Resuelta la
incógnita que planteaba la permanencia en la presidencia del gobierno tras la
carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez, las manifestaciones del 1º de
mayo 2024 han sido amplias y se ha recuperado la tensión en la calle, con una
amplia movilización popular a la que también se sumaron miembros del gobierno y
partidos políticos. Como resumían los medios de comunicación, los lemas de la
manifestación sindical de CCOO y UGT exigían una "política industrial de
Estado que cree empleo digno, estable y de calidad para garantizar un futuro
laboral sostenible" para así "proteger el contrato de trabajo,
repartir márgenes empresariales, seguir mejorando empleo y salarios, reducir
jornada y cuidar a la clase trabajadora". El tema estrella era tanto la
reducción de la jornada y la reordenación del tiempo de trabajo como la reforma
del despido, en el que ambos secretarios generales habían insistido en una
entrevista conjunta al diario El País. Pero junto a ello, las centrales
sindicales planteaban la necesidad de una regeneración democrática como condición
imprescindible para desarrollar un programa de reformas sociales.
Pepe Álvarez anotó en este
sentido que "no se puede maltratar, perseguir, a las organizaciones
sindicales decentes de este país, como se ha estado haciendo los últimos
años" ni se puede "crear una Policía fascista para controlar a los
partidos políticos", aunque éstos sean independentistas. Y, siguiendo con
el análisis de la degeneración del clima democrático en nuestro país y la compatibilidad
de la agenda social con la profundización democrática Unai Sordo abordó el tema de la renovación del CGPJ: “Lo
voy a decir por derecho, la justicia es, ante todo, un servicio público de la
ciudadanía y el poder judicial es un poder del Estado y, por tanto, se tiene
que resolver su renovación en términos democráticos”, añadiendo a continuación:
“El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es una asociación de petanca y
su renovación no puede corresponder en exclusiva a los jueces (..). Hay que
reformar el Poder Judicial, que tiene que estar plenamente alineado con las
mayorías democráticas de nuestro país”
Esta referencia ha sentado
especialmente mal a los comentaristas afines al Partido Popular y a su
estrategia de deslegitimación democrática que llevan adelante en una sintonía
cada vez más amenazadora con la ultraderecha y su exponente parlamentario Vox, que
marca el discurso público en los medios y en la discusión política, ocultando
de esta manera cualquier debate sobre los temas centrales que afectan a las
condiciones de existencia de las personas y a sus maneras de vivir. A estos
medios no ha gustado nada que el dirigente del primer sindicato del
país haya tenido la osadía de denunciar la parálisis obstinada del CGPJ y la
vulneración consiguiente del mandato constitucional de su renovación, exigiendo
poner fin a la misma en una dirección inequívocamente democrática.
Según un periódico digital denominado
El periodista digital “en su programa ‘Más de uno’, (02.05.2024) su
director, Carlos Alsina ha reflexionado sobre varios temas de actualidad
y ha puesto la lupa sobre un hecho al que “no se le ha dado la suficiente
relevancia: el Secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo,
despotricando contra el Poder Judicial y la separación de poderes. Vamos,
despreciando el fundamento básico de la democracia”, y, para que los lectores
lo entendieran mejor, “ el dirigente sindical básicamente pide un golpe de
Estado desde el propio Ejecutivo”. Según este digital, dijo Carlos Alsina:
“la democracia ha de ser como diga yo y no como digas tú. Y eso incluye
sentenciar cuál es la forma democrática de elegir vocales del CGPJ y cuál no.
Papel estelar para el Secretario General, Unai Sordo. Quien defienda que
jueces elijan vocales directamente es bobo. Respeto a la discrepancia. Pues,
ocurre que la ‘bobada’ emana del artículo de la Constitución que Yolanda
Díaz no termina de aprenderse. Es ahí donde se discrimina entre jueces,
magistrados, abogados y otros juristas”.
Y al día siguiente, en su columna
del diario El Debate, Gabriel Albiac – ay! el autor de “Louis
Althusser, cuestiones de leninismo”, “De la añoranza del poder o la consolación
de la filosofía” y “La sinagoga vacía”, qué mal envejecen algunos – sentía un “escalofrío”
al escuchar a Unai Sordo una “fórmula demoledora”, inimaginable “en ningún sindicalismo
democrático europeo”. Tras recomendar al sindicalista que estudiara – siempre la
superioridad del tribuno debe recordar la ignorancia del representante de los trabajadores
– entiende que su propuesta de mantener la legitimación democrática del órgano
de gobierno del poder judicial se corresponde con un artículo de la República Popular
de la Albania de Enver Hoxha en el que se concluye que “El Tribunal Supremo es
elegido por la sesión inaugural de la Asamblea Popular. Los demás tribunales
populares son elegidos por el pueblo”. Ese “disparate” que proviene de la “alucinada
Albania” habría hecho morir de vergüenza a los dirigentes veteranos que
fundaron CCOO con los que Albiac colaboró, generoso, compartiendo su
tiempo, “en la primera mitad de los años setenta”.
La verdad es que para criticar el
hecho de que los miembros de los juzgados y tribunales sean elegidos por “el
pueblo”, es decir por votación popular, se podía haber recurrido a un sistema
político más duradero y de inequívoca reputación democrática, como el de los
Estados Unidos de América. En aquel país, y como conocemos por películas y
series de televisión, la mayoría de los jueces son elegidos por voto popular en
elecciones generales o son nombrados por el gobernador del Estado por un
período inicial y mantienen sus cargos mediante el voto popular en elecciones
generales. Y ello es también la regla para la elección de los jueces de las
Cortes Supremas Estatales. En este caso, dieciocho Estados eligen las vacantes
por nominación directa del gobernador, veintiocho por medio de designación del
gobernador con asistencia de una comisión de nombramientos, dos Estados
(Carolina del Sur y Virginia) a través de elecciones legislativas, y entre los
supuestos más especiales están Luisiana, que configura el nombramiento a través
de una elección especial, e Illinois, que lo hace por medio de un sistema
híbrido. El nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo como es sabido procede
de la propuesta del Presidente, confirmada por el Senado, y su función tiene carácter
vitalicio.
Pero el problema es que el
secretario general de CCOO no se refirió a la forma de nombramiento de los
jueces y tribunales en España, sino a la propuesta esgrimida por el Partido
Popular de reformar la LOPJ para lograr que “los jueces elijan a los jueces”. Unai
Sordo quería afirmar por el contrario la competencia radical y fundamental
del Congreso de los Diputados en el nombramiento de los componentes de este
órgano. Una concepción que no viene de Albania – ni de la gran democracia norteamericana
- sino de ese art. 122.3 de nuestra Constitución que parece que los comentaristas
y tertulianos “no terminan de aprenderse”.
El discurso de la derecha es
monotemático : para evitar la “parasitación de la justicia por el poder
político”, hay que hacer que el CGPJ sea elegido por los propios miembros del
cuerpo judicial. Insistiendo en que eso es consecuencia de la llamada “separación
de poderes”, legislativo, ejecutivo y judicial, como si cada uno de ellos
tuviera reglas autónomas de conformación y no estuvieran todos ellos sometidos
a un principio democrático de legitimación. El argumentario del PP quiere
confundir la función de la institución o del poder del Estado con la legitimación
del mismo, ocultando que ésta tiene que ser por definición democrática. El juez
es un funcionario que ejerce su función jurisdiccional con independencia y
sumisión a la Constitución, como el parlamento legisla y el gobierno
administra. Pero la legitimación que permite que todos estos poderes del Estado
tengan sentido en un estado social y democrático de derecho es su inserción en
la lógica de las mayorías que señala el escrutinio popular a través de las
elecciones generales. Este es el sentido de que el órgano de gobierno y
disciplina de los jueces se deba someter a esa regla general, como por otra
parte indica la Constitución. Y que se ha estado negando en España desde hace
más de cinco años.
Es decir, el órgano de gobierno y
disciplina de los integrantes del servicio público de la administración de
justicia, que administra nombramientos, ascensos, inspección y régimen
disciplinario, no está al margen de la legitimidad que le da el pueblo en cuyo
nombre se administra justicia. No es una asociación privada ni una corporación,
sino una institución sometida a las reglas de la democracia, no a la
autorregulación corporativa, y no puede regularse como una corporación
desconectada de esta, como un "cuerpo separado" de la sociedad y del
sistema democrático que esta se ha dado. No puede en efecto someterse a las
reglas que sigue un club de petanca para nombrar a su junta directiva. La
imagen es correcta y contundente.
Ante el clamoroso incumplimiento
de la Constitución gracias a la oposición del Partido Popular que ha incentivado
la permanencia del CGPJ caducado ya más del doble de tiempo para el que resultó
elegido, y el fracaso de los intentos de llegar a un acuerdo, incluida la
excéntrica mediación del Comisario de Justicia de la Unión Europea, lo que el
secretario general del primer sindicato del país ha dicho en el mitin del 1º de
mayo no ha ido más allá de una idea muy sencilla: el momento actual no permite
más tentativas de deslegitimación del sistema democrático, y en este momento,
es importante que se acabe este estado de excepcionalidad respecto del CGPJ
cuando conta la voluntad durante más de cinco años de no renovar sus vocales
con las implicaciones profundamente antidemocráticas que conlleva, además de
las disfunciones en el funcionamiento ante la imposibilidad de que el Consejo
en funciones siguiera designando magistrados del Tribunal Supremo y las presidencias
de Sala de la Audiencia Nacional y de los TSJ, con lo que ello supone en el
deterioro de la acción de la justicia.
El sindicato de CCOO, que siempre
se precia de saber leer e interpretar el tiempo histórico en el que se mueve,
ha acertado en expresar esta exigencia. Que no es extemporánea ni desafortunada.
Es una propuesta de regeneración del espacio público imprescindible que
reivindica la radical democraticidad que está en la base de todos los poderes del
Estado que ningún partido político puede omitir en su discurso.
