Universidad Goethe de Frankfurt, que expondrá el marco europeo de regulación de los derechos fundamentales respecto del despido, y finalmente Francisco Trillo examinará los problemas derivados del control judicial del despido. A partir de estas intervenciones, se abrirá un debate libre entre los asistentes en donde se pueda ejercitar el análisis comparado con otros modelos regulativos del despido en los países presentes en el seminario y en donde se presenten asimismo las opciones de política del derecho que responden a la problemática planteada con propuestas de revisión del modelo regulativo actual.

De las actividades del seminario se efectuará un informe ejecutivo y los asistentes al mismo podrán disponer del texto de las intervenciones programadas.

domingo, 4 de febrero de 2018

LA CONSTITUCIÓN NO ES UN ADORNO. HABLA JOAQUIN APARICIO


En colaboración con la blogosfera de Parapanda y el digital Nueva Tribuna, traemos a este blog la opinión de Joaquin Aparicio, que reflexiona sobre el vaciamiento de sentido que en la política oficial se da a la Constitución y al Estado de Derecho como expresiones unidireccionales que olvidan el contenido democrático y social que debería acompañarlas. "El imperio de la ley" , "los partidos constitucionalistas", son expresiones con las que nos bombardean las televisiones y los medios de comunicación sin que las mismas puedan ser cuestionadas desde la propia noción de Constitución, de legalidad y de los valores democráticos que se niegan precisamente cuanto más se afirman. El texto de Joaquín Aparicio pone de relieve el empleo sesgado y falso de estas nociones y reivindica la Constitución en su conjunto, como elemento de dinamización social, de participación democrática y de control de los poderes económicos que no pueden ser ignorados en los discursos políticos ni en la  determinación que los medios de comunicación efectúan de la opinión pública.


NO, LA CONSTITUCIÓN NO ES UN ADORNO

Joaquín Aparicio Tovar

La fallida operación de colocar a Pérez de los Cobos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha puesto de manifiesto, una vez más, el efecto gangrenoso que para democracia en España supone el Partido Popular. La democracia es algo más que sujeción de los poderes públicos a reglas y procedimientos, también es respeto a determinados contenidos establecidos en la Constitución, como los derechos sociales que dan vida al principio de igualdad considerado en el art. 1 como un “valor superior”.  Pero, además de todo ello, implica asumir una cultura, más allá de las leyes, que supone la aceptación de ciertos límites en el comportamiento personal y colectivo. Esa cultura, al estar integrada, aún con mayores o menores deficiencias, en las sociedades allende los Pirineos (con la excepción de ciertos países del este europeo, como Polonia o Hungría) es la que ha hecho imposible que quien es visto como vocero del Gobierno ocupe una plaza de juez en el TEDH.

Decían los clásicos que aquel país que no tiene separación de poderes ni tabla de derechos fundamentales no tiene constitución. Pues bien, ¿qué pasa con nuestra constitución cuando el Gobierno manipula con éxito para colocar en los puestos claves de la judicatura a personas de su confianza ideológica saltándose el criterio de mérito y capacidad tan pregonado por el propio texto constitucional? ¿Qué pasa cuando después judicializa asuntos que deberían resolverse por vías de negociación política abierta? No se trata solo de Cataluña, sino que se está acosando en la jurisdicción a instituciones regidas por grupos de signo progresista, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, sometido a un constante bombardeo de pleitos en los tribunales para tratar de invisibilizar, obstaculizar o impedir su ejemplar y honrada gestión y su lucha contra la corrupción.  

¿Qué pasa cuando el Gobierno (con la aquiescencia de Ciudadanos)  bloquea al Parlamento e impide que cumpla con su función legislativa? Este Gobierno, ha vetado, haciendo un uso torticero del art. 134.6 CE, más de 40 proyectos de leyes en el último año. Algo insólito en democracia.

¿Qué pasa con los derechos, sobretodo con los sociales? Ahí seguimos, por poner solo algunos ejemplos, con la ley mordaza, el control de los medios de formación de la opinión, el código penal que criminaliza la huelga, la reforma laboral y de Seguridad Social, los recortes en sanidad y educación, las privatizaciones, el formidable y corrupto entramado creado entre el PP y notables grupos empresariales. Todo ello ha traído una merma de derechos, un achicamiento de los espacios de libertad y un aumento brutal de la desigualdad. A pesar de todo esto, los políticos del PP y sus huestes mediáticas se incluyen a sí mismos en un selecto club de “constitucionalistas”.

No, Felipe VI, la constitución no es un adorno, es algo mucho más, pero sobretodo no es una cachiporra con la que golpear a todos aquellos que son adversarios políticos. La unidad de España no solo es un asunto territorial, sino que depende de tener una sociedad cohesionada por el respeto por todos, pero ante todo por los poderes públicos, a reglas, procedimientos y los valores superiores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político, y por la efectividad de los derechos sociales que hace tenga sentido el valor de la igualdad. Por vivir con una cultura cívica, hoy en franca regresión, alejada de la cuartelera franquista, que no conoce límites, instalada en no pocas covachuelas gubernamentales. 




jueves, 1 de febrero de 2018

UN RECUERDO PERSONAL DE JAVIER MARTÍNEZ LÁZARO, "TITO", POR ENRIQUE LILLO


Javier Martínez Lázaro, "Tito", magistrado de la Audiencia Nacional, falleció el 17 de septiembre del 2017. Era una persona buena, muy estimada por todas y todos quienes le conocimos. Enrique Lillo, que lo conoció desde que ambos eran estudiantes y luego en su paso como abogado por CCOO, ha efectuado un recuerdo personal, con ocasión de un homenaje al amigo, que publicamos en esta entrada como homenaje a su memoria.

Recuerdo personal de Tito.

Nos conocimos en la época de universitarios, dentro de las actividades del movimiento estudiantil de principios de los 70, él en Derecho de la Autónoma y yo en Derecho de la Complutense.

Coincidíamos ocasionalmente en las reuniones de representantes legales cuya finalidad era potenciar las actividades de reivindicación y de lucha estudiantil en tiempos de la Dictadura Franquista y en tiempo por tanto de represión política y social, de despidos y encarcelamientos de trabajadores que se atrevían a reivindicar mejoras salariales y laborales junto con derechos ciudadanos y sindicales  y de encarcelamiento también de estudiantes que también se atrevían a plantear reivindicaciones y conquista de la vigencia y eficacia de los derechos humanos, y por lo tanto la liquidación de la Dictadura.

Posteriormente coincidimos también en el laboralismo político de izquierdas (agrupación del PCE) vinculado a las Comisiones Obreras.

Tito siempre estuvo en la élite del liderazgo, no solo en su época estudiantil, en la que era delegado representante legal de estudiantes elegido en elecciones, sino también en la época de laboralista puesto que su actividad profesionales se centraba básicamente en el Metal de Comisiones que siempre actuó como un núcleo muy importante en el movimiento obrero antifranquista; de ahí que Tito siempre fue una persona muy conocida y querida por líderes relevantes de Comisiones Obreras.

Por ello, cuando se lanzó la campaña “La huelga no es delito” debido a las imputaciones a 300 sindicalistas como consecuencia de la convocatorias y realizaciones de las tres huelgas generales contra las sucesivas reformas laborales, inmediatamente se llamó a Tito para consultarle que tipo de actos y de conferencias se podían realizar y con qué personas se podía contar para su participación en los mismos en su condición de jueces.

El objetivo de la campaña era defender la eficacia y efectividad del derecho fundamental de huelga frente a unos excesos punitivos basados en una interpretación literal y formalista de un precepto del Código Penal cuyo origen y antecedente estaba en una Ley  de 1976, cuyo inspirador principal fue el entonces Ministro de Gobernación, Fraga Iribarne y cuyo objetivo era impedir, reprimir y castigar a miles de trabajadores que durante el año 1976 protagonizaron importantes huelgas la cuales constituyeron un factor esencial e imprescindible para el cambio político y el inicio de la transición democrática.

En las charlas, en los diálogos y conversaciones con nuestro amigo Tito, siempre recordaré que aproximadamente nos venía a decir que además de invocar la protección constitucional derivada del 28.1 de la Constitución del piquete de huelga era imprescindible en la defensa de los sindicalistas analizar muy bien en qué consistía la prueba de cargo, su modo de incorporación como medio de prueba al proceso, sus posibles vicios y contradicciones y estudiar muy bien las inferencias que de esta prueba se podían obtener en cuanto a la participación o no de manera individualizada en los hechos por parte del imputado. Él siempre insistía en que había que argumentar de una manera exhaustiva que las declaraciones policiales u otros medios de prueba no establecían con claridad y rotundidad la participación individualizada.

Por ello creo que quien fue un extraordinario laboralista para los trabajadores y asalariados también se convirtió en un maestro del Derecho Penal para los mismos destinatarios.

Por ello, también muchos de los sindicalistas que coincidieron con él en el Metal de Comisiones como Migallón, Paco Hortet, Rodolfo Benito, Pepito Casado, Pablo Tortosa y otros, así como muchos laboralistas nunca le olvidaremos.

Enrique Lillo
Abogado de Comisiones Obreras 

miércoles, 31 de enero de 2018

¿HEMOS SUPERADO LA CRISIS?

Nota: La entrada anterior, por error, llevaba un título muy académico, "¿Hemos superado la tesis?" que naturalmente ha producido escalofríos a mas de alguna doctoranda reciente. El título real es el actual, por lo que se reproduce la entrada en las condiciones en las que debería haberse hecho pública.

La crisis económica y financiera que comienza en el crack del 2008 y afecta prioritariamente al mundo desarrollado, tiene una especial repercusión en la Unión Europea, presente a partir de la crisis del Euro en el 2010 con Grecia y que generó la emanación de mecanismos intergubernamentales de estabilidad monetaria y financiera con intervenciones de soporte a las economías de los países sobre endeudados sometidas para su concesión a criterios “de estricta condicionalidad política” que generaron las llamadas políticas de austeridad que asolaron el sur y el este de Europa a partir de aquella fecha generando un incremento formidable de la desigualdad, empujando a la exclusión social a amplias capas de la población y a una devaluación salarial extremadamente fuerte en todos esos países.

A partir de 2015, y en España especialmente a partir de los procesos electorales de ese año, se entiende que “lo peor ha pasado” y se abre una fase denominada de “recuperación” en la que se hace público – con la entusiasta colaboración de los medios de comunicación -  que la crisis ya ha sido superada y que en consecuencia volvemos paulatinamente a la senda del crecimiento. Los acontecimientos políticos generaron ciertas turbulencias durante todo el año 2016, que fue un tiempo perdido para imponer un cambio político que era factible a partir de los resultados electorales de diciembre del 2015, pero finalmente el Partido Popular, aunque en minoría, pudo constituirse en gobierno gracias al apoyo irrestricto de Ciudadanos y la abstención activa del PSOE. La apertura en el 2017 de una nueva estación sindical, con el cambio en las direcciones de UGT primero y de CCOO después, junto con algunos hechos laboralmente relevantes en el plano de la regulación jurídica – la absolución de los sindicalistas procesados por su participación en piquetes, la continuidad y extensión de huelgas y movilizaciones de empresa y de sector en torno a los convenios colectivos, el cuestionamiento por obra del Tribunal de Justicia de la Unión europea del marco regulador de la contratación temporal – permitió iniciar un debate sobre las consecuencias de la crisis y la necesidad de recuperar una buena parte de los derechos degradados y sometidos durante la misma, pero este discurso apenas encontró eco en la opinión pública, literalmente engullida a partir de septiembre por los sucesos catalanes, que concentraron toda la atención mediática y emocional, borrando incluso iniciativas muy importantes como la marcha de las pensiones efectuada entre el final de septiembre y la primera semana de octubre.

Estos son los sucesos que han permitido que en la opinión pública se dé por supuesto que ya no hay crisis. El discurso dominante señala que la crisis ha ya desaparecido y que en su lugar encontramos un momento indeciso de crecimiento y desarrollo que permite mirar hacia adelante con optimismo. Los costes de la crisis, si se mencionan, se entienden efectos naturales de la recuperación. De esta manera se consiguen a la vez dos objetivos importantes. De un lado, se asegura implícitamente la irreversibilidad de las “reformas estructurales” que en el período más álgido (2010 – 2014) se han venido materializando en nuestro país como efecto de las llamadas políticas de austeridad que se aplicaron de manera autoritaria a los países sobre endeudados del sur y este de Europa. De otro lado, se instala en la opinión pública el convencimiento de que la única forma de obtener empleo se produce desde la aceptación de la desigualdad salarial y de la precariedad como regla, originando subjetividades cómplices con el proceso de acumulación, refractarias a cualquier planteamiento colectivo tanto del problema como de su solución.

La narrativa sindical, por tanto, junto con otras narrativas críticas de la realidad que diseñan proyectos alternativos, se opone decididamente a este discurso dominante que legitima el dominio y la servidumbre voluntaria ante el mismo. El relato sindical es un discurso potente al subrayar no sólo los elementos lesivos para los derechos de los trabajadores, denunciar la precariedad y la fragmentación del trabajo y las cada vez mayores situaciones de desprotección social, sino porque posee instrumentos de regulación y de recomposición del trabajo concreto a través del conflicto y de la negociación colectiva y es capaz de actuar simultáneamente en los diferentes planos o escalas donde crea reglas colectivas y vinculantes que permiten reconocer en mayor o menor medida que el trabajo no es solo un objeto de comercio, que forma parte de la personalidad individual y crea la cohesión social decisiva para fundamentar una condición de ciudadanía que no acepta ser considerada desigual y subalterna.

No es desde luego el único relato que permite armar una conciencia crítica sobre la realidad social y la necesidad de su cambio. Hay otros relatos que buscan desde perspectivas diferentes esa misma finalidad, y que en muchos momentos son más amplios y profundos que el sostenido por el sindicalismo sobre la base de la centralidad del trabajo. Los feminismos han construido un proyecto vigoroso y radical que exige un nuevo pacto sexual y un nuevo pacto colectivo sobre premisas radicalmente opuestas al modelo de acumulación en el que nos movemos. Es importante crear las condiciones para que estos relatos que cuestionan el sistema económico, social y político sobre bases emancipatorias y de desbordamiento democrático, puedan confluir y retroalimentarse de manera productiva.

Este es uno de los motivos por los que la convocatoria por CCOO y UGT de dos horas de paro en cada turno para el 8 de marzo significa un paso adelante muy importante en la confluencia de este tipo de planteamientos alternativos, generando así una práctica que va mucho más allá de la acción de declarar una huelga en correspondencia con la convocatoria que ha efectuado el movimiento feminista. Se trata de considerar un espacio común de trabajo político e ideológico, de hacer converger los análisis provenientes de la centralidad del trabajo con los planteamientos fundamentalmente basados en la condición de género y en una economía feminista que en muchos momentos tiene que ser conocida y reconocida por el discurso sindical.

De esta manera, mediante la confluencia de narrativas alternativas y críticas, se puede combatir con más eficacia la visión apaciguadora y mistificadora de que la crisis ha sido superada. La crisis por el contrario permanece, es una situación de desigualdad y de injusticia que es connatural a un modelo de relaciones sociales y de relaciones de trabajo que se confronta decididamente con planteamientos igualitarios y democráticos. Tras la utilización de las medidas de austeridad como una situación de excepción para suspender y degradar derechos sociales fundamentales, se quiere ahora acomodar la “superación” de la crisis con la implantación de un modelo neoautoritario de relaciones de trabajo en el que el sometimiento individual de las personas que logra mediante la violencia del mercado y la erosión del poder colectivo sindical. No es por el contrario una situación irreversible. Ya se tendrá ocasión de verificarlo a lo largo del presente año. Comenzando con el 8 de marzo próximo.

lunes, 29 de enero de 2018

SERVICIOS ESENCIALES, SERVICIOS MINIMOS Y DERECHO DE HUELGA



En la editorial Bomarzo acaba de aparecer este libro que discurre sobre el derecho de huelga en los llamados servicios esenciales, y que incorpora reflexiones más generales sobre el conflicto y los sindicatos en tiempos de crisis. Se coloca a continuación la pequeña introducción al mismo seguido del índice de la obra. El público lector sabrá excusar este ejercicio de autopropaganda. 


El presente trabajo pretende analizar el cuadro regulador resultante de una situación anómala, la del derecho de huelga en nuestro país. Reconocido en el art. 28.2 CE, es una norma preconstitucional, el DLRT de 1977, la que desarrolla el derecho reconocido constitucionalmente, si bien oportunamente depurada por la STC 11/1981 y por una larga serie de sentencias posteriores. La jurisprudencia constitucional ha suplido la inactividad del legislador ante la dificultad política del desarrollo legislativo del art. 28.2 de la Constitución, y se puede hablar de un marco de referencia relativamente sólido respecto del derecho de huelga en general en donde el impulso regulador del TC ha resultado decisivo. La situación es más insatisfactoria en lo que constituye el límite explícito al derecho de huelga que establece el precepto constitucional, los servicios esenciales de la comunidad. La referencia al art. 10.2 DLRT como norma – eje sobre la que gira, a partir de la propia doctrina constitucional, la regulación del derecho de huelga en los servicios esenciales, ha generado una copiosa regulación administrativa y un aluvión de sentencias y de problemas.

Es por tanto muy interesante efectuar un estudio que tenga como objeto la regulación concreta del derecho de huelga en los servicios esenciales, que encuadre la actuación de la “autoridad de gobierno”, el concepto de servicios esenciales y los criterios para la determinación de los mínimos de actividad a mantener durante la huelga, los llamados servicios mínimos, los requisitos específicos que requiere el ejercicio del derecho de huelga en este sector, las prácticas que se están aposentando en el mismo y, en fin, los efectos de estas técnicas de regulación y la garantía judicial del derecho de los huelguistas. Se pretende realizar un diagnóstico y una prescripción de esta materia, analizando no sólo las numerosas y compactas aportaciones doctrinales al respecto, privilegiando lógicamente las más recientes, sino el conjunto de la obra interpretativa del Tribunal Constitucional y la forma en la que esta jurisprudencia ha sido recogida – ya adelantamos que posiblemente no de forma muy correcta – por la jurisprudencia de los tribunales ordinarios, señaladamente el Tribunal Supremo en sus salas de lo contencioso y también la de lo social. 

El precedente de este libro es un estudio elaborado a instancias de Comisiones Obreras de Castilla La Mancha, enmarcado en el plan de trabajo del consejo de Relaciones Laborales de Castilla La Mancha, y del que el presente libro constituye una versión revisada y ampliada de manera completa. Recoge parcialmente además algunas ideas expuestas en otras contribuciones dispersas. El resultado final esperemos que ayude a establecer un punto de partida seguro para usuarios, autoridades públicas y sindicatos en el inicio y desarrollo de una huelga en un servicio esencial de la comunidad y que se pueda leer de corrido, sin que el lector o la lectora se dirija con urgencia a alguno de los temas tratados a partir de su enunciación en el índice. Está concebido para su lectura y comprensión de forma gradual, desde fuera a dentro por así definirlo, para que se atraviesen los primeros círculos que explican mejor desde el contexto y la función de la huelga los problemas técnicos y las consecuencias políticas que la regulación de la huelga en los servicios esenciales lleva aparejados.

Ciudad Real, 6 de enero de 2018


Servicios esenciales, servicios mínimos y derecho de huelga



Precio: 25 €
ISBN: 978-84-17310-03-5FECHA DE EDICIÓN: 2018 NÚMERO DE PÁGINAS: 140  COLECCIÓN: Estudios        AUTOR/ES: Baylos Grau, Antonio


Capítulo 1. Marco normativo del derecho de huelga.

Capítulo 2. Distorsiones de la huelga: la negación de su función como derecho, la efectividad de su ejercicio.

Capítulo 3. Titularidad y ejercicio del derecho de huelga.

Capítulo 4. La huelga como procedimiento.

Capítulo 5. Huelgas generales, huelgas políticas y servicios esenciales.

Capítulo 6. Los servicios esenciales de la comunidad como límite externo fundamental del derecho de huelga.

Capítulo 7. Garantías formales y materiales que rodean el acto de imposición de un servicio mínimo.

Capítulo 8. Una recapitulación sobre las determinaciones de la jurisprudencia constitucional sobre la esencialidad del servicio y el servicio mínimo y su incidencia en la jurisprudencia ordinaria.

Capítulo 9. Autoridad gubernativa y responsabilidad política en la huelga en servicios esenciales.

Capítulo 10. La problemática del control jurisdiccional.

Capítulo 11. Los efectos de la huelga de servicios esenciales y la imposición de servicios mínimos sobre la relación individual.

Capítulo 12. Las medidas subsidiarias, residuales o excepcionales en la regulación de la huelga de servicios esenciales.



Puede encontrarse en 

Librería online de Editorial Bomarzo

www.editorialbomarzo.es