Javier Martínez Lázaro, "Tito", magistrado de la Audiencia Nacional, falleció el 17 de septiembre del 2017. Era una persona buena, muy estimada por todas y todos quienes le conocimos. Enrique Lillo, que lo conoció desde que ambos eran estudiantes y luego en su paso como abogado por CCOO, ha efectuado un recuerdo personal, con ocasión de un homenaje al amigo, que publicamos en esta entrada como homenaje a su memoria.
Recuerdo
personal de Tito.
Nos conocimos en la época de universitarios, dentro de las
actividades del movimiento estudiantil de principios de los 70, él en Derecho
de la Autónoma y yo en Derecho de la Complutense.
Coincidíamos ocasionalmente en las reuniones de
representantes legales cuya finalidad era potenciar las actividades de
reivindicación y de lucha estudiantil en tiempos de la Dictadura Franquista y
en tiempo por tanto de represión política y social, de despidos y
encarcelamientos de trabajadores que se atrevían a reivindicar mejoras
salariales y laborales junto con derechos ciudadanos y sindicales y de encarcelamiento también de estudiantes
que también se atrevían a plantear reivindicaciones y conquista de la vigencia
y eficacia de los derechos humanos, y por lo tanto la liquidación de la
Dictadura.
Posteriormente coincidimos también en el laboralismo político
de izquierdas (agrupación del PCE) vinculado a las Comisiones Obreras.
Tito siempre estuvo en la élite del liderazgo, no solo en su
época estudiantil, en la que era delegado representante legal de estudiantes
elegido en elecciones, sino también en la época de laboralista puesto que su
actividad profesionales se centraba básicamente en el Metal de Comisiones que
siempre actuó como un núcleo muy importante en el movimiento obrero
antifranquista; de ahí que Tito siempre fue una persona muy conocida y querida
por líderes relevantes de Comisiones Obreras.
Por ello, cuando se lanzó la campaña “La huelga no es delito”
debido a las imputaciones a 300 sindicalistas como consecuencia de la
convocatorias y realizaciones de las tres huelgas generales contra las
sucesivas reformas laborales, inmediatamente se llamó a Tito para consultarle
que tipo de actos y de conferencias se podían realizar y con qué personas se
podía contar para su participación en los mismos en su condición de jueces.
El objetivo de la campaña era defender la eficacia y
efectividad del derecho fundamental de huelga frente a unos excesos punitivos
basados en una interpretación literal y formalista de un precepto del Código
Penal cuyo origen y antecedente estaba en una Ley de 1976, cuyo inspirador principal fue el
entonces Ministro de Gobernación, Fraga Iribarne y cuyo objetivo era impedir,
reprimir y castigar a miles de trabajadores que durante el año 1976
protagonizaron importantes huelgas la cuales constituyeron un factor esencial e
imprescindible para el cambio político y el inicio de la transición
democrática.
En las charlas, en los diálogos y conversaciones con nuestro
amigo Tito, siempre recordaré que aproximadamente nos venía a decir que además
de invocar la protección constitucional derivada del 28.1 de la Constitución
del piquete de huelga era imprescindible en la defensa de los sindicalistas
analizar muy bien en qué consistía la prueba de cargo, su modo de incorporación
como medio de prueba al proceso, sus posibles vicios y contradicciones y
estudiar muy bien las inferencias que de esta prueba se podían obtener en
cuanto a la participación o no de manera individualizada en los hechos por
parte del imputado. Él siempre insistía en que había que argumentar de una
manera exhaustiva que las declaraciones policiales u otros medios de prueba no
establecían con claridad y rotundidad la participación individualizada.
Por ello creo que quien fue un extraordinario laboralista
para los trabajadores y asalariados también se convirtió en un maestro del
Derecho Penal para los mismos destinatarios.
Por ello, también muchos de los sindicalistas que
coincidieron con él en el Metal de Comisiones como Migallón, Paco Hortet,
Rodolfo Benito, Pepito Casado, Pablo Tortosa y otros, así como muchos
laboralistas nunca le olvidaremos.
Enrique Lillo
Abogado de Comisiones Obreras
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